No hay política sin riesgo

No hay política sin riesgo: optar por tomar las decisiones que cuentan de antemano con el respaldo social puede ser el camino más corto al desastre o, más modestamente, la forma más sencilla de crearse grandes dolores de cabeza. Un excelente ejemplo lo ofrece la ley de despenalización del aborto introducida por el Gobierno socialista. Como es bastante sabido, se optó por una ley de indicaciones, en vez de una ley de plazo, en contra de lo que ha mostrado ser la norma en los países europeos de nuestro entorno. Y se hizo así porque una encuesta presentaba a una mayoría de los españoles favorables a la despenalización en los tres supuestos incluidos en la ley -violación, malformación, riesgo de muerte para la madre-, mientras que no existía mayoría a favor de una despenalización más amplia.Se ve así cómo las encuestas y las mujeres pueden conducir al hombre, y sobre todo al político, a la ruina. La ley, que teóricamente reflejaba el consenso social, nació en medio de las más tempestuosas manifestaciones de la derecha española, que no supo valorar esa voluntad de consenso y dio rienda suelta, sobre la base de extrañas supersticiones animistas, a sus peores instintos de intolerancia. Los mogoles de la medicina, por su parte, están haciendo todo lo que de ellos depende para boicotearla, incluyendo las presiones sobre los médicos jóvenes y la negativa a atender en su convalecencia a las mujeres que han sufrido una interrupción voluntaria del embarazo.

Y ahora, para que no falte nada, las comisiones pro aborto se han echado al monte y han realizado, en un acto público de desobediencia civil, dos abortos ilegales en Barcelona. Ha habido mucha alharaca con lo sórdido de los hechos, con su conveniencia o inconveniencia, pero no hay que hacerse ilusiones. El mundo está lleno de mujeres un poco sórdidas e inconvenientes, y así puede muy bien suceder que hechos como los de Barcelona se sigan produciendo. A estas alturas, todos deberíamos saber ya que regañar a las mujeres es tiempo perdido.

Lo peor no es eso, sin embargo. Lo más grave es que esta ley es abiertamente insuficiente respecto al problema social que lleva a muchas mujeres a abortar. Las mujeres abortan porque no desean tener un hijo con un señor al que ya no quieren, o porque se sienten incapaces de conservar la cordura, o de mantener la casa si tienen un hijo más, o por razones imprevisibles en muchos casos, pero casi nunca recogidas en los presupuestos de la ley. Eso quiere decir que en España, las mujeres acomodadas van a seguir saliendo a abortar al extranjero y las mujeres pobres van a seguir abortando clandestinamente.

Así, una ley pensada para obtener el consenso social no ha satisfecho -ni previsiblemente va a llegar a satisfacer- a nadie. El problema no es que las feministas organicen todos los años algún aborto público en desafío a la legalidad; el problema es que la policía, más tarde o más temprano, va a volver a llevar ante los tribunales a mujeres acusa.das de aborto ilegal y que el Gobierno va a tener que optar entre permitir que vayan a la cárcel -cosa que, como es bien sabido, no eliminará el problema social del aborto- o indultarlas, lo que puede obligar a poner en marcha esa máquina de hacer indultos de la que una vez habló Alfonso Guerra. Lo primero. sería malo; lo segundo, desmoralizador para quienes piensan que debemos vivir en un Estado de derecho.

Sólo queda una alternativa, ¡ay! En este país va a haber elecciones legislativas en 1986, si Dios quiere, y los partidos deben preparar sus programas electorales conteniendo propuestas concretas de legislación futura. El partido socialista puede introducir en su programa una ley de despenalización del aborto por plazo, manteniendo la ley por indicaciones más allá de ese plazo. Puede y debe hacerlo para responder a un problema social real. Se puede argüir que la ley actual, con un estamento médico distinto, podría haber resuelto en gran medida ese problema, pero a estas alturas ya es evidente que en este país, con los médicos realmente existentes, esta ley no es satisfactoria para responder a las presiones sociales que llevan a las mujeres a abortar.

De sabios es cambiar de opinión. Un partido socialista que asume una responsabilidad tan ingrata como la de tratar de convencer a este país de que quedarse en la Alianza Atlántica no supone el fin del mundo, un partido que tiene que explicar que el cálculo sobre el que se prometieron 800.000 puestos de trabajo estaba equivocado, no va a verse especialmente perjudicado por reconocer que hizo un cálculo equivocado al pensar que la actual ley de despenalización era capaz de resolver el problema del aborto en España ni se le van a caer los anillos por proponer una ley como la francesa, la británica o la holandesa.

El caso de la ley del aborto debería verse, además, como un síntoma. La búsqueda de seguridad a toda costa es tan mala como el gusto desenfrenado por la aventura. Las encuestas nos dicen lo que piensa la mayoría en un momento dado, no lo que la mayoría puede llegar a pensar si se le explican los hechos, lo que está en juego, y se le deja reflexionar reconociéndole la capacidad para pensar. Los ciudadanos españoles son ya mayores y pueden entender las cosas, por más que en un principio les cueste admitir que éstas no son como esperaban y esperábamos. Mejor arriesgarse a cambiar la ley que aferrarse al error ya cometido y permanecer siempre atrapados entre el boicoteo de los señores feudales de la medicina española, las provocaciones de las organizaciones feministas y la sórdida realidad del aborto clandestino.