Un proceso complejo

Santiago Brouard fue asesinado en su consulta de médico pediatra en Bilbao el 20 de noviembre de 1984. En un principio, autodenominados portavoces de los GAL se pusieron en contacto con diversos medios informativos para asumir la autoría del atentado, pero una persona con acento francés, que tambien dijo hablar en nombre de los GAL, negó en una llamada telefónica que el citado grupo fuera el autor del atentado. Más tarde se descartó esta posibilidad y se centraron las investigaciones en los grupos de extrema derecha.En relación con el asesinato, el 13 de diciembre del mismo año un juez de Bilbao dirigió dos oficios al Gobierno, a solicitud del fiscal encargado del caso Brouard, Emilio Valerio Martínez. El primero de los oficios iba dirigido al Ministerio de Defensa y en él se solicitaban datos de los tres servicios de información militares con el fin de cursarles nuevos oficios para la investigación. El documento fue remitido por el ministro de Defensa, Narcís Serra, al ministro de Justicia, Fernando Ledesma.

El segundo oficio judicial solicitaba a la Comisaría General de Información, dependiente del Ministerio del Interior, que se comentaran y estudiasen diversas hipótesis sobre los posibles autores del asesinato, así como que se investigara y analizase a servicios de información del Estado, entre ellos el Cesid y el de la Guardia Civil, sobre su posible relación con el atentado o su eventual conocimiento previo del mismo. El fiscal Emilio Valerio Martínez fue relevado del caso y sancionado por unas declaraciones en las que afirmaba que el asesinato de Santiago Brouard podría haberse evitado y que determinadas personas o instituciones podían tener conocimiento del atentado.

Tras la publicación en este diario de varias informaciones y editoriales en relación con este asunto, el ministro del Interior, José Barrionuevo, presentó el 27 de marzo de 1985 una demanda civil contra PRISA, empresa editora de EL PAÍS, y contra el director de este diario, Juan Luis Cebrián, por presunta vulneración ilegítima del derecho al honor de José Barrionuevo. El pasado mes de junio el juez de primera instancia número 16 de Madrid, Ernesto González Aparicio, desestimó la demanda.