Las lagunas del tratado

A MEDIDA que pasan los meses, los españoles comenzamos a darnos cuenta de las lagunas del tratado de adhesión a la CEE, "el mejor de los posibles", en la terminología oficial. En la precipitación de los últimos días de la negociación es posible que el esfuerzo realizado condujese a la delegación española al agotamiento y, por ende, al aplazamiento de cuestiones que el tiempo ha venido a demostrar distaban mucho de ser secundarias. En el tratado figuran derogaciones a las reglas comunitarias en cuestiones nimias, como la denominación del chocolate familiar, y faltan disposiciones sobre asuntos tan importantes como la pesca en caladeros donde se ejercía tradicionalmente esta actividad, los vehículos de segunda mano o las normas de origen para la importación de productos de terceros países a través de Portugal.El problema de la pesca, agudizado estas últimas semanas por el bloqueo del puerto de Hendaya por parte de los pescadores de Fuenterrabía, se debe al relego de este tema en la negociación. Al no recogerse expresamente en el tratado los derechos históricos de los pescadores españoles a faenar en esas aguas, los franceses han decidido que esos derechos no existen, con las consecuencias conocidas. El problema podría haberse evitado negociando explícitamente esta cuestión cuando era el momento para ello. Ahora Francia reclama concesiones por parte española.

Algo parecido sucede con los automóviles de segunda mano. Las previsiones del acta de adhesión sobre los vehículos nuevos son extremadamente detalladas, pero no existe una sola disposición sobre los usados. La consecuencia es que cualquier ciudadano puede, al menos en teoría, comprar un automóvil en un país de la CEE y traerlo a España sin pagar derechos de aduana. Al haber recorrido unos cientos de kilómetros el vehículo nuevo se transforma automáticamente en usado y no tiene que pagar aranceles. Para prevenir los previsibles efectos de esta situación, la Administración ha creado un centro de homologación cuya lista de espera es de varios años.

En cuanto a Portugal, el problema consiste en la indefinición en que quedaron las normas de origen de los productos procedentes de este país a raíz de la negociación del tratado. Los portugueses pretenden ahora la fijación de unas normas reducidas de valor añadido (alrededor de un 30%, frente al 60% comunitario) para que un producto sea considerado portugués y pueda entrar libremente en España, sin pagar aduana. De salir adelante esta propuesta, algunos sectores industriales españoles, como la electrónica de consumo o la fabricación de camiones, se verían duramente afectados. Actualmente se celebran negociaciones en Bruselas para obtener unas normas más equilibradas en ese terreno.

Los sobresaltos actuales podrían haberse evitado si se hubieran utilizado los largos meses que mediaron entre la firma del tratado y la entrada en vigor del mismo para sustanciar definitivamente estas diferencias. Es evidente que los problemas que comentamos terminarán por solucionarse. Pero vamos a tener que pagar por algo que podríamos haber obtenido con menores costes de haber pensado las cosas a tiempo.