La ley más polémica

Los presupuestos dedicados a la enseñanza privada aumentaron ocho veces por encima de los presupuestos globales de educación en los años inmediatamente anteriores a la Administración socialista. Con el acceso del Partido Socialista al Gobierno cambia radicalmente esa política. El ministro de Educación, José María Maravall, ha repetido que "al Estado no le corresponde un papel subsidiario en la enseñanza" y ha dedicado generosas partidas a mejorar la situación de los colegios públicos y dotar de centros rurales a aquellas zonas donde no existían escuelas. Sin embargo, al haberse incrementado espectacularmente los presupuestos. dedicados a la educación, el conjunto de colegios privados concertados también ha recibido, con los socialistas, más subvenciones que con los Gobiernos anteriores, aunque a cambio se han visto obligados a acatar la ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE).La política de racionalización del sector privado de la enseñanza se inició con la LODE, una ley cuya definitiva entrada en vigor costó al Gobierno más de la mitad de la legislatura y concitó las protestas callejeras más multitudinarias que cualquier otra acción del Gabinete de Felipe González. Miles de enmiendas de la oposición, tensiones con la Iglesia y un fallido recurso de inconstitucionalidad marcaron una larga y polémica tramitación parlamentaria.

Según la LODE, para seguir siendo financiados por el Estado, los colegios concertados deben renunciar al carácter lucrativo de sus actividades extraescolares o complementarias, ajustarse al mismo sistema de admisión de alumnos que los centros públicos y su gestión debe estar controlada por profesores, padres y alumnos a través de los llamados consejos escolares.

El propietario jurídico del centro, por tanto, no puede decidir por sí mismo la marcha interna del colegio ni puede contratar o despedir profesores. Estas tareas corresponden al consejo escolar. Tampoco puede distribuir según su criterio la subvención que recibe del Estado, puesto que es la Administración pública la que paga directamente el salario de los profesores, aunque trabajen en centros privados. Todas estas circunstancias, unidas al hecho de que a partir de la LODE estos colegios no pueden seleccionar a los alumnos según sus deseos sino que deben ajustarse a los criterios de la LODE en materia de admisión, han suscitado tremendas resistencias por parte del sector privado de la enseñanza, cuyos máximos representantes decidieron agruparse en la Coordinadora pro Libertad de Enseñanza pocos meses después de la toma de posesión del ministro José María Maravall.

Esta entidad ha defendido los intereses de los empresarios del sector (CECE), la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), las asociaciones católicas de padres (Concapa) y un sindicato de implantación minoritaria, FSIE. Durante estos cuatro años, desde manifestaciones hasta cierres generalizados de colegios han sido promovidos por estas organizaciones, en su mayoría de carácter confesional, pero que no han gozado siempre del apoyo de la jerarquía de la Iglesia.

El secretario general de la FERE, Santiago Martín, ha repetido durante esta legislatura que el PSOE no ha renunciado a los objetivos educativos que tenía en el año 1931", y busca "reducir la enseñanza privada a un ámbito puramente testimonial".

A pesar de estas resistencias, al final del proceso prácticamente todos ellos se han visto obligados, hace apenas un mes, a firmar los conciertos, aún en contra de su voluntad, pues de lo contrario no hubieran recibido la subvención estatal.

Maravall, por su parte, no ha ocultado su enfrentamiento con la Coordinadora Pro Libertad de Enseñanza. Al hacer balance de su gestión, ha señalado que ha tenido que luchar contra "resistencias tenaces que han hecho de la educación un caballo de batalla y bunkers de privilegios, a veces financiados con dinero público".

Este sector, que acoge al 37% de los alumnos de enseñanza general básica de nuestro país, un 22% de los cuales está en centros religiosos, y el 15% restante en centros seglares, afirma que sufre un déficit por aula y año de 700.000 pesetas. Sin embargo, el Ministerio de Educación asegura que durante los últimos cuatro años todos los incrementos en el módulo de las subvenciones han sido siempre por encima del índice de precios al consumo (IPC) y de los incrementos salariales de los profesores. Durante 1986 el Estado ha destinado para financiar este sector 135.399 millones. Entre 1982 y 1985 el número de centros privados de EGB subvencionados ha pasado del 88% al 91%, y un 10% más de ellos ha obtenido la financiación plena.