Afectados por la colza piden que Varón Cobos sea sustituido en el sumario de los altos cargos

La abogada Francisca Sauquillo, que representa a unos 2.500 afectados por el síndrome tóxico en Alxalá de Henares, Ciempozuelos y Leganés, ha presentado un escrito donde pide que se nombre un juez especial para la instrucción del sumario contra los altos cargos de la Administración por sus responsabilidades en el caso de la colza. Esto supone de hecho una recusación oficiosa contra el juez que lleva el caso, Ricardo Varón Cobos, recientemente incorporado al juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional.

Varón Cobos es el magistrado que puso en libertad al jefe de la Camorra de Nápoles, Antonio Bardellino, a requerimiento del magistrado del Tribunal Supremo Jaime Rodríguez Hermida. Los dos jueces, al igual que Josefa Suárez Pera, la Pepa, que mantiene relaciones sentimentales con el segundo de los magistrados, fueron, absueltos por su intervención en esos hechos. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial acordó recientemente la separación de la carrera judicial de los dos magistrados.No obstante, esta separación no será efectiva en breve, ya que, según la ley orgánica del Poder Judicial, las sanciones de separación, suspensión del cargo, o traslado forzoso no serán ejecutivas hasta que sean firmes (que no pueda presentarse ningún recurso contra ellas). Los magistrados pueden recurrir en vía administrativa, y posteriormente, ante la sala 5ª, de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Varón, haciendo uso de su derecho, se reincorporó a su juzgado en cuanto se hizo pública la absolución en el proceso penal, mientras que Rodríguez Hermida no ha pedido su incorporación todavía.

La petición de juez especial formulada por la abogada Sauquillo y a la que varios letrados de la acusación particular han anunciado su adhesión, señala en uno de sus párrafos: "La sanción de separación de la carrera judicial impuesta recientemente por el Consejo General del Poder Judicial al magistrado titular del Juzgado Central competente, señor Varón Cobos, por la comisión de falta muy grave en el ejercicio de sus responsabilidades, constituye la última amenaza que, suceda lo que suceda respecto al fondo del expediente disciplinario, se cierne sobre la tramitación del presente procedimiento".

Graves obstáculos

El escrito presentado ante el Consejo del Poder Judicial se refiere a la existencia de "graves obstáculos que imposibilitan una correcta instrucción del sumario", y pide el nombramiento de un juez instructor especial que asegure la más acertada investigación y comprobacíón de los hechos.

La abogada, al referirse a Varón Cobos, manifestó a este periódico que "desgraciadamente este juez inició la instrucción del sumario en el verano de 1981, cuando era un período clave". "A mi entender", añadió, "en esta fase inicial no se actuó con las debidas diligencias, lo que permitió que se pudieran destruir documentos y ocultar pruebas. Concretamente Varón, entre otras actuaciones, nombró a Domingo Rubio Canal el 4 de septiembre de 1981 como administrador judicial de RAPSA, la empresa de los hermanos Bengoechea que distribuyó el aceite tóxico. Rubio huyó a América sin aclarar las cuentas de la principal empresa implicada en el caso". El escrito presentado a la Audiencia Nacional señala también que la sección segunda de la propia Audiencia ordenó el 12 de abril de 1984, hace más de dos años, que se investigara la existencia de responsabilidades penales en algunos funcionarios o autoridades de la Administración por el síndrome tóxico.

El escrito precisa que durante un año ningún juez recogió la competencia del caso, por lo que no se practicó ninguna diligencia.

Cuando el caso, por reparto, correspondió al juzgado central 1, el juez archivó las actuaciones, aunque posteriormente las volvió a abrir y elevó las diligencias a sumario. Hasta el momento no se ha tomado declaración a los querellados, ni se ha realizado prueba testifical alguna.