El reto de la integración en la CEE

La economía española, que sigue padeciendo problemas estructurales graves (déficit público, rigidez del mercado de trabajo, inadecuada reindustrializ ación, intervencionismo financiero, etcétera), está amenazada en estos momentos por importantes peligros coyunturales (posible rebrote inflacionario, estancamiento de las exportaciones, del consumo interior y de la reinversión privada, etcétera) y se enfrenta, al mismo tiempo, al reto y a las consecuencias de la integración en las Comunidades Europeas.Todo lo anterior exige el mantenimiento de una severa política económica, exige un esfuerzo para adaptar nuestra economía a la integración en las Comunidades Europeas y exige estimular de una manera decidida la inversión privada facilitando las condiciones a tal fin y atacando directamente las causas por las que el empresario no invierte.

La economía española ha alcanzado unos graves niveles de deterioro. Su salida se vislumbra difícil, y en ningún caso a corto plazo. Por ello consideramos preciso trabajar para el medio plazo sin comprometerse por efectismos a corto. O, en otras palabras, tener un gran cuidado en que las exigencias y alegrías de tipo político no dejen subordinados los graves problemas económicos del país.

El principal problema de la economía española sigue siendo el déficit público y su resistencia a la baja, debido a la persistencia de factores que obligan al Estado a hacerse cargo de una parte de los costes de la crisis en forma de transferencias de renta a familias (seguro de paro, etcétera) y a empresas (subvenciones de capital y explotación, etcétera); al aumento de la carga financiera, que supone ya tres puntos sobre el producto interior bruto (PIB), y a factores estructurales.

Actuar por la vía de los ingresos es difícil, porque la presión fiscal es ya muy elevada. El margen de actuación se centra, pues, en la actuación desde el gasto, a base de reformar y racionalizar la Administración, reformar y racionalizar la Seguridad Social y reformar la empresa pública, a través de la vía iniciada de la reprivatización, que parece la más adecuada.

La reconversión no está acabada. De acuerdo con los últimos datos disponibles, el ajuste laboral necesario se ha efectuado sólo en un 70%, excepto en construcción naval y siderurgia integral, en que sólo es del 50%. El principal problema radica en diseñar una política de reindustrialización, para lo cual es necesario favorecer una mayor apertura al capital extranjero e incentivar la formación de consorcios y joint-ventures en programas de investigación a nivel internacional, así como aumentar los recursos para innovación e investigación.

Además, se está agravando la intervención sobre el sistema financiero por la vía de aumento de coeficientes (debido a las necesidades de financiación del déficit público). En un momento en que en todo el mundo occidental se están produciendo procesos intensos de innovación financiera, España corre el peligro de quedarse retrasada una vez más.

Ello obliga a incrementar el grado de internacionalización y apertura al exterior de nuestro sistema financiero, a reducir el intervencionismo (vía coeficientes, sobre todo) de las autoridades económicas en el proceso de asignación de recursos financieros y a mejorar la supervisión bancaria, cuyos defectos se han puesto de manifiesto ante una crisis que ha afectado a más del 20% de los depósitos del sistema bancario.

Adaptación

El objetivo último que se ha de perseguir con la adaptación de nuestra economía a las Comunidades Europeas es el de permitir que la empresa española pueda competir en igualdad de condiciones con la empresa de la CEE, o, lo que es lo mismo, que nuestra empresa pueda responder al fuerte esfuerzo competitivo al que se verá sometida. Esta adaptación exige ante todo terminar con la excesiva rigidez que sigue mostrando nuestro mercado de trabajo.

Flexibilizar nuestra legislación laboral resulta una necesidad ineludible de la sociedad, si se quiere además hacer frente con eficacia a sus problemas de paro. En este sentido hace falta desarrollar el artículo 17 del Acuerdo Económico y Social (AES), y es de lamentar que en las últimas medidas que han afectado a la flexibilización de otros mercados -alquileres, horarios comerciales, etcétera- no se haya aprovechado la ocasión para dar un paso adelante en la flexibilización del mercado laboral.

En todo caso, insisto en que resulta necesario mejorar la movilidad y facilitar y reducir el coste del despido con carácter general.

