Consenso para el desarrollo
POR PRIMERA vez un país latinoamericano, Perú, ha sido declarado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) «inelegible" para recibir nuevos créditos; hasta ahora, Sudán, Liberia, Vietnam y Guyana habían sido objeto de tal sanción. Es una medida grave, en la que, aparte de las motivaciones financieras, no es difícil adivinar un propósito de castigar a un Gobierno que ha formulado, desde su instalación en el poder hace poco más de un año, críticas sistemáticas contra los métodos que el FMI aplica en los países en vías de desarrollo. Críticas justificadas en la mayor parte de los casos, y compartidas por otros muchos países, que evitan proclamarlas desde tribunas oficiales. Esta medida tomada contra Perú puede tener consecuencias serias, no tanto por los créditos que Perú podía esperar del FMI -desde hace dos años no ha recibido ninguno-, sino porque le coloca en una situación de inferioridad en sus tratos con otros organismos de crédito, tanto oficiales como privados.La ceguera de la política seguida en América Latina por el FMI, y por sus inspiradores de Washington, aparece con toda claridad en esta decisión contra Perú, que no puede resolver nada y sólo puede agravar los problemas que están en la base de la incapacidad peruana de pagar los intereses de su deuda. El presidente Alan García, con todo su lenguaje izquierdista y antiimperialista, ha, defendido ante el problema de la deuda una actitud gradualista, que se ha enfrentado con la consigna radical de Fidel Castro de una moratoria de todos los países deudores. La tesis de Alan García sobre la limitación del pago de la deuda a un porcentaje de las exportaciones fue apoyada incluso por círculos norteamericanos; The New York Times la elogiaba el 2 e agosto de 1985 diciendo que "las naciones deudoras no pueden esperar que crezca su solvencia si todas las ganancias se agotan en el pago de la deuda". Alan García encontró términos comunes sobre esta cuestión con el presidente Alfonsín en su reciente viaje a Argentina. Intentar destruir ese gradualismo de izquierda parece mal avisado si el FMI no quiere contribuir a una desestabilización de la democracia en países del continente americano particularmente conflictivos.
América Latina está viviendo un proceso sumamente complejo, y decisivo para su futuro, superando una etapa de predominio de las dictaduras militares y asentando nuevos regímenes democráticos. La principal amenaza para las nuevas democracias es, sin ninguna duda, la crisis económica. En el origen de los fenómenos de lucha armada y terrorista -particularmente alarmantes en Perú- está una miseria terrible de ingentes masas de población. En ese marco no es posible aplicar a la deuda criterios que descartan las realidades políticas y sociales; la deuda se ha convertido en un problema político central.
Por eso las propuestas insistentes de los países latinoamericanos, expresadas ya en el consenso de Cartagena, de una negociación política, y multilateral, del problema de la deuda siguen siendo fundamentalmente atendibles. El objetivo de ese consenso no sería, por tanto, el de obtener una inviable exoneración de la deuda, sino el de fomentar los caminos de encuentro para hacer posible un pago en condiciones totalmente renegociadas que beneficiara por igual a deudores y acreedores. No se olvide que una cadena de bancarrotas en los países del Tercer Mundo perjudicaría inevitablemente al mundo desarrollado y a la estabilidad del mismo sistema crediticio internacional.
En el quehacer de Alan García, el primer presidente aprista de Perú, ha pesado en demasía un deseo de vedetismo, a nivel latinoamericano, escasamente justificado por los hechos. Sin duda las realidades con las que ha tenido que enfrentarse en su país son particularmente difíciles, pero lo cierto es que el APRA no ha estado en condiciones de presentar una vía para abordar con concepciones progresistas los terribles problemas de la situación peruana. Las recientes matanzas en las cárceles han demostrado que jefes militares sin ninguna conciencia democrática siguen teniendo un poder considerable. Esta sensación de fluctuaciones, incluso de impotencia, que ha dado el Gobierno aprista es particularmente negativa en una etapa como la actual, en la que la agravación de los problemas económicos internacionales aconseja buscar una coincidencia de diversos sectores de la opinión pública. Por ese mismo motivo sería tremendamente peligroso que el presidente peruano buscara en la huida hacia delante de un enfrentamiento con el FMI una vía demagógica para escapar a una eventual inseguridad interna.
El presidente Alan García se halla, sin embargo, sobre terreno seguro cuando insiste en que los países deudores del Tercer Mundo no tienen que ponerse de rodillas ante los acreedores del norte, basándose en que la prosperidad, como la democracia, es indivisible, pero esta realidad abstracta se convertirá en acción política sólo si hay cohesión entre los deudores para negociar soluciones aceptables para ambas partes con las instancías económicas internacionales.
