El alcalde de Villaviciosa de Odón quiso impedir la ocupación de una residencia para toxicómanos
La Policía Municipal de Villaviciosa de Odón, por orden del alcalde, intentó impedir en la mañana de ayer, sin conseguirlo, que un grupo de cuidadores y 18 toxicómanos en rehabilitación ocupara tres chalés que el Gobierno regional ha destinado a comunidad terapeútica. El alcalde ha acusado al Gobierno regional de abuso de poder y el presidente de la asociación de vecinos no descartó que pudieran producirse problemas de orden público. María Gómez Mendoza, consejera de Salud, reveló ayer que advirtió al alcalde que, si persistía en su actitud, le denunciaría por un presunto delito de coacción.
En la mañana de ayer, 18 toxicómanos que llevan cuatro meses de tratamiento de rehabillitación se trasladaron, acompañados de un grupo de cuidadores, a tres chalés situados en el término municipal de Villaviciosa de Odón. Los jóvenes en rehabilitación tuvieron que abandonar un centro de la Dirección General de la Juventud, en Cercedilla, donde han estado alojados estos meses y, según la consejera de Salud y Bienestar Social, María Gómez Mendoza, la Comunidad no cuenta en estos momentos con ningún otro lugar.El alcalde de Villaviciosa, el aliancista Antonio Parejón, ordenó a la Policía Municipal que impidiera a los jóvenes descargar los muebles y ocupar los chalés. El Ayuntamiento negó en su día la licencia municipal para realizar obras interiores de reforma. Sin embargo, el Gobierno regional autorizó las obras, por entender que el proyecto de instalar una comunidad terapeútica tiene carácter de interés general y trasciende los puros intereses municipales, según lo dispuesto en el artículo 180.2 de la ley del suelo.
El Ayuntamiento presentó entonces un interdicto de paralización de obras en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Móstoles, y consiguió que el juez paralizara las obras, que no se han reanudado desde el 21 de marzo, según Gómez Mendoza.
El alcalde se presentó también en el lugar y manifestó a Eusebio Mejías, cordinador asistencial del Plan Regional de Droga, que no podían ocupar los chalés al haber un interdicto judicial de paralización de obras. La respuesta del coordinador fue que ellos no iban a hacer obras sino a ocupar unos locales propiedad de la Comunidad, al margen de que reunieran o no todas las condiciones de habitabilidad. De hecho, los jóvenes tienen que alumbrarse con linternas.
A lo largo de las cinco horas siguientes, y mientras discutían los responsables de la Comunidad, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, los jóvenes esperaron a conocer su destino inmediato sentados en la hierba. "Es un problema de solidaridad". "Vemos absurda esta oposición". "En Cercedilla no sabían ni que existíamos a pesar de que la residencia estaba en medio del pueblo". Éstas y otras frases parecidas eran el parecer de los afectados, cuya edad media es de 25 años. Al final, la Policía Municipal acató la orden del Delegado del Gobierno en Madrid y no puso más impedimentos, ante el grito de alegría y los vivas de los jóvenes.
"Abuso de poder"
El alcalde acusó ayer a la consejera de abuso de poder, de hacer caso omiso a un interdicto judicial, y de utilizar a los toxicómanos en recuperación para conseguir de hecho lo que no han podido conseguir por la vía legal. El Ayuntamiento, afirmó el alcalde, estudiará la posibilidad de presentar una demanda judicial contra María Gómez Mendoza por la ocupación de los chalés. Santos Morante, presidente de la asociación de vecinos del pueblo, se sumó a la opinión del alcalde y acusó al Gobierno regional de conducta antidemocrática. Morante no descartó que surgieran nuevos incidentes en tomo a la comunidad terapeútica, "porque muchos vecinos del pueblo están soliviantados. No es democrático", dijo, "ignorar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Villaviciosa, que se han mostrado totalmente contrarios a la existencia de la comunidad terapeútica en nuestro municipio".
Denuncia por coacción
Gómez Mendoza declaró que no ha habido abuso de poder, "por cuanto el Gobierno regional tiene competencia legal para conceder la licencia de obras", y las obras no se han continuado. "Los jóvenes", dijo, "se han instalado allí por motivos de fuerza mayor, porque no se podían quedar en la calle", y añadió que ha sido el alcalde quien ha cometido abuso de poder, al presentar un interdicto judicial basado en que las obras a realizar eran obra nueva -edificios con cimientos- cuando son simplemente reformas interiores.La consejera anunció que a mediados de abril se reunirá con el juez de Móstoles para demostrar este extremo y pedir que se levante la paralización. Asimismo, Gómez Mendoza advirtió ayer al alcalde que si persistía en su actitud obstruccionista le demandaría por un presunto delito de coacción.
En una conferencia de prensa celebrada ayer en la consejería, familiares de los jóvenes en rehabilitación se mostraron indignados por los incidentes de ayer. "Parece como si nuestros hijos tuvieran algún virus contagioso. Si llevan cuatro meses de tratamiento creo que merecen un poco de confianza", fueron algunas de sus opiniones.
A la conferencia de prensa asistió también un representante de Proyecto Hombre, entidad patrocinada por la Iglesia católica dedicada a la rehabilitación de toxicómanos, y que cuentan con un centro que alberga desde hace meses a unos 200 jóvenes en la calle Martín de los Heros, "en pleno centro de Madrid, sin que nunca hayamos tenido ningún problema con los vecinos de la zona", según afirmó dicho representante.
