El acceso a la Universidad y el incierto futuro de los profesores, principales cuestiones pendientes

La regulación definitiva del acceso a la enseñanza superior y el incierto futuro de más de 18.000 profesores no numerarios son los problemas universitarios necesitados de solución más urgente al término de la primera legislatura socialista. Ambas cuestiones fueron planteadas en la ley de Reforma Universitaria (LRU), cuya aprobación, en agosto de 1983, constituye, por otra parte, uno de los más significativos logros del Gobierno en materia educativa.

En su artículo 25, la LRU establece que "los requisitos para el acceso a la Universidad se regularán por ley de las Cortes Generales", pero el correspondiente proyecto de ley no ha llegado a ser elaborado. En su defecto, el Gobierno ha improvisado cada primavera unas normas con las que, por la vía de decretos-leyes, ha intentado poner orden en la dispersa y permanentemente improvisada legislación sobre la, materia.Así, los que aspiraban a ingresar en la Universidad el curso pasado se encontraron con la sorpresa de que el númerus clausus, exclusivo hasta entonces de las facultades de Medicina, adquiría carta de naturaleza, en muchos otros centros. La principal novedad aportada por las normas de acceso para el curso próximo, contenidas en un decreto reciente, ha consistido en la devaluación definitiva de la convocatoria de septiembre. En los centros con exceso de demanda, la posibilidad de elección de carrera quedará reservada a los alumnos que aprueben el COU y la selectividad en la convocatoria de junio

Seguramente, una de las consecuencias más graves de la falta de un proyecto de ley que regule el acceso a la Universidad es que sigue sin producirse el gran debate de fondo sobre la misma. Una discusión imprescindible para saber cuál es el modelo de Universidad que la sociedad española desea y está dispuesta a financiar.

Los profesores no numerarios (más de 28.000 al comienzo de la legislatura y más de 18.000 al finalizar), siguen constituyendo ahora mismo el eje de una de las mayores preocupaciones de todas las universidades del país. Las llamadas pruebas de idoneidad establecidas en la LRU no han permitido resolver más que parcialmente el gran problema que arrastra el sistema universitario español desde que comenzó a hacer frente a la gran explosión de la demanda de alumnado en la década de los sesenta mediante el recurso a la contratación masiva de profesores. Ello trajo como resultado que, al comienzo de la legislatura socialista, hubiera sólo 8.770 profesores numerarios y 28.263 no numerarios. El Gobierno socialista ha transformado sustancialmente esta situación, y en estos momentos los profesores numerarios son 19.289 y los no numerarios 18.711.

Ahora bien, la propia LRU fija el mes de octubre de 1987 como fecha límite para la vigencia de los actuales contratos, y es absolutamente improbable que para entonces las universidades hayan dispuesto del tiempo necesario para sacar a concurso el número de plazas suficientes para satisfacer a una cifra tan elevada de aspirantes a profesores permanentes.

Al hacer el balance de la actividad de su departamento, el ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, dijo recientemente en la sede de su partido que cuando el PSOE accedió a la responsabilidad del Gobierno la Universidad estaba "en el fondo de un pozo". El ministro, lógicamente, no se atrevió a afirmar que en apenas tres años académicos, que es el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley, la Universidad española haya conseguido salir del fondo de ese pozo. En trajo escaso período de tiempo la LRU ha servido, empero, para posibilitar el que cada universidad se dote a sí misma de unos estatutos y para iniciar los pasos que deben conducir a la modernización de las enseñanzas universitarias.

Algunas cifras pueden servir para valorar si la intensidad del es fuerzo realizado por el Gobierno socialista permite a la universidad española asomarse al brocal del pozo. Asi, el presupuesto global de las universidades españolas ha pasado de 74.256 millones de pesetas en 1982 a 150.303 millones en 1986, y el destinado específica mente a la investigación a través del Fondo Nacional de Investigación Científica y Técnica de 6.560 millones a 11.947.

Los alumnos que estudiaban con beca en el curso 1982-1983 fueron 68.200, y en el presente haja sido 110.000, en tanto que la cuzwtía media de la beca universitaria pasó de 44.708 pesetas anuales a 88.085. El gasto del Estado para atender a este capítulo pasó de 3.409 millones de pesetas en el primero de los cursos académicos del cuatrienio socialista a 13.609 millones en el último.