El Consejo del Poder Judicial recuerda la obligación de "cumplir las resoluciones y mandatos judiciales"

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer reafirmar "la obligación constitucional de todos y cada uno de los ciudadanos y de los poderes públicos de cumplir las resoluciones y mandatos judiciales". Este acuerdo, adoptado por unanimidad en una reunión extraordinaria del pleno del Consejo guarda relación con el oficio cursado por los mandos de la Guardia Civil a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, que ha impedido la comparecencia de 90 guardias civiles, citados por la mencionada autoridad judicial en relación con una investigación de presuntas torturas.

Según un vocal del CGPJ, en la reunión habitual semanal de la comisión permanente del CGPJ, al percatarse de la, importancia de la materia, se decidió convocar urgentemente el, pleno, al que asistieron la gran mayoría de los 20 vocales, presididos por Antonio Hernández Gil.Según esta fuente, el Consejo no conectó ayer con la juez de Bilbao ni con el presidente de la Audiencia Territorial de Bilbao -cauce habitual de la comunicacíón con jueces y magistrados-, pero consideró necesario recordar el cumplimiento de la Constitución, a la vista de lo publicado por la Prensa en la mañana de ayer, y tras deliberar sobre la materia, llegó a un acuerdo por unanimidad de los asistentes.

El acuerdo unánime dice así: "El Consejo General del Poder Judicial, en cumplimiento de su obligación, de colaboración con todos los poderes del Estado y en defensa de la independencia judicial, para la realización del Estado de Derecho, habiendo tenido conocimiento a través de las informaciones de Prensa de la situación creada con motivo del oficio que se dice cursado por la dirección general de la Guardia Civil a la juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, cree necesario insistir en la obligación constitucional de todos, y cada uno de los ciudadanos y de los poderes públicos de cumplir las resoluciones y mandatos judiciales, sin entrar a considerar su corrección jurídica, en tanto estos no sean dejados sin efecto por la vía legal de los recursos procedentes, que nuestro ordenamiento jurídico regula".

Por otra parte, según informa desde Bilbao Íñigo Gurrutxaga, Elisabeth Huertas ha abierto una investigación sobre la existencia o no de un acuerdo del Gobierno para impedir la comparecencia de 90 guardias civiles en las ruedas de recopnocimiento que lleva a cabo el juzgado bilbaíno en el proceso que se sigue por un delito de torturas. La apertura de la investigación ha obligado a la suspensión de la convocatoria de los 90 guardias que debían comparecer de nuevo en el juzgado bilbaíno el próximo día 8.

El mismo juzgado ha aceptado también el escrito presentado por la acusación particular del caso, que corre a cargo del abogado Txema Montero. La acción de la acusación particular tiene como objetivo que los organismos competentes, sea la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, investiguen si existe la orden del Gobierno y en su caso procesen al ejecutivo por un delito de desacato y denegación de auxilio a la justicia. En el mismo escrito, la acusación solicita que en caso de que el Gobierno no haya dictado tal orden, se procese al firmante del oficio por un delito de falseamiento en documento público.

Mientras tanto, el director general de Relaciones con las Cortes, Juan Antonio Xiol, insistía a través de TVE en el apoyo jurídico a la decisión adoptada por la dirección general de la Guardia Civil,con el respaldo del Gobierno, e igual hizo el secretario general de organización, Txiki Benegas. Por su parte, el ministro del Interior, José Barrionuevo, aceptó ayer que su comparecencia parlamentaria sobre la aplicación de la ley Antiterrorista pueda ampliarse a este caso. Entre otras preguntas, tendrá que contestar al diputado de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, se interesa por las razones gubernamentales para apoyar la incomparecencia de los guardias civiles, a la que califica como "un hecho de profunda gravedad, que implica una clara inobservancia de los mandatos constitucionales" y una "intromisión en el espacio reservado por la Constitución en exclusiva al poder judicial". La Asociación contra la Tortura calificó ayer de intolerable el oficio de la Guardia Civil, que incurre, a su juicio, "en un delito de denegación de auxilio a la justicia, tipificado en el artículo 269 del Código Penal".

Asimismo, esta asociación dió cuenta de que la invocación del "Gobierno de la Nación" para incumplir las órdenes judiciales no es la primera vez que se produce. Según informó, en febrero de 1986, el director de la Seguridad del Estado, Julián San Cristobal, remitió un oficio al titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, en el que se seguían diligencias por presuntas torturas denunciadas por Enrique Erreguerena Vera. San Cristóbal contestó así: "por deseo expreso del Gobierno de la Nación, no estoy en disposición de facilitar información confidencial relativa a todos y cada uno de los miembros de la Brigada Central de Información".