Chirac quiere imponer en Francia la política de privatizaciones por decreto ley
El primer ministro francés, Jacques Chirac, ha decidido "comprometer la responsabilidad del Gobierno" y hacer que el Parlamento vote en bloque el proyecto de ley de habilitación, que le permitirá legislar por decreto-ley en determinadas materias económicas y sociales, especialmente la privatización de empresas públicas.
La decisión de Chirac, reclamada por los sectores más impacientes de la patronal y de la nueva mayoría de centro-derecha, sale al paso de quienes le acusan de excesiva prudencia y de lentitud. Los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística (INSEE) dibujan un panorama económico inquietante, y el propio Chirac y el ministro de Economía, Edouard Balladur, han dado un toque de atención a los empresarios, al tiempo que anunciaban una reducción de los tipos de interés de aproximadamente 0,5 puntos.El proyecto de ley de habilitación, un texto de sólo ocho artículos, fue sometido a la Asamblea Nacional el pasado 22 de abril, pero, tras 80 horas de discusión, sólo se habían aprobado cuatro artículos y quedaban por debatir más de 200 enmiendas. "Respeto el papel del Parlamento, pero no estoy dispuesto a admitir actitudes obstruccionistas", explicó el primer ministro. El Partido Socialista (PS), principal fuerza de la oposición, ha criticado el recurso a la fórmula constitucional que permite suprimir el trámite parlamentario normal y ha anunciado que presentará una moción de censura, la primera desde que se formó el nuevo Gabinete, el pasado mes de marzo.
Chirac anunció la decisión de suspender los debates pocas horas después de celebrar una reunión con un numeroso grupo de empresarios, a quienes reprochó su impaciencia: "No habrá la más mínima concesión en relación a nuestro programa, pero es irresponsable pedir precipitaciones y que actuemos como un elefante en un almacén de porcelana". afirmó.
Experiencia en peligro
Chirac aseguró que se han tomado todas las disposiciones necesarias para levantar "las restricciones impuestas por los socialistas a las empresas" (liberalización parcial de precios, libertad de despido, libertad de cambios) y que ahora son los patronos quienes deben reaccionar, invirtiendo y creando empleo. "Si no lo hacen y se dedican exclusivamente a aumentar su margen de beneficios", explicó con dureza, "podrán ser los responsables del fracaso de la experiencia liberal" que ellos mismos han reclamado a voz en grito como única fórmula para hacer frente a la competencia extranjera y recuperar mercado.
La llamada de atención de Chirac responde a las previsiones, poco optimistas, del INSEE sobre las perspectivas de la economía `francesa. El instituto prevé en 1986 un aumento de la inversión similar al de 1985, es decir, entre el 1,90% y 2%, lo que supone que la recuperación económica va a ser muy moderada, pese al factor positivo del descenso del precio del petróleo, que significará un ahorro de cerca de 42.000 millones de francos (unos 840.000 millones de pesetas).
El INSEE estima que el sector industrial puede seguir perdiendo cuotas de mercado, como consecuencia de su falta de competitividad, y señala que es imprescindible proseguir con el esfuerzo de modemización del aparato productivo, lo que exige fuertes inversiones. El ministro de Economía y Finan zas respondió con rapidez a los comentarios del INSEE, lo que no es habitual, y anunció una inmediata baja de los tipos de interés, es decir, del precio del dinero, para facilitar, como decía el instituto, la reactivación de las empresas.
En medios socialistas, se han denunciado los planes del Gobierno, por considerar que serán los pequeños ahorradores, propietarios de libretas de cajas de ahorro, los que paguen las consecuencias de la nueva política económica.
Los empresarios, o al menos una parte de ellos, así como el sector más radicalmente liberal de la coalición centrista UDF querían una política económica aún más agresiva, a lo que se oponen Bailadur y los principales líderes del partido de Chirac, el RPR. El ministro de Economía teme un aumento de la inflación (que los socialistas redujeron a menos del 5%) y estima que las medidas adoptadas deben ser suficientes para que la patronal "dé un paso adelante".
Chirac y Balladur han anunciado además la inmediata supresión de la autorización administrativa previa al despido, una medida que los empresarios llevan años exigiendo.
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