Una supuesta connivencia nunca admitida

Las supuestas sospechas de relaciones entre la policía española y grupos armados anti ETA se vieron incrementadas en junio de 1985, cuando una serie de jueces italianos, franceses y españoles señalaron fundados indicios de' que los atentados insertos en la guerra sucia contra la organización terrorista vasca ETA eran organizados y pagados por determinados servicios de información españoles. Sin embargo, el Ministerio del Interior, a través del titular del departamento, José Barrionuevo, ha considerado siempre como una "calumnia" cualquier insinuación que relacione al Gobierno español con una hipotética guerra sucia.Uno de los informes en poder de los jueces referidos, elaborado por la Comisaría General de Información española sobre Giusseppe Calzona -miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL-, afirma que éste participó, junto con destacados neofascistas italianos, en atentados contra etarras en el sur de Francia.

Calzona afirma que mantuvo estrechas relaciones con Jean Pierre Chérid, miembro del Batallón Vasco Español y de los GAL -muerto en 1984 en Biarritz-, y que conoció el hecho de que Chérid "estaba trabajando para algún servicio del Gobierno", ya con los socialistas en el poder en España.

Estas declaraciones de Calzona fueron ratificadas por los familiares de Chérid (ver EL PAÍS del 22 de junio de 1984), que señalaron que el ex miembro de los GAL colaboraba con la policía española desde 1978. Los citados familiares solicitaron una indemnización al Ministerio del Interior tras su muerte.En el informe de la Comisaría General de Información referido se señala el relato que Calzona hace de su relación con los neofascistas italianos, comandados durante los primeros años de la transición por Steffano della Chiae, y sus atentados contra etarras en el sur de Francia.

Tras la detención de cuatro miembros de los GAL -Rousset, Morganti, Domange y Lambert- en Marsella en noviembre de 1985, tres de ellos declararon que fueron contratados por los servicios secretos españoles para llevar a cabo atentados contra miembros de ETA, según publicó el diario Le Monde.

En junio de 1984, Jean-Philippe Labade, presunto miembro de los GAL, mantuvo una entrevista con una grupo de personas que viajaban en un coche cuya matrícula había correspondido al cupo de placas automovilísticas utilizadas en años anteriores por la Brigada Regional de Información de la Jefatura Superior de Policía de Vizcaya. Julián San Cristóbal, director de la Seguridad del Estado, declaró a raíz de aquellos hechos que la matrícula había sido dada de baja para esos usos en octubre de 1983.

El 23 de noviembre de 1980, tres informadores policiales a sueldo cruzaron violentamente la frontera franco-española, minutos después de perpetrarse el atentado contra el bar Hendayais, donde murieron dos ciudadanos franceses y resultaron heridos otros diez.

En mayo de 1985, Manuel Ballesteros, ex comisario general de Información, negó ante la Audiencia Provincial de San Sebastián, que le juzgaba por un presunto delito de denegación de auxilio a la Justicia, conocer la identidad de los tres informadores policiales a sueldo que cruzaron la frontera francesa.Asimismo, Joaquín Gambín alias el Grillo, condenado a siete años por su relación con el caso Seala, en su comparecencia en junio de 1985 ante la Audiencia Provincial de Valencia declaró que dos hermanos franceses, antiguos miembros de la Organización del Ejército Secreto (OAS, grupo terrorista de apoyo a una Argelia francesa), pertenecían "al servicio de información".,

La descripción que dio de ambos hermanos apunta a Gilbert y Clement Perret, que han sido relacionados con los GAL por diversos medios de comunicación. Clement Perret murió asesinado el pasado mes de agosto en Castellón.

La organización terrorista ETA, mediante un comunicado anónimo, se responsabilizó de la autoría del atentado.

Interior niega

José Barrionuevo, ministro del Interior, negó ante el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado 4 de diciembre, que el Gobierno participe en una guerra sucia contra el terrorismo. En diciembre de 1983 el ministro amenazó con "exigir responsabilidades" si se producen acusaciones de este tipo.

Sin embargo, el juez de instrucción de Bayona (Francia), Gilbert Cousteaux, y la policía del País Vasco fíancés consideraron "insuficientes" en mayo de 1985 las explicaciones que dio el Gobierno español sobre los posibles contactos de un miembro de los GAL con la policía española.