Ruptura con Libia

LA ADMINISTRACIÓN norteamericana ha alabado la decisión española de expulsar de nuestro país a varios diplomáticos libios y denunciar públicamente las conexiones entre el régimen de Muaminar el Gaddafi y grupos terroristas o desestabilizadores, insinuando incluso la posibilidad de que esa actitud, interpretada como favorable a las posiciones de Ronald Reagan respecto a Libia, fuera a traducirse de inmediato en la ruptura formal de relaciones diplomáticas de España con el país norteafricano. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español han desmentido esa última hipótesis.La posibilidad de que esa ruptura pueda producirse es, con todo, digna de ser tomada en consideración. La expulsión ayer de Trípoli de 36 diplomáticos de la Co munidad Europea, dos de ellos españoles, es un nuevo paso en la escalada de reproches entre los dos países. No parece normal, en efecto, que en nada afecte a las relaciones entre dos Estados soberanos el hecho de que uno de ellos se dedique a alentar _y probablemente financiar_ conspiraciones orientadas a acabar con el régimen democrático existente en el otro. Sin embargo, dista de ser evidente que la ruptura unilateral de relaciones de España con Libia fuera, en el momento actual, la medida más eficaz desde el punto de vista de los intereses nacionales, y es dudoso que lo fuera desde la perspectiva de contribuir a evitar un aumento de la tensión _y de los evidentes riesgos de conflicto bélico_ en el área mediterránea. Tal consideración nada tiene que ver con la condena que, tanto desde el punto de vista del derecho internacional como de la defensa de los valores democráticos en general, merece la actitud del régimen de Gaddafi. Sólo la ingenuidad o la falta de perspectiva histórica explica la sorpresa con que en determinados medios de nuestro país han sido acogidas las revelaciones sobre la generosa laxitud con que el iluminado líder compaginaba el amparo a terroristas de extrema izquierda con la simpatía hacia aventuras conspirativas de la ultraderecha. Ambas manifestaciones como hemos tenido sobrada ocasión de comprobar en nuestro país en los últimos años, se complementan perfectamente en el común objetivo desestabilizador, y, por ello, nada más coherente, dentro de la peculiar lógica que preside las actuaciones del régimen libio, que apoyar ambas indistintamente. Ahora bien, de la necesidad de adoptar medidas contra esas actuaciones no se deduce automáticamente que cualquier medida, siempre que contribuya al aislamiento de Gaddafi, pueda considerarse acertada. El bombardeo norteamericano de Trípoli y Bengasi, que provocó decenas de víctimas civiles y suscitó la indignación de todo el mundo árabe, pero también de la mayoría de los países europeos, es un ejemplo de medida posible_ y, algunos la considerarán eficaz en un cierto sentido inmediato_ y, sin embargo, totalmente desacertada.

En el actual escenario internacional, minado por el entrecruzamiento de intereses hegemánicos de las grandes potencias, la prudencia por parte de los países como España y la CEE en su conjunto es más que recomendable a la hora de arriesgar iniciativas individuales que, por justificadas que estén en un sentido general, pueden servir para alimentar una escalada de consecuencias imprevisibles y sobre la que carecerían de cualquier posibilidad de control. Mientras se mantenga el riesgo de un conflicto bélico en el Mediterráneo _e ignorar que ese peligro existe revelaría un optimismo tan ciego como el del avestruz_, Europa occidental está obligada a aprovechar los resquicios de autonomía que, pese a todo, conserva para tratar de encontrar una vía de acuerdo con el mundo árabe que actúe como efecto disuasor de la escalada. Una ruptura unilateral de relaciones con Libia tendría probablemente un alto coste económico para nuestro país (la deuda libia con España supera actualmente los 10.000 millones de pesetas) y difícilmente contribuiría a afianzar esa autonomía europea de la que en importante medida depende la paz en el Mediterráneo. Por lo demás, la idea según la cual Estados Unidos estaría sacrificándose, asumiendo la responsabilidad de plantar cara en solitario al terrorismo para compensar el egoísmo de Europa, cuya superior dependencia energética del mundo árabe le llevaría a renunciar a la batalla, revela, ante todo, cierta hipocresía. Todavía hoy, grandes compañías norteamericanas llegadas a Libia en los años del rey Idriss Senusi (Conoco, Marathon Oil, Occidental Petroleuni y otras) siguen extrayendo y comercíalizando una parte sustancial del petróleo del que Gaddafi obtiene sus divisas y con las que eventualmente financia a los que urden tramas involucionistas. España tiene derecho a adoptar, en el ejercicio de su soberanía, medidas diplomáticas contra Libia. Pero adelantarse a tomar la más grave que en ese terreno contemplan los usos internacionales, la ruptura formal de relaciones, dificultaría, más que favorecería, la posibilidad de un acuerdo global entre Europa y el mundo árabe, muchos de cuyos componentes están interesados en neutralizar a Gaddafi, sin que por ello tengan que aprobar acciones de tipo militar contra su régimen. La ruptura unilateral no sería, pues, en las actuales circunstancias, una medida inteligente, sino más bien imprudente.