La ética en la reforma universitaria

Un portavoz del Ministerio de Educación criticó desde EL PAÍS (25-6-86) la concesión del aprobado general por parte de los profesores universitarios declarados no idóneos. Con un talante progresista y un sentido de la justicia que les honra, los tribunales siguen emitiendo fallos en favor de los cerca de 2.000 profesores declarados en su día no idóneos por el Ministerio de Educación. El hecho es tanto más de notar cuando los jueces han de fundarse en una Ley de Procedimiento Administrativo promulgada en 1958 al servicio de un Estado de adhesiones y aplicarla ahora en un Estado de libertades.La vía judicial se ha convertido en el único camino para llevar a término una parte importante de la Ley de Reforma Universitaria. Presentada inicialmente como modélica en sus objetivos de justicia, ha quedado inconclusa por, la callada complicidad del Ministerio de Educación que orgullosamente la había promovido. Al igual que los tribunales ahora, el Ministerio siempre ha sido consciente de las numerosísimas irregularidades y actuaciones ilegales de las comisiones de profesores establecidas para juzgar la competencia: de colegas que llevaban tantos o más años trabajando en la Universidad y cuyos méritos superaban en no pocos casos a los de sus jueces. Abrir los oportunos expedientes disciplinarios a los integrantes de comisiones con comportamientos tortuosos y reparar las injusticias cometidas contra las víctimas de tales arbitrariedades, habría sido la única postura ética que podía asumir el Ministerio. Pero eso habría supuesto reconocer la porción no pequeña de culpa que a él mismo le cabía en el fracaso de la aplicación de la LRU. Al fin y al cabo, una parte de los miembros de las comisiones de idoneidad del profesorado universitario -todos los presidentes, entre ellos- fue nombrada a dedo por el Ministerio y no por sorteo, como hubiera sido lo democrático.

Para exculparse a sí mismo, el Ministerio de Educación hace mangas y capirotes de lajusticia y opta por dejar impunes las conductas irregulares que reconoció al aceptar las reclamaciones de los afectados. La resaca y tranquila digestión de los efectos de aquella triste pantomima precisan de un silencio autocomplaciente. De ahí que cualquier ruido de los afectados por la injusticia viene a turbar la tranquilidad de conciencia del Ministerio y provoca en éste una retahíla de sapos y culebras, como las amenazas -puramente verbales y sin medios prácticos de materializarse- de expedientes contra los profesores implicados que propugnan el aprobado general como medida de protesta y de presión.

El Ministerio sabe bien que el aprobado general es la punta del iceberg de una noticia que, de ser escarbada en profundidad por los medios de comunicación social, revelaría su bancarrota moral. Por lo tanto, silencio absoluto y represión de las voces discordantes, para que el esándalo no trascienda y empañe la pretendida honorabilidad de ciertas personas y de ciertas decisiones políticas que se considera necesario resguardar de la crítica normal en toda sociedad democrática. No importa si el coste de esa política ha de pagarlo un elevado númer de personas, lesionadas en sus legítimas aspiraciones.-

Asociación Nacional de Profesores Universitarios No Idóneos.