Paro de los trabajadores de limpieza de los hospitales y centros públicos de Barcelona

Los casi 15.000 trabajadores de la limpieza de edificios y locales públicos de la provincia de Barcelona iniciaron una huelga indefinida el viernes día 23 tras el fracaso de las primeras negociaciones para el convenio de este año, que afecta a centros hospitalarios y de enseñanza, estaciones, aeropuertos y empresas privadas.

Las repercusiones del paro han sido especialmente graves en los hospitales de la Seguridad Social. La dirección de la ciudad sanitaria del Valle de Hebrón decidió ayer suspender los ingresos de los enfermos programados en las listas de espera, a causa de la suciedad acumulada en el centro. También en las residencias de Bellvitge y Can Ruti se han restringido los ingresos y la actividad asistencial de algunos departamentos. Por su parte, la compañía Iberia pide disculpas a los viajeros por la falta de limpieza del aeropuerto de El Prat.La huelga, convocada por Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Trabajadores (UGT) y apoyada por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y Unión Sindical Obrera (USO), se centra en dos reivindicaciones: un aumento salarial del 9% y que el convenio no consagre una productividad mínima reflejada en una cantidad de metros cuadrados por día y persona.

La primera oferta de la patronal Asiel (Asociación Independiente de Empresas de Limpieza), que representa a casi un centenar de firmas del sector, se basaba en un aumento salarial del 6% y el establecimiento de una productividad media de 1.000 metros cuadrados por persona y día, además de la desaparición indirecta de las antigüedades de los trabajadores, según fuentes sindicales.

Los sindicatos exigían, por su parte, un aumento salarial del 12%. Posteriormente, la patronal accedió a subir su oferta de aumento salarial hasta el 7%, y los sindicatos a rebajarla hasta el 9%, aunque con la inclusión de una paga extraordinaria basada en el salario real y un día más de vacaciones por año. El convenio, según la plataforma negociadora de los sindicatos, debía firmarse por dos años, con un incremento salarial igual al aumento previsto del índice de Precios al Consumo (IPC) y una cláusula de revisión.