Cataluña recibirá el 50% de los 65.000 millones en que aumenta la financiación de las autonomías

Cataluña recibirá unos 32.000 millones de pesetas de los 65.000 en que se incrementará la financiación autonómica para 1987, según el borrador elaborado por el Ministerio de Economía, que será presentado para su aprobación el próximo día 24 a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que forman parte todos los consejeros de Hacienda de las autonomías. La Comunidad Valenciana recibirá cerca de 10.000 millones; Castilla-La Mancha, 4.300 millones; Andalucía, 3.500 millones, y Murcia, unos 2.500 millones. Aragón y Galicia recibirán unos 1.000 millones.

Desde una óptica estrictamente técnica se ha intentado primar, sobre todo, a las comunidades que padecían un mayor déficit financiero y contaban con un mayor peso de servicios transferidos, como es el caso de Cataluña y la Comunidad Valenciana.Sin embargo, también ha trascendido que han sido determinantes los criterios políticos en la distribución de este suplemento de financiación, que en última instancia ha sido negociado por el vicepresidente Alfonso Guerra, marginando en cierta medida los criterios de Economía, apoyados en numerosos estudios técnicos en los que han participado también varias comunidades. Hay que tener en cuenta que de los 250 folios que constituían el informe enviado al Consejo de Ministros el pasado 27 de diciembre, sólo una parte -unos 25- ha sido incluida en la propuesta. En este sentido, con la dotación a Cataluña del 50% de los nuevos recursos podría intentarse amordazar cualquier manifestación de tipo victimista por parte del Gobierno de Pujol en materia financiera. Por otra parte, queda en una situación francamente difícil el partido reformista, que acepta a la vez un trato tan distinto entre Cataluña y Andalucía, en visperas de elecciones autonómicas.

Otro objetivo encubierto podría consistir en suscitar un enfrentamiento entre Cataluña y el resto de las comunidades autónomas, que sustituiría el enfado actual de éstas con la Administración central.

La compleja fórmula prevista por el borrador imprime un mayor automatismo en la financiación de las comunidades, al canalizar un 80% -90% de los recursos por la vía de un porcentaje fijo de participación en los ingresos del Estado.También es significativa la introducción, por primera vez en los criterios de la financiación de las comunidades autónomas, del criterio que hace depender la distribución de los ingresos en función de la población de cada autonomía.