La Generalitat dio marcha atrás en su proyecto de decreto

El decreto de la Generalitat que regula la ley de Incompatibilidades en Cataluña entró en vigor en pasado día 4 de diciembre y no dificiere sustancialmente respecto al dictado por el Ministerio de Sanidad para el resto de España, a pesar de que inicialmente se había redactado un proyecto original considerado como escandaloso por diversos estamentos sociales, que hacía compatibles prácticamente todos los actuales pluriempleos.Este proyecto original declaraba que podían compatibilizarse en el sector público dos empleos de jornada reducida y establecía como jornada reducida la que no superase las 37,5 horas semanales. En la normativa estatal se consideraba jornada reducida la de 30 horas semanales como máximo.

El texto del proyecto original fue publicado por EL PAÍS cuando se estaba negociando de forma soterrada con el Colegio de Médicos de Barcelona y su divulgación provocó una fuerte reacción en contra por parte de diversos estamentos sociales, entre ellos la importante Federación de Facultativos del Instituto Catalán de la Salud, organismo al que pertenece el 85% de los médicos que trabajan en los hospitales de la Seguridad Social. En idéntico sentido se manifestó la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, de tendencia progresista, además de los partidos y sindicatos de izquierda.

Estos colectivos médico consideraban que el decreto no sólo no frenaba el pluriempleo sino que en la práctica lo fomentaba. En su opinión, el proyecto de decreto significaba además un bastón en las ruedas de las anunciadas reformas de la asistencia primaria y hospitalaria, cuyo objetivo debía ser, en teoría, formentar la dedicación plena de los facultativos a un sólo centro de trabajo.

Proyecto congelado

La reacción provocada por la divulgación del texto obligó a la Generalitat a congelar su tramitación, pero el estamento médico quedó dividido en dos corrientes: una, que presionaba para que se mantuviera la jornada reducida de 37,5 horas semanales, representada sobre todo por el Colegio de Médicos barcelonés, cuyo presidente, Ramón Trias i Rubies, pertene al partido que gobierna la Generalitat (Convergència Democrática de Cataluña); la otra, representada por la Federación de Facultativos del ICS y la Asociaciación en Defensa de la Salud Pública, propugnaba que la jornada reducida no superase las 30 horas semanales. A estas reacciones se sumó el anuncio de que el Gobierno podría presentar recurso de inconstitucionalidad si se mantenía el proyecto de decreto original.El resultado final ha sido la publicación de un decreto que no difiere en lo sustancial de lo establecido por el Ministerio de Sanidad. El Colegio de Médicos de Barcelona, sin embargo, no se ha pronunciado todavía sobre la propuesta de la Organización Médica Colegial de no comunicar a la autoridad sanitaria los empleos en que trabajan, pero al Generalitat espera que los colegios catalanes no secunden la campaña de la OMC. El hecho de que la cúpula colegial pertenezca al partido que gobierna la Generalitat hace prever que no se producirá el enfrentamiento.