Perú, ante el Fondo Monetario Internacional

La decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de declarar inelegible a Perú para obtener nuevos créditos de la institución ha conmovido a la comunidad latinoamericana. Para muchos, en la decisión del FMI va implícito un deseo ejemplificador: dar una lección y una advertencia a otros posibles deudores del área que pudieran sentirse tentados a seguir el ejemplo del presidente Alan García. El embajador de Lima en Madrid reafirma en este artículo el compromiso de su país con sus acreedores internacionales.

En días recientes, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional ha declarado, en base a sus normas estatutarias, que Perú no es un país elegible para obtener nuevos créditos dentro de su sistema financiero. Ante esta decisión, el Gobierno peruano ha reiterado su firme voluntad de dar cumplimiento a sus obligaciones contraídas con ese organismo, voluntad que ha quedado demostrada por los pagos que ha efectuado con gran esfuerzo al FMI en lo que va de la gestión del Gobierno del presidente Alan García, que alcanzan una suma de 110 millones de dólares.Perú no asume una posición de rebeldía frente a la comunidad financiera internacional con respecto al problema de la deuda externa; contrariamente, reconoce su obligatoriedad, disintiendo de quienes propugnan su simple desconocimiento. El problema se sitúa en el marco de las relaciones Norte y Sur y en la dimensión de una revisión radical del orden internacional para llegar a uno nuevo, más justo y equitativo. El presidente Alan García ha expresado que corresponde al Gobierno de cada país, en ejercicio de su soberanía, adoptar la política económica que mejor atienda a sus intereses, haciendo hincapié que las soluciones del caso peruano no constituyen un modelo a seguir por otros países.

Perú no puede aceptar la injerencia en el manejo de su política económica y financiera ni mandatos provenientes de otros Estados o de entidades internacionales, como es el caso del FMI. Tanto más cuando está comprobado que las medidas o recetas dictadas por el Fondo Monetario han tenido en los países que las han seguido efectos recesivos, devaluatorios e inflacionarios para su economía. Ha resultado evidente en el caso de Perú que los criterios recomendados por ese organismo, al prescindir de la realidad económica y social peruana, han devenido inadecuados, y crearía problemas mayores de los que se pretende resolver.

La imposibilidad que enfrenta actualmente Perú de servir la totalidad de los adeudos vencidos al FMI, no reside en su desconocimiento o falta de voluntad de pago, sino que son el resultado inevitable de una cadena de sucesos adversos que afectaron con extrema gravedad la economía peruana de los últimos años. La drástica caída de los precios de sus principales productos de exportación, sumado a los efectos de las medidas proteccionistas de los países industrializados y a la anterior política seguida en Perú de apertura de importaciones, ha originado la más severa depresión económica registrada por mi país en el siglo. Situación agravada por las devastadoras consecuencias de los desastres naturales producidos en Perú en el año 1983, que dieron lugar en ese año a una depresión y recesión económicas que hicieron descender, como en ningún otro país de América Latina, en un 11% el PNB, proceso que con gran esfuerzo se está revirtiendo.

Desgracias sin fin

En los primeros meses del presente año, una nueva caída de las cotizaciones internacionales del petróleo, plata y cobre han deteriorado aún más la economía peruana. A pesar de todos los esfuerzos del Gobierno, se prevé la pérdida de unos 400 millones de dólares en reservas. La situación descrita ha colocado a Perú en la alternativa de que servir la deuda en los plazos y condiciones exigidos por el FMI, además de ser aritméticamente imposible, causaría inevitablemente el agravamiento aún más radical de las precarias condiciones de vida en el que se encuentra un alto porcentaje de nuestra población y cancelarían las esperanzas de reactivación, poniendo en grave riesgo la estabilidad socio-política del país.

La estructura de la deuda externa de Perú hace que su impacto en la economía y sociedad nacionales cause, comparativamente, los mayores efectos de deterioro entre el conjunto de los países de América Latina. La deuda peruana alcanza el 80% del PNB y equivale a cinco veces el íntegro de sus exportaciones anuales. La renta per cápita ha descendido a niveles existentes hace 20 años, lo que no es el caso de ningún otro país de América Latina. Las características singulares de esta situación reclaman, por consiguiente, un tratamiento excepcional y heterodoxo por parte de los países acreedores.

Indicios de mejoría

El Gobierno peruano ha emprendido un plan de emergencia cuyos primeros resultados muestran ya una disminución del deterioro de la situación económica y social, a pesar de la disminución del nivel del financiamiento externo. La actividad productiva ha sido proyectada con un crecimiento de por lo menos 5% en el PBI para el año 1986. La tasa de inflación ha sido reducida a casi un tercio de lo registrado en período similar y a casi un quinto de la tasa proyectada a julio de 1985. Se ha revertido la tendencia negativa en los ingresos de los trabajadores, que alcanzaban niveles socialmente insostenibles. El grado de dolarización de la economía ha sido reducido de manera drástica, haciendo previsible una mejora del nivel de liquidez y la recuperación del control de los instrumentos monetarios.

El lento y progresivo avance de los resultados de la política económica del Gobierno del presidente Alan García se lleva a cabo en el contexto de la costosísima lucha contra el narcotráfico, que se realiza con los recursos propios del Estado peruano, y de la difícil lucha contra el terrorismo, que causa ingentes pérdidas a la economía nacional, y ello en sujeción a un programa de recuperación económica que impide márgenes para futuros ajustes recesivos que pondrían en riesgo la estabilidad del sistema democrático en Perú.

Esta estrategia económica de emergencia obliga inevitablemente al Gobierno a mantener un nivel de reservas internacionales que garantice la continuidad de su programa, lo que ha hecho ineludible limitar los montos destinados al pago de la deuda externa al máximo del 10% de las exportaciones de bienes y servicios. Perú ha estimado muy perjudicial disponer en forma inmediata de casi 200 millones de dólares para atender los atrasos con el FMI y, haciendo un significativo esfuerzo adicional, ha efectuado el 14 de agosto último un pago parcial de 35 millones de dólares a esa organización a cuenta de sus obligaciones vencidas, con el compromiso de hacer los mayores esfuerzos futuros de pago hasta el máximo que permitan sus posibilidades.

Perú, ante el Fondo Monetario Internacional, mantiene una voluntad de diálogo. El no haber podido pagar sino una parte de los 186 millones de dólares que adeuda por compromisos heredados de Gobiernos anteriores se debe a muy difíciles circunstancias coyunturales. El grave problema de la deuda externa que afecta a Perú con características más agudas que en el caso de otros países deudores, requiere de negociaciones realistas y con un profundo sentido de cooperación internacional, en términos de equidad y moral frente a un país democrático que realiza en estos momentos titánicos esfuerzos para revertir los desequilibrios y la recesión económicos y afirmar su estabilidad democrática.

Mi país, en medio de las graves condiciones económicas por las que atraviesa, mantiene y reitera su demostrada voluntad de dar cumplimiento a sus compromisos financieros, conforme a su tradicional adhesión y respeto a los marcos jurídicos internacionales.