El presunto jefe de un comando de los GAL figura en diversos sumarios como confidente

Ismael Miquel Gutiérrez, el presunto jefe de un comando de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) al que se le califica de colaborador de la policía en una sentencia de la Audiencia de Barcelona, ha sido, además, confidente habitual de determinados funcionarios de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Con el diminutivo de Isma o con su nombre de pila aparece citado en diversos sumarios como informador de la policía en las investigaciones realizadas sobre diferentes casos judiciales, unos sobre supuestos tráficos de droga y otros por contrabando, según se ha podido saber en medios allegados a la abogacía.

A pesar de sus probadas conexiones con la policía, Ismael Miquel no se refirió a ellas cuando el 12 de octubre de 1983 fue detenido por la Guardia Civil transportando 24,99 gramos de heroína que supuestamente debían servir de cebo en una operación de desmantelamiento de una red de distribuidores de estupefacientes. Tampoco hizo alusión a su labor parapolicial en las diligencias judiciales abiertas a raíz de este caso en el Juzgado de Instrucción número 9, según aseguró ayer el anterior titular de éste, actualmente destinado a un juzgado de primera instancia. Este magistrado asegura que una funcionaria de otro juzgado, al parecer compañera del detenido, se interesó especialmente por su situación y pidió llorando que no se le enviara a la cárcel.Este magistrado asegura que la Guardia Civil procedió a la detención de Ismael Miquel tras un confuso incidente acaecido en la carretera de Badalona a Mataró, donde fue tiroteado y herido un miembro del clan de los Jodorovich en represalia por el impago de un alijo de droga. Ismael Miquel permaneció durante un tiempo en prisión y fue puesto en libertad después de abonar una fianza de 150.000 pesetas.

En el registro que la policía efectuó entonces en un almacén situado en el barrio del Carmelo, de Barcelona, se localizaron numerosos aparatos de radioteléfono, cámaras fotográficas y teleobjetivos comprados en Andorra y trasladados ilegalmente a España. Por estos hechos a Ismael Miquel se le abrió un expediente en el Tribunal de Contrabando. Este almacén es propiedad del padre del huido, quien regenta un negocio de confección de ropa de señora en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona.

Juicio oral

Las relaciones de la policía con Miquel quedaron aclaradas públicamente en el juicio oral que se celebró contra el supuesto miembro de los GAL, en el mes de abril de 1985, en la Audiencia de Barcelona, y de ellas queda constancia en el acta de la vista, redactada por el secretario de la sala.En la vista, a la que se impidió el acceso a curiosos pese a ser pública, declaró en favor del acusado el entonces jefe del Grupo de Atracos de la Jefatura Superior de Policía, Emilio Monge, quien explicó detalladamente las labores de colaboración desempeñadas por Miquel.

A pesar de la convincente declaración de Monge -un funcionario que cuenta en su expediente con dos cruces rojas al mérito policial, una blanca, más de 120 felicitaciones públicas y varias heridas en acto de servicio- la fiscal Teresa Compte mantuvo la acusación y la petición de seis años de cárcel contra el procesado, según aseguró ayer a este diario la propia fiscal, matizando la versión de que había retirado la acusación. La declaración de Monge sirvió de fundamento, sin embargo, para, que la fiscal, sin llegar a retirarla, hiciera una exposición en favor del detenido.

La sala acabó redactando una sentencia absolutoria. De ese modo quedó documentalmente demostrada la conexión que existía entre el presunto miembro de los GAL con la policía.

La desarticulación del comando de los GAL en Barcelona, efectuada el pasado 14 de enero, así como la detención de sus componentes, provocó la perplejidad de algunos funcionarios policiales, que posteriormente se sintieron indignados ante la decisión de filtrar el nombre del responsable del grupo antiterrorista, por considerar que se transgredía el compromiso de confidencialidad y seguridad que se pacta entre el informador y el funcionario policial.