El precio de una imprudencia

Al margen de la imprudencia de enviar a Beirut, a través de su peligroso aeropuerto, a agentes de seguridad para custodiar la embajada de España el mismo día en que Madrid establece relaciones diplomáticas con Tel Aviv, el Gobierno español tiene parte de responsabilidad en el triple secuestro ocurrido el viernes por la tarde en la capital libanesa.Cuando el pasado mes de junio un comando extremista shií desvió a Beirut un avión de la compañía estadounidense TWA, exigió, a cambio de la liberación de los pasajeros norteamericanos, la puesta en libertad de los reos libaneses de la prisión israelí de Atlit y la excarcelación de otros dos correligionarios suyos que cumplen condena en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco por el frustrado asesinato, en septiembre de 1984, en Madrid, de un funcionario libio. Ésta es ahora, en principio, la principal condición puesta para liberar a los tres rehenes apresados anteayer.

Para salir en junio del apuro y tratar de desvincular el caso español del reto planteado por los piratas aéreos a Estados Unidos e Israel, Manuel Sassot entonces director general de Africa y Asia continental en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y el embajador de España en Beirut, Pedro Manuel de Arístegui y Petit, multiplicaron, a finales de ese mes, las declaraciones apaciguadoras.

Inspirados por sus superiores jerárquicos, ambos funcionarios dieron a entender que el Gobierno español podía concluir con el libanés un tratado de extradición o un simple acuerdo consular que permitiría a los prisioneros shiíes acabar de cumplir su condena de 23 años de cárcel en un centro penitenciario de su país de origen.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Felipe González, negó rotundamente en La Haya que estuviese dispuesto a hacer la menor concesión, pero, como era lógico, los familiares de los presos hicieron más bien caso a las vagas promesas formuladas por su interlocutor más inmediato, el jefe de misión español, que siguió escrupulosamente las instrucciones de Madrid. Al concluir el desvío del Boeing de la TWA sin que fuesen liberados los convictos de Alcalá Meco, Malimud Rahal, hermano de uno de ellos y principal artífice del breve secuestro de Arístegui en octubre de 1984, le llamó por teléfono a su residencia en los primeros días de julio, le reprochó el incumplimiento de la promesa y llegó incluso a amenazarle.

Arístegui informó entonces a Madrid, que le llamó inmediatamente a consultas y estuvo a punto de dejar al frente de la embajada en Líbano a un mero encargado de negocios, y puso también al corriente de lo sucedido a Nabih Berri, líder de la milicia shií libanesa Amal, que ordenó, según dijo, la detención preventiva por sus hombres del joven Rahal.

Este adolescente de 19 años de edad, al parecer, no estuvo retenido a partir de entonces por un período de tiempo superior a los cuatro meses, que pasó entre rejas, después de haber secuestrado en 1984 al embajador de España, y a finales de año ya estaba de nuevo, según fuentes fidedignas, en libertad con su imponente fusil de asalto de fabricación soviética Kalashnikov.

De regreso a Beirut a mediados de agosto, Arístegui, que logró convencer a su ministerio de que podía permanecer en el puesto a pesar del riesgo que corría, inició un complicado proceso burocrático con Berri, que es también ministro de Justicia, para que el líder de Amal solicitase por escrito a su homólogo español un acuerdo consular que permita transferir a los presos shiíes de Madrid a una prisión de Líbano, un país donde las cárceles están vacías.

A la pereza de la Administración española hay que añadir el caos que reina en la libanesa para explicar la lentitud del proceso en marcha, que, según preveía en noviembre Jorge Dezcallar, actual director general de África y Asia, no estará acabado, en el mejor de los casos, hasta dentro de un año.

No es tanto la lentitud de la burocracia como el mantenimiento de la familia de los secuestradores, por parte española, en la más absoluta ignorancia de los trámites que se estaban llevando a cabo para solucionar el asunto lo que exacerbó probablemente los ánimos del clan Rahal, incitándole, una vez más, a recurrir a la violencia contra súbditos españoles para conseguir que sean respetadas las promesas que les fueron dadas al empezar el verano de 1985.

Es evidente, sin embargo, que sola la familia Rahal no ha podido llevar a cabo una operación de tal envergadura, que incluso en una ciudad sin ley, como lo es Beirut, requiere una preparación y una información previa, como, por ejemplo, el acceso a las listas de pasajeros con reservas que volaron el viernes de Madrid a Beirut en el vuelo directo de las líneas aéreas libanesas, MEA.

Es muy probable que aquéllos que han brindado un apoyo externo a los familiares han intentado hacer coincidir una acción dirigida contra los intereses españoles, que ha resultado ser el secuestro, con la fecha del establecimiento de relaciones entre Madrid y Tel Aviv para hacer llegar así una advertencia a las autoridades españolas.