El Defensor del Pueblo pide datos a Barrionuevo sobre el desaparecido
Dos funcionarios de la oficina del Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, visitaron ayer el cuartel de Intxaurrondo, donde fue interrogado Mikel Zabaltza Gárate, la madrugada del día 26 de noviembre y desaparecido desde ese día tras burlar, supuestamente, la vigilancia de los guardias civiles que le custodiaban. Asimismo anoche estos funcionarios se entrevistaron con la familia y la novia del joven desaparecido. El Defensor del Pueblo ha pedido al ministro del Interior, José Barrionuevo, información sobre lo sucedido y ha comunicado al presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, el inicio de esta investigación, al haberse podido producir una situación de malos tratos en aplicación de la ley Antiterrorista.En la noche del pasado martes el Defensor del Pueblo envió a San Sebastián a dos asesores, horas después de conocer por los medios de comunicación las declaraciones de la novia de Mikel Zabaltza según las cuales había visto a su compañero con una bolsa de plástico en la cabeza y posteriormente en una camilla. El Defensor del Pueblo, tiene el mandato del Parlamento de emitir informes sobre malos tratos que pueda darse en aplicación de la ley Antiterrorista. Hasta el momento en la institución no se tiene un juicio sobre el caso dado que los dos funcionarios desplazados a Euskadi aún no han regresado y tan sólo se han producido breves conversaciones telefónicas con el Defensor.
"Hasta ahora se han entrevistado con el juez instructor, del que han tenido toda la colaboración así como la del gobernador civil de San Sebastián. A estas horas estarán seguramente con la familia de Mikel Zabaltza", informó anoche el adjunto al Defensor del Pueblo, Álvaro Gil Robles. En la mañana de ayer los dos funcionarios visitaron el cuartel de Intxaurrondo. "No se ha ido al cuartel con ningún ánimo acusatorio, sino para recabar información sobre los hechos ya que algo tendrán que decir", dijo Gil Robles. Ésta es la primera vez que la institución interviene en la aplicación de la ley Antiterrorista. Las conclusiones de los dos asesores serán enviadas al Congreso.
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