El sector público alarga los plazos de vencimiento de su deuda en pesetas a costa de los tipos de interés

El Estado y los organismos públicos han iniciado en la última etapa del año una política de emisiones de renta rija que tiene como objetivo prioritario alargar el plazo de vencimiento de la deuda, aunque eso suponga reducir en menor medida de lo que se podría el tipo de interés de esas emisiones. La Administración ha logrado para 1986 un fuerte descenso de los costes financieros, a través sobre todo de la caída de los tipos de interés de los pagarés del Tesoro, y ahora trata de alargar el plazo de amortización del resto de las emisiones para impedir renegociaciones de volúmenes importantes de títulos.

La estructura de la deuda pública en pesetas, centrada especialmente en los pagarés del Tesoro y en menor proporción en bonos del Tesoro (hasta ahora a dos años de amortización), deuda desgravable (tres o cinco años) y obligaciones del Estado (a seis o más años de amortización) provoca tensiones cada vez que vence una cantidad importante de pagarés que tienen que ser recolocados entre las instituciones financieras y los ahorradores particulares.La baja de tipos de interés permite que el Estado, preocupado por la creciente carga de intereses de su deuda, trate de obtener sus recursos financieros mediante emisiones a corto plazo que le garantizan costes menores.

Pero esta política, comprensible dado el volumen global de la deuda interna, choca con problemas de renovación de fuertes volúmenes de títulos, lo que provoca distorsiones en los mercados monetarios, y con la rentabilidad decreciente de estas emisiones para las instituciones financieras que ven cómo se estrechan sus márgenes por tener ciertas dificultades para reaccionar ante las nuevas situaciones del mercado.

Los avances que periódicamente presentan los bancos extranjeros en cuanto a cuota de mercado por las variaciones de tipos de interés, aprovechándose de la baja con mayor celeridad que la banca nacional y no abandonando sus nuevas posiciones cuando cambia la tendencia, se explica por la lentitud de la banca nacional.

Esta situación es la que está forzando a la Administración a alargar el plazo medio de amortización de la deuda interna, además de proporcionarle un mercado con menores tensiones. Para ello inició primero una política de alargamiento de los pagarés del Tesoro, reduciendo las emisiones a seis meses y un año de vida hasta su desaparición para hacer subastas a 18 meses.

Mercado secundario

Posteriormente se procedió a la creación de un mercado secundario de deuda pública y obligaciones del Estado, de volúmenes reducidos todavía pero con unas perspectivas importantes de crecimiento, máxime cuando el Banco de España está interviniendo para facilitar liquidez.Los anuncios de emisiones de fin de año del Estado, la deuda desgravable y los bonos del Estado muestran esta tendencia a la ampliación de los plazos de amortización. La deuda desgravable se ofrece a tres o cinco años, con un tipo de interés del 11,50%. y el 15% de bonificación fiscal. Los bonos del Estado, que hasta ahora habían salido a dos años de amortización han visto ampliado su período de vida hasta tres o cinco años también con una rentabilidad del 11,70%. Esta rentabilidad es bastante baja si se tiene en cuenta la de las emisiones iguales en plazo que suelen tener tipos similares y contar con la desgravación fiscal adicional que proporciona cuando menos un punto más.

Ello sólo puede significar que ha habido una falta de planificación en la Dirección General del Tesoro a la hora de establecer los tipos de interés de sus emisiones, haciendo que coincidan dos clases de títulos en plazos, o que ésto es sólamente el primer paso para un alargamiento claro de la vida de algunos de estos títulos que, para gozar de beneficios fiscales, tendrán que estar en poder de los tomadores durante más tiempo.

Las conversaciones que tienen lugar entre las instituciones financieras y el Ministerio de Economía y Hacienda para convertir los pagarés del Tesoro en poder de los bancos en emisiones a largo plazo obedece a la misma política de alargamiento y, de hecho, los pagarés estarán destinados, en su mayor parte, a los ahorradores privados y muy especialmente al dinero negro.

Con ello, el Gobierno alcanzará su objetivo de aflorar la mayor parte de este dinero oculto y lo penalizará ofreciendo una rentabilidad por debajo de la de mercado, que equilibre, al menos en parte, su opacidad fiscal. El círculo iniciado hace dos años se cerrará de esta manera y se conseguirán los objetivos de tener menores problemas a la hora de refinanciar el déficit público, mantener las cuentas de resultados de las instituciones financieras a reasguardo del riesgo de intereses y tener controlado de alguna forma el importante volumen de dinero negro existente.