La reforma de la financiación autonómica

LA NUEVA propuesta del Gobierno en relación a la financiación de las autonomías supone un avance en relación con el imperfecto sistema anterior. Su mayor cualidad reside en que no se trata de una fórmula definitiva, sino de un primer paso dentro de un proceso de descentralización económica.Aunque en el nuevo procedimiento que se propone persiste una parte de los defectos que descompensaban el sistema anterior, deben destacarse varios aspectos correctores positivos. La ventaja más significativa de la propuesta es el intento de aplicar los criterios de distribución de los recursos dando especial relevancia al volumen de población de cada comunidad autónoma. También resulta positiva la voluntad de objetivar más los criterios para la concesión de recursos y de automatizar sus canales, con lo que se aleja el peligro de decisiones arbitrarias. Cada vez una mayor parte de la financiación provendrá de un porcentaje fijo de participación en los presupuestos generales, lo que supone para las autonomías una disminución de la incertidumbre de los ingresos y les permitirá organizar sus programas de gasto a medio y largo plazo.

En la actual propuesta gubernamental permanece, sin embargo, aspectos discutibles: al cerrar a las autonomías la participación en figuras tributarias importantes como el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el IVA, no se introducen elementos de corresponsabilidad fiscal para esas Administraciones, que asumen el derecho a circular por la ruta del gasto sin necesidad de tener que recaudar. La no inclusión de las nuevas inversiones en el coste efectivo de los servicios transferidos supone, además, mantener un nivel limitado de autonomía en el gasto: seguirá siendo excesivo el volumen de dinero que pasará de las manos de la Administración central a las autonomías, con lo que el papel de éstas queda reducido al de mero intermediario ante los destinatarios.

Igualmente, el Gobierno ha demostrado una rara habilidad en la distribución del incremento de los 65.000 millones de pesetas previsto en el nuevo sistema entre las distintas comunidades, y de los que unos 32.000 millones se destinarán a Cataluña. Esto es debido a los desajustes previos existentes respecto a la financiación de la autonomía catalana, pero el hecho de conceder la mitad del aumento a esa comunidad y, por ejemplo, sólo una décima parte a Andalucía, puede ser interpretado de muchas maneras. Se podría acusar a este planteamiento de perseguir, de una sola tacada, dos objetivos: cerrar el paso a cualquier eventual recurso al victimismo por parte del Gobierno Pujol, y golpear a la operación reformista ante los electores andaluces.

En cualquier caso la propuesta supone un punto de partida aceptable para una discusión en profundidad del esquema definitivo de una financiación descentralizada a partir del hecho autonómico.