Un juez británico se pronuncia hoy sobre la subasta de "La marquesa de Santa Cruz"

Un juez británico decidirá hoy sobre la demanda presentada por España en la que se solicita la declaración ¿te falsedad en los documentos de exportación del cuadro de Francisco de Goya La marquesa de Santa Cruz, cuya subasta por la galería Christie's debe celebrarse el próximo día 11 de abril. Pero todo parece indicar que, sea cual fuere el fallo del juez británico, la subasta seguirá adelante, tal como anunció hace unos días, la casa subastadora londinense.Lord Justice (su señoría), Brown-Wilkinson, vicecanciller de los High Courts (equivalentes a los juzgados de primera imstancia), declaró ayer, al final de la visita inzoada a instancias del reino de España, que la sentencia sería anunziada hoy, a las 11 de la mañana (hora española), en la sala 16 de la sede central de los Caurts of Law (tribunales de justicia civiles), situada al comienzo de Fleen Street en la city londinense.

El juez británico, que, contrariamente al procedimiento español, no instruye sumario, sino que CS informado por las partes en el curso de la visita, mantuvo, como es tradicional en la justicia británica, un diálogo con cada, uno de los abogados de las partes para pedir determinadas aclaraciones o hacer comentarios.

En uno de esos comentarios, su señoría -con su peluca blanca y su toga negra, corno el resto de los barristers (abogados)- manifestó (que, ante las alegaciones hechas en la vista de la causa que dio comienzo el pasado martes por la tarde, parecería como "si el Gobierno español desease parar la venta [del cuadro], pero no estuviese dispuesto a ' producir lo que es necesario de acuerdo con el procedimiento judicial para parar esa venta".

Y, en esta afirmación del juez, parece radicar la madre del cordero o el meollo de la argumentación española. El reino de España, en cuyo nombre está presentada la demanda de declaración de falsedad, pretende exclusivamente que el juez declare que los documentos de exportación son falsos. Sin embargo, no cuestiona la propiedad del cuadro a favor de lord Wimborne. En realidad, el Gobierno español no tiene ningún título de propiedad del cuadro y, por tanto, no puede pedir la interposición de un interdicto que pare la subasta.

El Gobierno español se conforma solamente con conseguir una declaración de falsedad en los documentos de exportación que hagan pensar dos veces a los posibles compradores antes de pujar por un cuadro cuya situación pretende que es ilegal.

Condena moral

España, a través de su representación legal encomendada al bufete de sir Matthew Farrer, uno de los solicitors más prestigiosos del país, y ejercida por el barrister (abogado que puede actuar en juicio), Mark Littman, pretende antes que otra cosa una condena moral, al carecer del correspondiente título de propiedad del cuadro, que nadie pone en duda pertenece a uno de los trusts o fundaciones Wimborne. Se tiene entendido que lord Wimbome, que ha asistido a todas las sesiones de la vista de esta causa, tiene intención de seguir adelante con la subasta sea cual fuere la decisión del juez hoy. Por su parte, la galeria Christie's, cuyo abogado en la vista, Christopher Clarke, parece estar de acuerdo con las alegaciones de la representación legal de lord Wimborne, ha introducido una serie de salvedades en su catálogo sobre el cuadro de Goya, en las que se hace constar las citadas alegaciones del Gobierno, español de que la exportación de la famosa obra de arte ha sido fraudulenta.

La vista de ayer resultó, como resultaron todas las anteriores, soporífera, con las partes dedicadas a exponer ante el juez la posible jurisprudencia sobre el caso. Atención especial mereció el caso de un refugiado político húngaro en el Reino Unido durante el siglo pasado que se dedicó a imprimir moneda húngara falsa para fomentar la revolución en el país, que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. El emperador austriaco pidió en aquella ocasión a los tribunales británicos la prisión y condena del refugiado, petición a la que los tribunales no accedieron por considerar que no tenían jurisdicción.

Miguel Satrústegui, secretario general técnico del Ministerio de Cultura, manifestó al término de la vista que el Gobierno español desea, sobre todo, que se reconozca la falsedad de los documentos de exportación y que se restablezca el buen nombre sobre la eficacia de la Administración.