Entre la inundación y la sequía

UNA ESTIMACIóN provisional ha estimado en un mínimo 6.000 millones de pesetas las pérdidas producidas por la reciente riada en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia. Con ello, sin embargo, se dice poco de la magnitud material y humana de la catástrofe. Aunque esta vez la inundación no se ha cobrado ninguna vida humana, lo cierto es que ha dejado a miles de familias en un estado de necesidad y desesperación que no se paliará inmediatamente en ningún caso, y en algunos, probablemente nunca. En algunas zonas se ha perdido el 100% de la cosecha, pero, arrasadas las plantaciones, su recuperación llevaría años, en el supuesto de que sus cultivadores no se vieran empujados a abandonar para siempre lo que se les ha revelado como un ingrato modo de ganarse la vida.Cuantificar las pérdidas tiene para la estadística el sentido de establecer comparaciones con otras catástrofes de igual causa. Para los responsables oficiales, la primera enseñanza de esta recolección de pérdidas a granel debería servir para reflexionar sobre la insensatez que supone regatear inversiones en obras públicas de este tipo. Solamente en los últimos cuatro años, las riadas han producido daños por un valor que se acerca a los 100.000 millones de pesetas. Se trata de costes materiales directos. Los indirectos son dificiles de calcular, pero fácilmente componen una cifra que, añadida a la anterior, justificaría haber emprendido con urgencia y decisión las reformas hidráulicas que necesita un país de nuestras condiciones climatológicas y que reclama nuestro grado de desarrollo y nivel de vida. El río Segura, en este caso, pero antes el Turia, en la misma zona, avisó repetidamente de sus riesgos de desbordamiento. Fue necesario, en tiempos de Franco, la masacre de la riada de 1957, con más de 80 muertos, para que las autoridades de entonces se sintieran obligadas a poner en marcha el tantas veces proclamado encauzamiento del río.

Con un Gobierno socialista y democrático, que no ha ahorrado ocasión para proclamar su devoción tecnológica, sería esperable que no necesitara contemplar el espectáculo de un siniestro, ni necesitara oír las voces de cientos de miles de ciudadanos perjudicados para poner en práctica los remedios. Hace apenas cuatro años, la rotura de la presa de Tous causó 40 muertos y más de 100.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Era en octubre. Alrededor de un mes más tarde, 11 víctimas mortales más ampliaron el censo que se cobraban otras inundaciones, esta vez en Huesca, Cataluña y Andalucía. El antecedente, sin embargo, más terrible fue el que sufrío el País Vasco, además de las provincias de Burgos y Santander, en agosto de 1983: murieron casi 50 personas y las pérdidas se calcularon en 60.000 millones de pesetas.

Hay catástrofes inelubibles, pero en todos los casos de inundaciones que ha presenciado el Gobierno del PSOE, una parte de las consecuencias pudo ser evitada. En el País Vasco, por ejemplo, la falta de un verdadero servicio de Protección Civil, cuya dirección general contaba con el ridículo presupuesto de 60 millones de pesetas, multiplicó los daños, y acaso las víctimas. En esa ocasión la falta de cordinación entre los departamentos y entre el Gobierno central y autonómico añadieron caos al caos. Este desabarjuste era predecible a partir de la organización e infraestructura de que se disponía. E igualmente predecible, como se han apresurado a declarar las autoridades locales y provinciales, era que el abandono de su cauce por el Segura podía dar en los efectos de desbordamiento y contaminación de playas que se han producido.

No es puro voluntarismo creer que las tragedias derivadas de las inundaciones pueden ser evitadas o paliadas en un alto grado. La técnica dispone de mecanismos de detección capaces de alertar sobre peligros posibles y propiciar las soluciones para neutralizarlos. Igualmente, a un nivel más elemental, existen planes y diseños de reformas hidráulicas que, plasmados sobre el papel, han quedado incomprensiblemente paralizados. Que haya de ser la destrucción de riqueza y el clamor de las víctimas quienes muevan a ponerlos en práctica es de una crueldad intolerable. Avisos para ponderar la gravedad de la amenaza no faltan. Nada menos que 36 graves inundaciones, a más de una por año, se han registrado en España desde comienzos de los años cincuenta. Seguir considerando cuanto de negativo sucede en este ámbito como un azote de la Naturaleza o como un castigo del cielo es una disposición anacrónica, y si está bien que ciertas modalidades de seguro, de atenciones fiscales o de capítulos presupuestarios traten de paliar los daños, estaría mucho mejor una moderna y activa política de obras hidráulicas que los evite.