El presupuesto de la CE, en entredicho

Con el telón de fondo de la crisis presupuestaria de la comunidad europea (véase EL PAÍS de ayer), se presenta el contencioso del presupuesto actual. El autor recuerda que en la CE comparten la autoridad presupuestaria tres centros: la Comisión, que propone; el Consejo, que decide sobre los gastos obligatorios (casi el 80% del presupuesto), y el Parlamento, que establece los gastos no obligatorios (fundamentalmente las políticas estructurales). Para establecer el presupuesto definitivo se sigue un procedimiento de doble lectura, completado con la existencia de un sistema de concertación flexible para poder lograr el acuerdo final.

En al actual presupuesto no se ha logrado el acuerdo. Ello había ocurrido ya en 1980 y 1985, pero con características diferentes, porque en esta ocasión el Parlamento no ha rechazado el presupuesto, sino que lo ha aprobado superando su margen de maniobra. La consecuencia es que el presupuesto se encuentra en estos momentos recurrido ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.La raíz del problema reside, básicamente, en la actitud restrictiva del Consejo de Ministros, que supuso -en primera lectura- un recorte muy importante de los créditos para hacer frente a la ampliación y a la carga del pasado. En este trámite, el Parlamento reintrodujo casi íntegramente las cifras propuestas por la Comisión. En segunda lectura, el Consejo dio un tajo a la demanda del Parlamento de 1.128 millones de ECU, pero éste reintrodujo, al aprobar definitivamente el presupuesto, 475 millones de ECU.

El Consejo, con algunos Estados miembros, interpuso recurso ante el Tribunal de Justicia, el cual ha decidido, cautelarmente, que se ejecute de momento el presupuesto del Consejo. Ello ha supuesto una reducción del orden del 7,6% en los - créditos de compromiso y del 15% en los de pago.

Con ello se ha acelerado la crisis, sobre todo la del Fondo Social, que debe adelantar por imperativo legal el 50% del importe del proyecto. Además, al no estar afectadas las líneas presupuestarias por países, se corre el riesgo de que el recorte afecte por igual a todos, los que tienen ya proyectos y los nuevos miembros.

Pero hay otro aspecto del actual presupuesto que tiene importancia, y es el de la insuficiencia de los créditos previstos. El primer capítulo que se queda claramente corto es el correspondiente a los gastos agrícolas de garantía. El presupuesto está elaborado sobre la base de una cotización de un dólar equivalente a 1,20 ECU. La Comisión estima que cada 0,01 ECU de caída en la cotización del dólar supone un aumento de 100 millones de ECU para subvencionar las exportaciones. En la actualidad, la cotización se mueve en torno a un dólar = 1,04 ECU. En consecuencia, la Comisión estima las necesidades adicionales en unos 1.000 millones de ECU, suponiendo que se acepte su propuesta de precios y medidas conexas, que comportan ahorros y economías de gestión.

Y suma y sigue: la devolución al Reino Unido de unos 400 millones de ECU por necesidades adicionales correspondientes a 1984 y 1985, y la eventual reducción de los ingresos arancelarios consecuencia del adelantamiento de las rebajas arancelarias de la Ronda de Tokio, por importe de 200 millones.

A ello hay que añadir las necesidades de créditos suplementarios para garantizar el normal funcionamiento de los fondos estructurales, que han sido estimados por la Comisión en unos 1.169 millones de ECU (Fondo Social, 500 millones; Feder, 493 millones, y Feoga Orientación, 176 millones).

Gastos agrícolas

Dado que los gastos agrícolas son obligatorios, imprevisibles e incomprensibles, y que la decisión del Tribunal de Justicia, si se confirma en la sentencia final, supone una reducción respecto del presupuesto aprobado, se plantea el problema del límite de los recursos disponibles (que es del 1,4% de la base imponible del IVA). Por ello, la defensa que ha hecho el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo solicitando la presentación de un presupuesto suplementario que cubra íntegramente las necesidades de los fondos estructurales, es la que mejor puede garantizar su funcionamiento.Este tema no se discutirá sólo en Estrasburgo; las Cortes, como los demás Parlamentos nacionales, tendrán que debatir sobre la parte alícuota que corresponde a España en este crédito, y tiene gran importancia para España y Portugal a la vista de que una de las razones del desequilibrio financiero de los fondos estructurales es un incremento en los pagos previstos para el Feder para España y Portugal, que superan en 400 millones de ECU (54.000 millones de pesetas) las cifras anteriormente estimadas, y de que nuestra contribución a ese presupuesto suplementario será muy reducida como consecuencia del mecanismo financiero previsto en el Acta de Adhesión (alrededor de 4.000 millones de pesetas).

La prolija exposición anterior permite ver la crisis con que se enfrenta la Comunidad en su triple vertiente: la del enfrentamiento de los poderes comunitarios -en este momento, fundamentalmente, entre Consejo y Parlamento-; la existente entre los países miembros en el seno del Consejo, y la planteada entre fuerzas políticas, básicamente entre conservadores; democristianos y socialistas.

Lo que sí parece claro, como línea fundamental del debate en curso, es que, mirando más allá de la fría realidad de los números, el debate abierto en la CEE en estos momentos tiene una respuesta progresista en la exigencia de fortalecimiento de los fondos estructurales, que son el único instrumento político que puede garantizar una mayor igualdad en el seno de la Comunidad ampliada, más aún en la perspectiva del desarrollo del mercado interior. Ello exige, como contrapartida, que se produzca la necesaria reforma de la. política agrícola común, que ha llegado al límite de su lógica, generando beneficios extraordinarios; para las grandes explotaciones más productivas en los productos continentales más excedentarios. La política de estructuras y rentas preconizada -sin éxito- hace más de 15 años por el Informe Mansholt debe ser replanteada. para que la Comunidad sea coherente con las decisiones de avance y consolidación que se ha fijado en sí misma a plazo con el Acuerdo de Luxemburgo. Actuar en esta línea puede permitir que la crisis que se ha abierto en la CEE pueda tener una salida de consolidación. y avance de la misma.