El 'carnicero de Buenos Aires' acusado de 250 delitos contra los derechos humanos

El fiscal argentino Julio César Strassera presentó el jueves ante la Cámara Federal los 250 casos de graves violaciones de los derechos humanos sobre los que basa su acusación de "responsabilidad criminal" contra el general Ramón Camps, ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978, conocido como El carnicero de Buenos Aires.Los expedientes detallados por la fiscalía sobre esos casos, seleccionados entre miles de denuncias, van acompañados de pruebas y testimonios que el tribunal deberá revisar antes del juicio que se inicia el lunes 22 de septiembre.

El general, Ovidio Pablo Ricchieri, los comisarios Miguel Etchecolatz y Héctor Luis Vides, los policías Norberto Cozzani y Alberto Rousse y el médico policial Jorge Antonio Berges, entre otros, son acusados, al igual que Camps, de graves violaciones a los derechos humanos, privación ilegítima de la libertad, torturas, muerte y desaparición de miles de detenidos, secuestro de niños y falsificación de documentos de identidad.

El general Camps, actualmente internado en el hospital Militar Central de Buenos Aires, afectado de cáncer, fue el jefe militar argentino que asumió personalmente la llamada "guerra sucia" contra la guerrilla de izquierdas. En el extenso territorio de la provincia, y en particular en el cordón industrial del llamado Gran Buenos Aires, el temible general tomó bajo su control a la policía, transformó cada comisaría en un campo de concentración clandestino y en poco menos de dos años hizo desaparecer a unas 10.000 personas, según indican las acusaciones.

Aún hoy, desde su lecho de enfermo, Camps insiste en reivindicar la represión indiscriminada y brutal. En artículos que le publica el ultraconservador diario La Prensa, afirma que la sociedad debería agradecer la democracia a las "victoriosas" fuerzas armadas.

"Amenaza ideológica"

Camps, como el general Luciano Benjamín Meriéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba, también detenido en espera dejuicio, es portavoz de una línea de pensamiento que ejerce todavía una poderosa influencia dentro de las fuerzas armadas.

El comandante supremo actual de la Marina, vicealmirante Ramón Arosa, propuso ayer al Senado que modifique 19 de los 37 artículos de la nueva ley de Defensa para permitir unit mayor participación militar interna en caso de .amenaza ideológica".

La Armada argentina, fuerza considerada tradicionalmente la más reaccionaria de las tres armas, estima que deben corregirse o eliminarse párrafos de artículos donde se habla del "sistema democrático" y reclama el derecho de los servicios de inteligencia militar para estudiar como "hipótesis de trabajo" cuestiones de política interior. Posibilidad ésta que el proyecto, aprobado ya por la Cámara de Diputados, prohíbe de forma expresa.

Todas las correcciones exigidas por el vicealmirante Arosa tienden a recuperar el poder que las fuerzas armadas han cedido, como establece la Constitución, al Gobierno democrático.