Urge también acelerar la reducción del coste de la Seguridad Social sobre las empresas para situarlo a un promedio comunitario.

Este tema resulta prioritario, teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar una estructura de coste comparativa con las empresas de la Comunidad Económica Europea. La cuota empresarial de la Seguridad Social constituye una especie de impuesto sobre las nómimas, y como tal, crea paro y no puede devolverse al exportar un bien.

Su no devolución en la exportación -pues no es un impuesto indirecto- constituye un tema especialmente importante cuando habrá que eliminar apoyos implícitos en la desgravación fiscal a la exportación por la introducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA).

Resulta necesario potenciar todos los ámbitos de acción en materia de exportación, pues sobre el comportamiento de la exportación española ha recaído -y es de esperar siga recayendo en gran medida, si no se produce un inesperado incremento del consumo privado y de la formación bruta de capital- el peso principal M sostenimiento y expansión de la actividad económica.

Es necesario atender a la componente inflacionista que se derivará de la adhesión por la aplicación de mecanismos comunitarios y aproximación de precios, así como por la introducción del IVA, lo que tiene que comportar medidas concretas de carácter compensatorio.

Y, finalmente, en materia de preparación no puede ignorarse el reducido plazo disponible para facilitar a las empresas la información necesaria sobre las modificaciones y adaptaciones que deberán introducir en muy pocos meses -de índole legislativo, económico, comercial y administrativo-, como consecuencia de la integración de España a las Comunidades Europeas.

Urge, por tanto, acelerar de inmediato programas de información coordinados institucionalmente, con calendarios, materias y procedimientos muyRerfilados, de modo que todas laslempresas dispongan de un marco informativo claro y preciso.

Actuar enérgicamente

Además de los factores señalados con anterioridad (rigidez laboral, Seguridad Social, presión fiscal, etcétera), que frenan al empresario en sus iniciativas inversoras, resulta preciso considerar otra serie de factores que también inciden negativamente en la actitud del empresario de cara a la inversión y que, por tanto, necesitan también ser abordados.

La postura psicológica del empresario, después de 10 años de crisis con costes muy elevados, no propicia un nuevo relanzamiento, cuando además el clima de incertidumbre reinante es elevado (incertidumbre CEE, incertidumbre política, incertidumbre ante la aplicación del impuesto sobre el valor añadido).

El empresario teme no encontrar demanda suficiente para sus productos a la hora de lanzarse a nuevas inversiones. (La demanda de consumo no termina de recuperarse, y las exportaciones han disminuido en términos reales en el primer semestre de 1985.)

Ha disminuido la capacidad utilizada en relación con las previsiones al respecto, lo que desalienta las inversiones que incrementan la capacidad de producción.

Costes reales

Los costes reales por hora de trabajo han aumentado en 1984, siguiendo la tendencia de años anteriores. El coste empresarial horario es el factor decisivo para motivar la inversión.

Por otra parte, el que en un año disminuyera ligeramente el coste por hora del factor trabajo -lo que no ha ocurrido- no sería suficiente para compensar las fuertes elevaciones de los años anteriores. (En 1984, las ganancias medias por hora se incrementaron en el 12,6%. Aunque las cotizaciones de la Seguridad Social por hora hubiesen sido las mismas (11,6%), resultaría que el coste laboral horario de trabajo habría crecido más que el deflactor del PIB (11,3%).

Además, la tasa de rentabilidad de los recursos propios (5% antes de impuestos en 1983 y 8% en 1984) está por debajo M rendimiento de muchos activos financieros. En este caso parece bastante comprensible que el empresario invierta en estos activos y no en la empresa.

Y, por último, la presión fiscal constituye un elemento claramente negativo para la inversión privada. Especialmente en lo que se refiere a buena parte de su regulación actual, desincentivadora de la inversión.

Por ello habría que adoptar medidas dirigidas al fomento de la inversión, facilitando y aumentando las desgravaciones por este concepto y dando un tratamiento fiscal al tema de las minus y plusvalías completamente distinto al programado últimamente.

Pienso que si no se siguen estas líneas en lo económico difícilmente podremos superar los problemas actuales, y menos aún acometer con éxito nuestra integración en las Comunidades Europeas.

José M. Figueras es presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio e Industria de España.