El director de Universidades defiende que la ley de la ciencia permite a las autonomías desarrollar su propia legislación

Alfredo Pérez Rubalcaba, director general de Universidades, manifestó ayer en Palma de Mallorca, durante un coloquio, que la ley de Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, conocida como ley de la ciencia, no es una loapa específica (se refería a la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, declarada inconstitucional) que imposibilite que las Comunidades autónomas puedan desarrollar sus propias leyes en este campo.

El director generalizaba hizo estas declaraciones, durante una mesa redonda celebrada dentro del I Seminario sobre Tecnología, Información y Comunicación."El Estado pretende simplemente que la política científica del país tenga una cohesión general", añadió Pérez Rubalcaba. El director general de Universidades contestaba así a Nadal Batle, rector de la universidad de las Baleares, que había puesto su acento en el temor de que: la ley de la ciencia recorte competencias a los Gobiernos autonómicos, al adelantarse a la legislación de los diferentes Parlamentos, "como ocurrió con la lotería primitiva".

Pérez Rubalcaba resaltó que en España no ha existido nunca una ordenación de la ciencia, y que la necesidad de tomar opciones en esta materia es cada vez mayor. Agregó que los programas en investigación punta son muy caros, hasta el extremo de obligar a sobrepasar el ámbito de un Estado en muchos casos para poder financiarlos. A continuación, calificó esta ley como "muy liberal, entendiendo el término como opuesto a jacobino", e insistió en la misma línea argumental: "Se trata de una ley que centraliza muy poco; sobre todo si la comparamos con la legislación existente en Francia o la República Federal Alemana".

Alfredo Pérez Rubalcaba puso de manifiesto que no ha habido una ley de la ciencia en España, porque existe la tendencia tradicional de que cada ministerio haga su particular política científica. "Hasta ahora había, diez ministerios con competencias, con lo que se repetían funciones y el poco dinero de que se disponía encima se gastaba mal".

El director general se mostró preocupado por lo que puedan hacer las comunidades autónomas, muchas de las cuales tienen amplias o plenas competencias en materia de investigación. "Las comunidades autónomas nos han salido clónicas, es decir, están reproduciendo los; modelos, errores y divisiones tradicionales de la Administración central en este punto". Afirmó también que UCD intentó ya sacar adelante una ley parecida, pero las contradicciones entre los distintos partidos que la integraban lo imposibilitó. "Incluso ahora, con un Gobierno monocolor no ha sido un parto fácil".

Reticencias catalanas

Enric Trillas, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), expuso en el debate que "la Constitución obliga A que la Administración central se entienda con la periférica" y que, si se resuelven, los problemas económicos que la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) presenta, es lógico pensar que los diferentes Gobiernos autonómicos podrán llevar una política de investigación propia, sin perjuicio de que el Estado marque unas líneas generales.El CSIC, adelantó, tiene firmados acuerdos de cooperación con 13 comunidades, entre los que no figura Cataluña. "Con Gabriel Ferrater como responsable de la Comisión Interdepartamentaria de Investigación e Innovación Tecnológica (CIRIC), preparamos un borrador de acuerdo hace año y medio", explicó a este periódico Enric Trillas. "Sin embargo", añadió, "extrañamente no se llegó a firmar, supongo, porque la Generalitat intentó conseguir la transferencia de los centros que el CSIC tiene en Cataluña, que son una decena, de alta calidad científica, además de otros varios concertados". Y Enric Trillas añadió: Tstas transferencias no se han reafizado; porque el Estado piensa que, si lo hiciera, no podría desarrollar una política científica "

Enric Trillas considera que la nueva ley propicia un modelo de entendimiento. "Este entendimiento se ha dado recientemente con la Junta de Andalucía, que deseaba crear un Instituto de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Finalmente, el CSIC y la Junta han visto la posibilidad de aprovechar el Instituto de la Grasa ya existente para darle una visión actualizada y renovadora. Hace dos semanas hemos firmado el acuerdo colaboración".