Escribir en España

EL ESCRITOR pasa por unos días de mimo -rosas y libros, entregas de premios- y la cultura que desarrolla parece amparada por el Estado. Efectivamente, no es del todo ni siempre así, y desde luego no lo es coherentemente. Valga como muestra la serie de penalidades a las que se ven abocados actualmente los escritores autónomos a causa de cumplirse el primer plazo para liquidar el impuesto sobre el valor añadido (IVA).Este impuesto fue concebido por otros legisladores para una fiscalidad equilibrada sobre el proceso productivo de trasformación, pero lo que el escritor transforma -un poco de papel, un poco de tinta- apenas tiene comparación con otras elaboraciones. De hecho, el escritor, como productor, no existe en la nomenclatura de Hacienda (o ha sido precipitadamente incluido en los últimos días para que no se escape), y se encuadra en actividades diversas. Cuando las agrupaciones profesionales han hecho ver estas anomalías a las autoridades correspondientes y han invocado otros casos resueltos -médicos, educación-, a las autoridades no les ha parecido éste un caso de excepción. Su respuesta es que el escritor -de libros, de periódicos, de radio, de cine, de televisión- no sufrirá daño alguno con el IVA. Las empresas que adquieren su escritura le pagadel sobreprecio del IVA, y el profesional simplemente lo transmite al Estado, como si fuera un agente del fisco. Ahí termina, supuestamente, el problema.

Pero no es tan sencillo. En primer lugar, con este procedimiento, el escritor está obligado a darse de alta en la licencia fiscal de actividades profesionales, por la que ha de pagar 7.920 pesetas. En segundo lugar, ha de darse de alta en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social, con cuotas variables según edad y beneficios posibles, que suponen una media de 12.000 pesetas. En tercer lugar, su domicilio se convierte en local de trabajo, porque allí escribe, lo cual le obliga a inscribirse en el impuesto municipal de radicación, variable según su espacio, ubicación en la ciudad, categoría profesional, etcétera. Por añadidura, esta última condición puede repercutir en otras tarifas, tales como la de alquiler o de teléfonos, ya que no se valora igual un domicilio particular que un local de trabajo.

Dada la tradicional y comprobada inepcia del escritor para la burocracia y la contabilidad, es posible que necesite un asesor, un gestor, incluso un contable, para poder cumplir sus deberes fiscales y adquirir legalmente esta personalidad de empresario de sí mismo que se le atribuye. Personalidad, de otra parte, falsa, puesto que en verdad depende de una empresa: la que le paga el IVA.

A tales gastos y trastornos deben agregarse también otros quebrantos de su economía actual y de su previsión para el futuro. La Asociación de Escritores ha presentado como muestra de los desatinos el caso de Gonzalo Torrente Ballester, que el día 28 recibe de manos del Rey el Premio de Literatura Miguel de Cervantes. Torrente es catedrático jubilado y viene percibiendo su pensión al mismo tiempo que los derechos de autor de libros y artículos. Desde ahora, la nueva condición de empresario de sí mismo le devolverá a su situación de activo y, en consecuencia, deberá perder su pensión. O renunciar a escribir. Si estuviera en activo podría ejercer la actividad de catedrático y la de escritor sin otro gravamen que el pago normal del IRPF, como todos sus compañeros hacen. Pero, jubilado, ya no le es posible recibir las dos fuentes de ingreso. Aparte de este caso ilustre, y de otros muchos en condiciones idénticas, hay un enjambre de colaboradores de prensa -corresponsales, escritores ocasionales, periodistas en semiparo- que se ven lanzados a esta condición fiscalmente opulenta, y en la que no alcanzan, paradójicamente, a pagar las licencias, impuestos municipales o cuotas que se les exigen. La ley trata exactamente igual a los modestos que a los que obtienen grandes éxitos de ventas. Todos viven la misma condición de trabajadores autónomos de actividades diversas y padecen la misma obligación burocrática. Sus omisiones, su descuido o la creencia en su propia insignificancia -que, aunque no de manera frecuente, a veces se produce entre escritores- puede haberles dejado sin cumplimentar el plazo del 20 de abril. Pero por ello se verán reclamados con el 300% de las cantidades no entregadas. Y no sólo de aquellas que los compradores de sus textos les entregan, sino también de las que no les han entregado aún. Porque, y esto debe anotarse también, tales contribuyentes están obligados a adelantar el dinero que corresponde al IVA de las cantidades devengadas hasta ahora, aunque no las hayan recibido todavía. Y además deberán pagar coincidiendo con la entrega de una cantidad trimestral a cuenta del IRPF de 1986, cuando están también a punto de abonar la de 1985.

Vista la situación, algunas entidades profesionales están pidiendo a los escritores que adopten una actitud de resistencia pasiva y no se den de alta en la licencia fiscal, no acepten tampoco pagos sin IVA y no adelanten al fisco las cantidades no cobradas. Pero es un llamarniernto dudosamente eficaz. Ni estos profesionales son un grupo de presión capaz de inquietar a la Admínistración pública ni la huelga podría importar demasiado. Su única fuerza es la que se deriva de la racionalidad fiscal con la que solicitan ser tratados. Y esto debería bastar para que la Administración considerara sus argumentos, del mismo modo que lo hizo con otras profesiones reputadas de utilidad pública. Eludiría así la contradicción de que la producción de la cultura se encuentre, de una parte, exaltada y subvencionada por el Estado, y de otra, maltratada como ejercicio libre de un arte tradicional.

Puede que este caso no sea sino un eslabón más del entendimiento fiscal de la Admimistración socialista. Las clases medias progesivas deben soportar el peso de la exacción de tributos antes que enfrentarse a otros colectivos con mayor fuerza política o posibilidades de difuminar sus ingresos.