Desaparecido

EL CASO del presunto etarra Zabaltza, misteriosamente escapado de las manos de unos guardias civiles, ahora acusados de torturas contra el detenido, se ha instalado en la conciencia del País Vasco y de los españoles como una sombra ominosa del recuerdo de los llamados desaparecidos en el Cono Sur de Latinoamérica. Con frecuencia las crisis organizativas, políticas o ideológicas de ETA han resultado aliviadas por algún suceso favorable al estrechamiento de filas dentro del nacionalismo radical y propicio para el relanzamiento de las acusaciones contra los aparatos estatales de seguridad. El asunto Arregui, tras el brutal asesinato del ingeniero Ryan; la matanza de Almería, perpetrada pocos meses después del golpe del 23 de febrero, y las denuncias de torturas en dependencias gubernativas, constrastadas ocasionalmente por los tribunales, figuran en esa relación de hechos que esgrimen, para autojustificarse, quienes siguen la senda del terrorismo. El tema que nos ocupa, si no es rápidamente aclarado, jugará el mismo papel.Las circunstancias en las que Mikel Zabaltza -detenido por la Guardia Civil bajo la acusación de colaborar con ETA- desapareció mientras era conducido por las fuerzas de seguridad a practicar una diligencia, amenazan con nutrir uno de esos casos que arrojan vergonzosas sospechas sobre el comportamiento de las autoridades del Estado. Las contradicciones del relato oficial son demasiado notorias, y sólo la reaparición -sano y salvo- del joven permitiría disipar las dudas existentes. En su defecto, las diligencias practicadas por el juez de instrucción de San Sebastián podrían contribuir a iluminar ese suceso, protagonizado -para decirlo en palabras del obispo Setién- por "un joven desaparecido en forma extraña, no suficientemente esclarecida todavía, precisamente cuando se hallaba en manos de los más directamente responsables de asegurar el orden público y defender los derechos inviolables de todas las personas, sean cuales fueren las sospechas que sobre ellos puedan recaer".

El suceso se ha producido precisamente cuando los medios de comunicación se hacían eco de contactos o diálogos con la dirección de ETA para buscar una salida pacífica a la situación. Cualquier acontecimiento que detenga o que invierta esa tendencia hacía la paz no sólo merece la condena por su repugnante violación de los derechos humanos, sino que además constituye indirectamente una complicidad objetiva con los terroristas. No es preciso recordar lo que el PSOE dijo e hizo con ocasión del caso Arregui o del caso Almería. Deseamos firmemente que Zabaltza aparezca con vida y se aclare la situación, así como también las acusaciones de tortura y las responsabilidades de los guardias que detuvieron al sospechoso. La dignidad del Estado, la credibilidad del Gobierno y la moralidad de la democracia no pueden coexistir con los desaparecidos.