El destino de los impuestos

LOS ESPAÑOLES han terminado de rellenar los impresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y pagado su deuda con Hacienda o, cuando menos, el primer plazo de la misma. Es, pues, un buen momento para interrogarse sobre el destino que el Estado piensa dar a ese dinero. El impuesto sobre la renta no es el único que pagamos, pero sí el más importante. La recaudación por este concepto alcanzó el pasado año la cifra de 1,46 billones de pesetas, un tercio de los ingresos obtenidos por el Estado, y algo más de la mitad de los recursos totales obtenidos por el sector público. La otra mitad la forman las cotizaciones a la Seguridad Social, auténtico impuesto sobre el trabajo que desincentiva la creación de empleo.El destino de los impuestos se orienta esencialmente hacia la redistribución de la renta y los servicios públicos que las administraciones ofrecen. Comenzando por la redistribución, son innegables los avances realizados desde la llegada de la democracia. El fuerte aumento de las prestaciones sociales atestigua, mejor que cualquier discurso, el mayor grado de solidaridad entre las distintas generaciones. Las prestaciones de desempleo superaron en 1985 el 2,5% del producto interior bruto, si bien existe la conciencia generalizada de que no todos los que cobran el subsidio tienen derecho a él. De una u otra forma, a menudo en medio de un considerable desorden, la sociedad española ha realizado un esfuerzo innegable de solidaridad a lo largo de los últimos años. Tal vez sea la conciencia difusa de este hecho una de las razones que explican el que la, población considere a la democracia como un régimen superior a cualquier otro, a pesar de que su instauración ha coincidido con un largo y doloroso proceso de ajuste económico.

Todo ello no excluye la persistencia de situaciones de difícil explicación racional: con los impuestos pagados por los contribuyentes que obtenían en 1985 recursos inferiores al millón de pesetas se mantenían los ingresos de los trabajadores de las empresas públicas, cuyos salarios superaban, en promedio, los dos millones de pesetas, llegando en algunos sectores, como el del transporte y las comunicaciones, a superar los tres millones de pesetas de media. Puede argumentarse que el país debe mantener por razones estratégicas todas las empresas públicas en los sectores en que actualmente se encuentran, pero entonces el debate que debe abrirse es el del precio que esta estrategia cuesta a los españoles y el de los beneficios finales de la misma. Gracias a las generosas ayudas del Estado hay empresas que no parecen haberse enterado de la crisis económica que ha afectado al resto de los españoles a lo largo de los últimos años.

En cuanto a los servicios de las administraciones públicas, las posibilidades de mejora son ¡limitadas. Desde la justicia hasta la seguridad pública, pasando por el lamentable estado de las carreteras, por no hablar del transporte aéreo, por ferrocarril o barco, hay un abanico de carencias que los contribuyentes comprueban, y con dolor casi físico, cada vez que tienen la necesidad de utilizar los servicios públicos. Existe un problema de recursos, pero existe sobre todo un problema de gestión. La convicción de que con el mismo dinero se podrían hacer mejor las cosas no es gratuita: parte de la necesidad de reformar la Administración pública, de devolver a los funcionarios su condición de servidores del pueblo, de reconocer que la soberanía de los españoles no es una mera declaración, sino un hecho aplicable y aplicado conscientemente en las cuestiones del día a día.

Con ello podría evitarse el que, por ejemplo, varios cientos de miles de españoles que cotizan a la Seguridad Social tengan que suscribir pólizas sanitarias en compañías privadas, o que extensas zonas de la clase media sean castigadas doblemente, en su imposición fiscal, dada la imposibilidad de encontrar una plaza escolar adecuada para sus hijos, que tienen que sufragar también aparte del impuesto. Todas estas cosas no son, sin duda, de ayer, pero forman parte de la realidad cotidiana de millones de españoles, muchos de ellos los mismos que han dado al PSOE una mayoría absoluta por segunda vez consecutiva con la ilusión de que resuelva estos problemas. Los esfuerzos recaudatorios del Estado, la mayor conciencia fiscal de los ciudadanos y las dificultades crecientes levantadas frente al fraude han consolidado un aumento formidable de los recursos públicos. Es necesario que este aumento vaya a financiar el desarrollo de todos y no la holganza de unos cuantos miles de privilegiados del empleo público. Las recientes huelgas en este sector, algunas protagonizadas por trabajadores de elite, ponen de relieve que la reforma no será fácil, y que será dura. Pero la mejor manera de evitar el fraude fiscal es justificar el destino de lo que se recauda.