Los fiscales progresistas, preocupados por la injerencia del Ejecutivo en la justicia

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) está preocupada por las posibles injerencias del poder ejecutivo en las tareas del ministerio fiscal, aseguró ayer José María Mena, presidente de la mencionada asociación, en una conferencia de prensa celebrada en Barcelona para informar de las cuestiones debatidas en el primer congreso de este colectivo, celebrado el pasado fin de semana en Madrid. Mena dijo que en el congreso se trató con especial énfasis de los "supuestos pactos" de las fuerzas políticas "para impulsar o frenar determinadas acciones judiciales".

La UPF agrupa a un 10% de los miembros de la carrera fiscal y en medios jurídicos se la considera próxima a Jueces para la Democracia.El fiscal José María Mena declaró ayer que el primer congreso de la UPF había tenido como principal objetivo definir las líneas generales de la agrupación. Recalcó que la asamblea se había celebrado cuando se cumple un año de la fundación de la Unión, tras escindirse de la Asociación Profesional de Fiscales que hasta entonces era la única organización profesional del ministerio público.

"Nosotros hubiéramos querido permanecer en aquella asociación y ejercer nuestros derechos como minoría progresista pero un mal llamado 'centralismo democrático', nos lo impidió, y no nos dejó otra alternativa que la escisión", aseguró el portavoz de la UPF. Añadió que durante este año se había trabajado en los aspectos organizativos y en otros de carácter ideológico o doctrinal, mediante ponencias. Esta labor culminó el pasado fin de semana en el congreso celebrado en Madrid.

La estructura del ministerio fiscal, la organización del cuerpo o la eficacia de la Administración de justicia fueron, en opinión del fiscal Mena, los principales temas tratados en este primer congreso de la UPF.

Las corrupciones

Mena afirmó que la Unión no había debatido en ningún momento la estructura jerárquica del cuerpo, ni la forma en que el Gobierno nombra al fiscal general del Estado, pero aseguró, sin embargo, que el colectivo se siente profundamente preocupado por la incidencia del poder ejecutivo en el ministerio fiscal.Recalcó también la preocupación de la Unión por el borrador del nuevo reglamento del cuerpo, redactado recientemente, que está en poder del Gobierno y cuyo contenido se desconoce.

Otro de los temas abordados, según Mena, fue el relativo a la eficacia judicial, que aparece inevitablemente unido al de la corrupción. El congreso se solidarizó con los funcionarios que están librando una batalla contra la corrupción, pero se puso especial énfasis en la existencia de otro tipo de corrupción diferente al de las astillas (propinas), protagonizado por las fuerzas políticas con "supuestos pactos, para impulsar o frenar determinadas acciones judiciales". En opinión del portavoz de la UPF, estas actuaciones son tan execrables como las dádivas.

Mena se negó a comentar los últimos incidentes procesales relacionados con el caso Banca Catalana, así como la actitud pasiva adoptada en los últimos meses por el ministerio público en relación al tema, en contraposición con la postura mantenida durante la investigación.

Resaltó también la necesidad de adecuar determinadas leyes, entre ellas la del aborto, a la demanda social y abogó por la máxima democratización del ministerio público y por la necesidad de que este cuerpo conecte con la sociedad civil.