Los 'doce' eluden imponer sanciones a Suráfrica

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 12 países miembros de la Comunidad Europea (CE) concluyeron ayer en La Haya su cumbre semestral. Alcanzaron un acuerdo evasivo sobre el punto del orden del día más controvertido, las medidas contra África del Sur, que posterga una hipotética adopción de sanciones efectivas hasta después del verano. El compromiso alcanzado dista mucho de la propuesta inicial formulada el viernes por la tarde por el presidente español, Felipe González. Pero, como subrayó, consolándose, el propio jefe del Gobierno, "se trata de la única posición a la que se ha podido llegar".

"Se ha dado el paso que se podía dar", añadió González. Sin embargo, en su séquito se comentaba al término de la reunión que España se había quedado sola en el asunto surafricano, apenas respaldada por Holanda y Estados aún más pequeños de la comunidad, frente a los otros miembros de peso, empezando por Francia, que había modificado sustancialmente su postura acercándose a las tesis conservadoras del Reino Unido.Tras expresar su preocupación por el "rápido deterioro" de la situación en África del Sur, que contribuye a "retrasar aún más el inicio de un auténtico diálogo", los doce reiteran en su comunicado final que "el principal objetivo" de su política es "la total abolición del apartheid" y anuncian su intención de "tomar medidas suplementarias".

Las medidas son, sin embargo, de índole exclusivamente "positiva" y prevén la puesta en marcha de un programa de asistencia financiera y material a las víctimas del apartheid, empezando por los presos políticos y todos aquellos recientemente detenidos tras la promulgación del estado de excepción, así como los chabolistas de la localidad de Crossroads. Aunque no se ha tomado ninguna decisión al respecto, el programa dispondría de un fondo de 1. 360 millones de pesetas.

Libertad para Mandela

El texto aprobado por el Consejo Europeo lanza a renglón seguido un llamamiento al régimen de Pretoria para pedir la "liberación incondicional de Nelson Mandela y otros prisioneros políticos" y la legalización del Congreso Nacional Africano (ANC) y de otras formaciones de la oposición de color al poder blanco.

Para alentar estos gestos aperturistas, tendentes a "crear las condiciones que permitan establecer el diálogo necesario", los doce invitan también al secretario del Foreign Office, Geoffrey Howe, que presidirá la comunidad a partir del 1 de julio, a viajar durante el verano a África del Sur.

Si no se observan allí progresos en la dirección deseada, la CE podrá, dentro de tres meses y después de haber mantenido consultas con otros países industrializados, "adoptar las nuevas medidas que podrían ser necesarias y que consistirían en prohibir nuevas inversiones y las importaciones de carbón, hierro, acero y monedas de oro".

Esta lista, elaborada por la actual presidencia holandesa de la comunidad, incluía inicialmente vinos, frutas y hortalizas. Según el presidente francés, François Mitterrand, estos productos fueron posteriormente excluidos a petición de Portugal, porque parte de sus 600.000 ex súbditos asentados en África del Sur están dedicados a su cultivo.

Mientras el actual presidente del Consejo Europeo, el primer ministro holandés, Ruud Lubbers, se consolaba resaltando en su conferencia de prensa final que "ningún país excluye ya el principio de las sanciones si fracasa nuestra iniciativa", el canciller alemán, Helmut Kohl, aseguraba que la postura de su Gabinete "no había cambiado". Ponía así en evidencia que la no aparición de síntomas favorables en África del Sur no significaba en absoluto la automática imposición en otoño de un castigo comunitario a Pretoria.

La referencia a los contactos con otros países industrializados, recogida en el comunicado, implicaba para los portavoces de los Estados comunitarios más reacios al castigo que habría que coordinar la toma de sanciones con Canadá, Japón y Estados Unidos, algo prácticamente imposible, si se tiene en cuenta que el presidente Ronald Reagan se opone rotundamente a su adopción.

González, que preconizaba el viernes la aplicación automática de sanciones si Pretoria no cumplía los requisitos comunitarios, discrepó radicalmente con este punto de vista. "Si no entrasen entonces en vigor las medidas económicas negativas", afirmó, "no se respetaría el espíritu del acuerdo".

[No se hicieron esperar las reacciones a la reunión de La Haya. Según informa la agencia Reuter, el Gobierno de Pretoria rechazó cualquier amenaza comunitaria de sanciones y sugirió la posibilidad de que podría tomar medidas económicas contra los países africanos vecinos. El ministro de Asuntos Exteriores afirmó que su Gobierno no aceptaría ninguna injerencia extranjera en sus propios asuntos internos. Desde La Haya, un portavoz del Congreso Nacional Africano (ANC) avisó que la decisión de la CE de demorar sanciones contra Pretoria sólo podría provocar la muerte de más negros.]