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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

De espaldas al derecho internacional

DESPUÉS DE los bombardeos de Trípoli y Bengasi, además de las graves discrepancias entre EE UU y varios Gobiernos europeos, se ha producido otro grave fenómeno en la escena internacional, al que quizá no se ha prestado suficiente atención. Este fenómeno es que, en el Tercer Mundo, incluso los países más ligados a EE UU han condenado los bombardeos ordenados por el presidente Reagan. Y no se trata solamente del mundo árabe. Tailandia votó contra EE UU en la ONU, y, en su reunión de Nueva Delhi, el Movimiento de los No Alineados ha aprobado una resolución enérgica y ha enviado una delegación a Libia para expresar su solidaridad con el país atacado.Cierto es que muchos Gobiernos europeos manifestaron su discrepancia con Estados Unidos. La diferencia, sin embargo reside en que mientras éstos apoyaron su actitud en la idea de eficacia, alegando que los bombardeos no servirían para combatir el terrorismo y que incluso podrían fomentarlo, los miembros del Tercer Mundo subrayan la idea de legitimidad. ¿Tiene derecho un país, por poderoso que sea y por agraviado que se sienta por monstruosos actos terroristas, a responder con el bombardeo de una o varias ciudades?

Las normas del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas -que desde luego prohíben tales acciones- no poseen instrumentos para imponer su aplicación. Por añadidura, la división del mundo en bloques militares ha privado de eficacia al Consejo de Seguridad de la ONU, principal organismo encargado de tomar medidas para evitar o resolver conflictos internacionales. Deducir de ello que la ONU ya no sirve para nada y que, por tanto, cada país -al menos los que disponen de medios para ello- debe utilizar la fuerza militar cuando juzgue que ello corresponde a sus intereses vitales, sería un tremendo retroceso histórico. Tendría consecuencias incalculables, porque vivimos en un mundo de abismales diferencias de poder económico y militar, pero en el que la ONU ofrece una sede jurídica basada en el principio de la igualdad de derechos de todos los Estados. Por eso la ONU es, entre otras cosas, un lugar de encuentro insustituible entre el Tercer Mundo y los países más desarrollados y poderosos de la tierra. Las decisiones de la ONU, aunque no logren ser operativas, tienen un peso moral indiscutible; la ONU condenó la invasión de Aiganistán y asimismo la de Camboya, y son temas que siguen pendientes. Las resoluciones de la ONU son muchas veces de efecto retardado, y se inscriben en el proceso histórico de culturización de las relaciones entre Estados, de avance del derecho internacional.

La actitud del actual Gobierno de Washington se aleja, en este terreno, de lo que ha sido la mejor tradición de la diplomacia de EE UU de potenciar y extender la aplicación del derecho internacional. Wodrow Wilson fue el verdadero inventor de la Sociedad de Naciones, creada al terminar la I Guerra Mundial, si bien su derrota impidió que EE UU se incorporase a aquella organización. Al constituirse la ONU, EE UU se esforzó por dotarla de un funcionamiento lo más jurídico y democrático posible; la introducción del derecho de veto fue consecuencia de la intransigencia de la URSS. Sin embargo, en los últimos tiempos, la política de EE UU tiene una orientación contraria a su actitud inicial. Orientación que está influyendo de un modo muy negativo sobre la posición de los principales países europeos. Lo ocurrido en el debate sobre el bombardeo de Trípoli y Bengasi así lo demuestra.

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Después del bombardeo en octubre de 1985 por la aviación israelí de instalaciones de la OLP en Túnez, el Consejo de Seguridad de la ONU votó una resolución en la que "se condena enérgicamente el acto de agresión armada perpetrado por Israel" y, entre otras cosas, se pide a los Estados miembros que tomen medidas para disuadir a Israel de recurrir a tales actos. A pesar de una actitud inicial de Reagan favorable a Israel, EE UU no se atrevió a votar contra esa resolución, por temor al impacto que ello tendría en Túnez y otros países árabes. La resolución fue aprobada por la ONU gracias a la abstención norteamericana. El argumento de Israel para su ataque era exactamente el mismo, la lucha contra el terrorismo, que el invocado por EE UU para bombardear Libia. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido en el Consejo de la ONU ante los bombardeos realizados por EE UU? La moción que los condenaba ha sido vetada por EE UU, el Reino Unido y Francia; y el otro país europeo presente, Dinamarca, ha votado en contra. Europa parece doblegada ante las fuertes presiones norteamericanas, mientras los países del Tercer Mundo, incluida Tailandia, como dijimos más arriba, defendieron el principio del derecho internacional, al que EE UU no se había opuesto cuando se trató, hace unos meses, del bombardeo realizado por Israel.

El terrorismo plantea en sí nuevos problemas en la vida internacional, y es comprensible la tribulación de los Gobiernos europeos, sometidos a la amenaza directa de las bombas de ese terrorismo y a las presiones políticas y económicas de Washington, al que necesitan en todo caso para hacer frente a la amenaza soviética. Pero esa tribulación no puede justificarlo todo. El mayor error sería pretender abordar la lucha contra el terrorismo internacional con políticas basadas exclusiva o primordialmente en la fuerza militar. Como saben muy bien los Gobiernos europeos que padecen un terrorismo autóctono además del importado, la lucha contra él, si quiere ser a un tiempo eficaz y moral, necesita estar integrada en las estructuras jurídicas. En el plano internacional, dichas estructuras permitirán de paso un terreno de entendimiento y acción común imprescindibles con los países del Tercer Mundo.

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