Jorge Banús, gerente de Prodiecu, acusado de un delito de contrabando

El abogado de Jorge Banús, gerente de la empresa Prodiecu, que permanece en la cárcel Modelo desde el pasado sábado, interpuso ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona un recurso contra el auto de prisión. Este juzgado ordenó la prisión sin fianza de Jorge Banús por un presunto delito de contrabando, denominación que recibe el comercio con productos estancados como las loterías.

El delito de contrabando, según el auto de prisión, se realizó supuestamente al vender boletos no autorizados por la ley de Presupuestos.

En el recurso interpuesto contra el auto de prisión se afirma, según manifestaciones de José María Stampa Braun, letrado defensor de los intereses de Prodiecu, que la ley de Presupuestos de diciembre de 1985, por la que el juzgado ha estimado la existencia de un posible contrabando en las actividades de la empresa Prodiecu, es inconstitucional por el hecho de considerar como contrabando la venta de boletos.

"En cualquier caso", subrayó este abogado, "la denominación que podría tener sería la de una posible falta administrativa pero no un delito de contrabando". El contrabando está penado por la ley con penas de prisión menor desde seis meses y un día a seis años. Respecto al recurso contra la prisión, el abogado cree que el juzgado se pronunciará esta semana.

Indemnización

Hasta la fecha, en el juzgado han declarado varios de los promotores y el director de Prodiecu, Andrés Rodriguez Rodriguez. El sábado pasado comparecieron también Banús, que después ingresó en prisión, y Fernández Buj, que quedó en libertad. Mientras tanto, los empleados de Prodiecu siguen vendiendo los boletos y continuarán haciéndolo, según declaraciones del letrado José María Stampa Braun.En opinión de Stampa estas personas minusválidas tienen el mismo derecho a la venta de boletos que los ciegos que venden los cupones de la ONCE.

La Generalitat de Cataluña ordenó el cese de las actividades de la empresa Prodiecu por considerar que se trataba de una rifa ilegal. Paralelamente, a mediados del año pasado, la ONCE interpuso una querella en el Juzgado de Guardia de Barcelona contra esta empresa, que posteriormente fue investigada por el Juzgado de Instrucción número 18.

En la querella se solicita el procesamiento de los promotores de la empresa Prodiecu por los presuntos delitos de apropiacion indebida y estafa. De igual modo, se requería el pago de una indemnización de 500 millones. Sin embargo, esta cantidad podía aumentar si a lo largo de las diligencias se estimaba que lo supuestamente estafado podía superar esta cantidad, según declaró Miguel Durán, delegado territorial de la ONCE en Cataluña.

La ONCE, acusación particular

La ONCE, que en la causa instruída es la acusación particular, sostiene que las actividades de Prodiecu son ilegales, puesto que utilizaba la infraestructura de la venta de cupones de ciegos. "La ONCE no tiene nada contra los vendedores de Prodiecu pero sí contra los promotores. De todas formas", matizó Miguel Durán, "la mayoría de ellos no son minusválidos, en contra de lo que afirman los promotores".Según el delegado territorial de la ONCE, "los directivos de Prodiecu pretenden confundir a la opinión pública provocando la conmiseración hacia los vendedores".