Sanciones contra Pretoria

MAÑANA, LUNES, se cumple el décimo aniversario de la matanza de Soweto, en la que 575 negros cayeron bajo las balas de la policía cuando se manifestaban contra el apartheid. Este aniversario está poniendo de relieve, ante la opinión mundial, que la situación en África del Sur es hoy más explosiva de lo que ha sido en ningún momento de su historia. Una ola represiva sin precedentes asola las barriadas negras. En los dos últimos años, el presidente Botha ha hecho alarde de una política reformista, pero sus reformas han tocado puntos marginales, sin abordar el problema de la discriminación política y civil de los negros, privados de todo derecho en un país en el que constituyen más del 70% de la población. Realmente, lo que caracteriza la etapa de Botha en la presidencia no son las reformas, sino las brutales y permanentes represiones contra las poblaciones negras. Desde febrero de 1984, unas 1.700 personas han muerto como consecuencia de las medidas policiacas y su número aumenta cada día.La comunidad internacional ha realizado en este período diversas gestiones aplicando, incluso más allá de lo razonable, cierta confianza en la voluntad reformadora de Botha. El úlirno esfuerzo ha sido la misión de personalidades eminentes de la Commonwealth británica, encabezada por el antiguo primer ministro de Australia Fraser y el antiguo presidente de Nigeria general Obasarijo. Celebraron conversaciones con el Gobierno de Pretoria, con la dirección del Congreso Nacional Africano (ANC) en Lusaka, e incluso hablaron con Nelson Mandela en la cárcel donde se halla encerrado. Estas gestiones pusieron de relieve que la comunidad negra aceptaría obtener sus derechos por vía pacífica y que el Gobierno de Pretoria podría abrir el camino de una solución negociada si tomase algunas medidas, como la liberación de Mandela y la legalización del Congreso Nacional Africano. Pero cuando la misión de la Commonwealth estaba aún en Pretoria, discutiendo estas cuestiones, el Gobierno de Botha bombardeó, con su aviación y sus tropas de choque, Botsuana, Zambia y Zimbabue. Fue esta una demostración brutal de que rechazaba toda solución pacífica. Se produce, con todo, ahora un nuevo paso en la escalada de la violencia tras la declaración del estado de emergencia que permite a la policía detener sin plazo, disparar o dar a los presos el trato que desee y hacerlo además sin rendir cuentas y con el amparo de la censura que prohibe informar sobre la represión. La suspensión del visado del corresponsal de EL PAIS para visitar África del Sur indica que el Gobierno de Botha procura que sus métodos represivos no puedan ser observados por periodistas extranjeros.

El informe de la misión de la Corrimonwealth, elaborado por personalidades tan moderadas como Fraser y Obasanjo, llega a dos conclusiones fundamentales: la primera, que la actual política de Botha conduce a un baño de sangre de una proporciones dificiles de predecir, la segunda, que la aplicación de sanciones económicas es el único camino para obligar al gobierno de Pretoria a cambiar de política. El problema de las sanciones ha creado un crisis en el seno de la Commonwealth británíca. Londres se niega a aplicarlas y, en cambio, todos los otros miembros las exigen de modo perentorio. Algunos, como Zambia, hablan de retirarse de la Comunidad si la señora Thatcher no cede en su obstinada negativa. La crisis puede ser grande y es significativo que un periódico londinense haya mencionado las inquietudes de la corona a este respecto.

Pero está claro que el problema de las sanciones contra Pretoria afecta a toda la comunidad internacional y que la nueva situación exige un planteamiento más rotundo que el que se hizo hasta ahora. Se han cumplido años de condenas morales, mientras las políticas comerciales y financieras de numerosos países contribuyen de hecho a que Botha pueda proseguir su política. No es ya serio poner en duda la eficacia de las sanciones. Con la grave situación financiera que atraviesa África del Sur, es evidente que Botha no podría permanecer indiferente a esas medidas de presión.

El presidente Reagan no es proclive a la aplicación de sanciones y pretende evitarlas distorsionando la realidad surafricana. Las condenas internacionales contra Botha alcanzan ya, no obstante, una amplitud sin precedentes y, por primera vez, EE UU e Inglaterra han votado una resolución contra Pretoria en el Consejo de Seguridad de la ONU. La conferencia de la ONU que se abre mañana en París contribuirá a reforzar esta amplia presión internacional. Por su parte, la opinión pública europea y las instituciones de la CE no pueden contentarse con la repetición de las condenas morales. Europa debe ayudar eficazmente a poner término a los desmanes del gobierno de Pretoria y para ello parece insolayable la adopción de medidas económicas de fuerza.