La guerra fantástica del País Vasco

EL GOBIERNO de Euskadi acaba de dar a conocer a la opinión pública un informe, redactado por cinco expertos extranjeros, sobre la violencia en el País Vasco. Si el encargo del informe fue recibido con escepticismo por la mayoría de las fuerzas políticas vascas -excluido el Partido Nacionalista Vasco- al conocerse sus conclusiones, las principales fuerzas pueden tender a leerlo ahora como reafirmación de sus teorías sobre la violencia y las soluciones que es preciso arbitrar.El resultado ahora conocido da la razón sólo en parte a quienes argumentaron que se trataba únicamente de una propuesta vacía de quienes deseaban acallar las voces que reclamaban una actuación inmediata para la resolución del cáncer terrorista. Ciertamente, de una primera lectura de las 250 páginas del informe se deduce la impresión de que se trata fundamentalmente de un catálogo de cosas ya sabidas e incluso de puras obviedades.

No es ninguna novedad la observación de que la existencia de una frontera cercana es importante para el desarrollo del terrorismo o que las instituciones autonómicas deben asumir un papel crecientemente protagonista en las campañas destinadas a minar la credibilidad de los violentos. En ocasiones, las opiniones vertidas por los expertos llegan al pintoresquismo, como es el caso de la recomendación de desarrollar una política museística en tomo a la identidad vasca en las principales ciudades de la comunidad. Esta ingenuidad puede, en ocasiones, ser sólo el precio a pagar por los beneficios que reporta una visión distanciada del problema, que es la que obligatoriamente poseen cinco expertos extranjeros. A veces, precisamente, una visión excesivamente pegada a los hechos no permite observar ni tan siquiera lo que es obvio.

De otra parte, la sensatez que en general preside las recomendaciones del informe no significa que su eventual aplicación vaya a ser considerada evidente por quienes tienen las responsabilidades y la misión de llevarlas a la práctica. Así, el énfasis con que el informe aborda la necesidad de la plena aplicación de las previsiones del Estatuto de Guernica respecto a la creación de una Administración judicial autonómica, o las recomendaciones sobre la estricta aplicación de principios constitucionales como el que prohíbe los tribunales de excepción y garantiza el derecho al juez natural. No deja de llamar la atención que no exista en todo el informe ni una sola mención a una legislación antiterrorista que ha sido motivo de todo tipo de debates e incluso recursos legales.

El aval que en términos generales otorga el informe a los planteamientos de la Administración vasca respecto a problemas como la plena aplicación del estatuto de autonomía no impide la advertencia de que el texto autonómico constituye la cubninación del proceso histórico hacia el autogobiemo vasco, desautorizando tanto la teoría de que se trata de un estatuto de mínimos como la que trata de acreditar que dicha norma legal constituye únicamente un paso previo hacia ulteriores metas, incluida la independencia. Si, por una parte, el informe refuerza en aspectos fundamentales las posiciones de la institución que lo encargó, de otra rechaza con no menos énfasis la utilización partidista e ideologizada, en muchos contenciosos cotidianos, que el PNV suele hacer de las tensiones entre las administraciones central y autonómica.

La principal virtualidad del informe es que, lejos de pretender dar la razón a unos u otros, constituye un instrumento de trabajo que permite, mediante un debate racional, aunar criterios de cara a un planteamiento unitario por parte de todas las fuerzas democráticas contra el terrorismo. La ordenación y catalogación de los temas y el subrayado de algunas cuestiones especialmente importantes constituyen algunas de las aportaciones positivas, puesto que permitirá contar con índices de temas a concretar y a resolver e introducirá mayor racionalidad política en el actual debate sobre la violencia en la sociedad vasca. Buen ejemplo de uno de estos elementos es el énfasis que ponen los autores del documento en la necesidad de no caer en "la trampa psicológica de convertir una guerra fantástica en una verdadera", con la consiguiente necesidad de actuar sobre la violencia desde un punto de vista civo y con una imagen civil, además de utilizar instrumentos democráticos.

Cabe observar, de otra parte, que las recomendaciones son interdependientes, en el sentido de que no cabe la aplicación de algunas de entre ellas sin tener en cuenta los condicionamientos que se derivan de las restantes. Antes de conocerse el documento se había difundido la especie de que la principal conclusión del informe era el rechazo del principio de la negociación. La inclusión entre las conclusiones de un pequeño párrafo en el que se afirma que, "además de los otros elementos de la estrategia" contra la violencia, existe una "opción de negociación", que nunca debe "excluirse como opción política", ha dado pie ahora a la versión contraria de que el documento recomienda la negociación. Ni una cosa ni otra se deducen del informe, fuera de la estricta no exclusión de la opción de negociación.

Ahora sólo resta esperar que, más allá de las capitalizaciones de los resultados del informe, indeseables, pero obvias en la lógica de actuación de las fuerzas políticas, este informe sea utilizado seriamente por todas las partes, Gobiernos central y autonómico incluidos, para aunar esfuerzos en una estrategia de todas las fuerzas democráticas destinada a la erradicación definitiva de la violencia.