Espías y ladrones

RESULTA INADMISIBLE que el secuestro frustrado de Manuel Antonio Sánchez Pérez -un alto funcionario del Estado cubano- en pleno centro de Madrid pueda ser archivado por el Gobierno español tras la expulsión de los cuatro miembros de la representación de Cuba que realizaron -pistola en mano y a plena luz del día- la criminal intentona. Como ya dijimos (véase EL PAÍS de 15 de diciembre), la decisión ministerial de reclamar al juzgado de instrucción la entrega de los responsables directos del incidente para ponerlos inmediatamente en la frontera fue lamentable. De un lado, la precipitada medida gubernativa ha privado a la opinión pública de la posibilidad de obtener una información completa sobre lo sucedido; de otro, la resolución de sustraer a los acusados de la acción de los tribunales desdice de la capacidad de la justicia española para conocer de los delitos cometidos en nuestro territorio.Tal vez nuestras autoridades creyeron que la expulsión de los cuatro agresores (de los cuales sólo el vicecónsul tenía derecho a la inmunidad diplomática, y el juez estimó que ni aun él, dadas las circunstancias) constituía la salida menos comprometida para un conflicto en el que andaban en juego las relaciones internacionales y los intereses de una nación extranjera. Pero el respeto debido a las normas jurídicas y a las reglas de una ordenada convivencia no ha sido preservado, en cambio. Aunque el artículo 21 de la ley de extranjería admite la posibilidad de una dejación de jurisdicción y permite la expulsión gubernativa de extranjeros en casos de delitos menos graves, no está claro que el secuestro frustrado de Manuel Antonio Sánchez Pérez, susceptible de ser calificado como un delito de detención ilegal (castigado con la pena de prisión mayor, que oscila entre seis años y un día y 12 años), pueda entrar en la categoría de menos grave. El juez Bento, que atendió a la petición del Gobierno, no está a salvo de la crítica en este caso. La opinión pública y el Parlamento tienen derecho a una explicación. Y las revelaciones de la propia víctima del suceso que hoy publica EL PAÍS ponen de relieve que ésta será casi imposible, toda vez que el Gobierno se ha dedicado a escamotear de la escena a los principales actores, que podrían corroboraro desmentir ante el tribunal la versión del agredido.

Por otra parte, una insólita nota de protesta dada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, que adoptaba el papel de ofendido y acusaba al Gobierno español de asociarse con "un vulgar ladrón" y de brindar amparo a su "imnoral conducta", fue rechazada con plena lógica por las autoridades españolas, que denunciaron las afirmaciones falsas" y las "calificaciones intolerables" de su contenido. Pero las declaraciones del funcionario asilado y agredido indican que, al margen de la intemperancia del Gobierno de La Habana y de lo inadmisible del intento de secuestro, cabe cuando menos un margen de duda sobre el fondo real de esta historia. Quede, sin embargo, claro que, aun si el alto funcionario hubiera decidido exiliarse con el único propósito de apoderarse ilícitamente de unos fondos de su Gobierno, nada puede justificar a esos cuatro miembros de la representación cubana en España que decidieron asumir la cuádruple condición de legisladores, policías, jueces y carceleros de un compatriota sospechoso de un delito contra la propiedad.

La Embajada cubana debería haber puesto el caso en manos de la policía y no tenía necesidad -ni, por supuesto, el derecho- de utilizar matones. El anuncio de que las autoridades cubanas, una vez frustrado el secuestro de Manuel Antonio Sánchez Pérez, se proponen solicitar su extradición, acusándole de haberse apoderado de fondos de una cuenta bancaria a la que recientemente se había transferido medio millón de dólares, se compagina mal con el poco respeto a las normas jurídicas por parte de quienes resolvieron sustituir la aplicación de la ley por la acción directa de un comando. Y, con independencia de las previsiones del tratado de extradición firmado entre ambos países, sorprende todavía más que el Gobierno de La Habana pretenda que sean los jueces de su país, y no los tribunales españoles, quienes conozcan de un supuesto delito perpetrado en nuestro suelo.

En declaraciones a EL PAÍS, Manuel Antonio Sánchez Pérez ha negado el extendido rumor de que formaba parte de los servicios secretos cubanos. Su decisión de expatriarse se debería, según él mismo dice, a profundas discrepancias con el sistema castrista y a los deseos de escribir en libertad una investigación sobre el modelo económico cubano. Pero también reconoce su intención de servirse de ese medio millón de dólares -fruto de comisiones comerciales que según él le pertenecen- para vivir en el exilio mientras acomete esa tarea. Sánchez Pérez parece haber tardado casi 20 años en darse cuenta de la falta de libertades imperante en Cuba y de la imposibilidad de instrumentar una oposición política al castrismo. Otros necesitaron menos tiempo, pero no se encontraron en su exilio, como él, con más de 70 millones de pesetas. O sea, que el Gobierno español haría bien en instrumentar una investigación en torno a las verdaderas claves del asunto. Pero en realidad esta investigación va a ser imposible porque los agresores del ahora acaudalado exiliado político fueron enviados a La Habana por la vía más rápida posible.