La conexión francesa

LA EXPULSIÓN de Francia de dos presuntos miembros de ETA y su entrega a las autoridades españolas con un intervalo de cuatro días introduce un ritmo acelerado en la colaboración antiterrorista hispano-francesa. Estos dos nuevos casos de detención se suman a las varias deportaciones de presuntos activistas etarras desde enero y a la reciente expulsión a Gabón de Domingo Iturbe, considerado como el número uno de la organización. Con esta rotunda actitud del Gobierno francés se llega a lo que se considera una tercera etapa de acoso contra los activistas vascos en Francia tras los acuerdos suscritos con las autoridades españolas en 1984.Las actuaciones de ETA, pese a la desarticulación de algunos comandos en suelo español, alcanzaron un alto grado de eficacia en el periodo comprendido entre 19791981. La conclusión que fácilmente se obtenía de ello era que, en tanto los terroristas dispusieran de una cómoda base de preparación y refugio en el País -Vasco francés, los éxitos policiales no rebasarían un techo insuficiente. De hecho, el comienzo de los años setenta había constituido el tiempo más provechoso para la formación de una curtida dirección de ETA en la zona, capaz de conservar su operatividad casi con toda independencia del apresamiento de comandos en España. En esos momentos, y pese a la coincidencia de Gobiernos socialistas en ambos países, Francia se mantuvo en la postura de presentarse como "país de asilo" y se comportó en consecuencia.

El giro del Gobierno francés, sin embargo, tras los acuerdos de 1984 puede considerarse radical. El entonces ministro del Interior, Gaston Defferre, afirmó, tras la conclusión de los pactos: "Francia no tolerará que nadie, empezando por quienes en el pasado se beneficiaron de la hospitalidad francesa, cometa actos contrarios a las reglas del derecho francés y a la amistad y solidaridad que unen a las dos democracias, la española y la francesa". Durante años antes, la tesis francesa era que el terrorismo que padecía en su territorio debía considerarse de carácter internacional, y no estimaría terrorismo nacional sino aquel que provocaran los corsos o los vascos franceses. La intervención de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) desde diciembre de 1983, sin embargo, empezó a producir muertos en territorio francés, asociados al santuario terrorista en su zona vasca. En marzo de este mismo año, 1986, una sentencia del tribunal de Bayona marcó además un espectacular precedente en el tratamiento de los elarras. Cuatro ex¡liados españoles fueron condenados a cinco años de prisión como integrantes de ETA y en la consideración de que esta organización no era otra cosa que una "asociación de malhechores". La trascendencia de este pronunciamiento, mediante el cual pertenecer a ETA pasaba a ser un delito punible -en la medida en que ETA no se tipificaba como asociación política-, es visible en las determinaciones recientes.

La súbita expulsión de estos dos presuntos miembros de ETA, con una elasticidad de respuesta asociable a los atentados de Madrid, puede encontrar una inmediata explicación en la mera voluntad general de cooperación antiterrorista. No obstante, el recurso legal utilizado, con base en un decreto-ley de 1945 que faculta al Ministerio del Interior francés para expulsar por un procedimiento de urgencia a los extranjeros que se encuentren en el país "en situación ¡legal y cuya presencia constituya una amenaza para el orden y el crédito públicos", favorece la mayor discrecionalidad, aplicable a vascos o a turcos. No es, desde luego, la primera vez que se invoca en sus 41 años de vigencia, pero parece prudente pedir, en nombre del derecho, que el Gobierno español redacte cumplidamente los expedientes de extradición para apresar a los activistas. Esta ayuda del Gobierno francés, de otra parte, podría estar motivada por otras circunstancias. El temor a una represalia de los GAL tras los sangrientos atentados de los últimos días puede haber influido en la urgencia de las expulsiones. E igualmente, la visita a Madrid que tiene prevista para el próximo día 30 el ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Raimond, ha dé contribuir a esta entrega de activistas. Las relaciones franco-españolas no carecen de contenciosos y rozaduras, y respecto al Gobierno de Jacques Chirac, todavía resuenan sus palabras, durante su campaña electoral, en las que exigía una renegociación más dura para la entrada de España en la Comunidad Europea.