Extremadura tendrá la reforma agraria "más progresista" del país, según Rodríguez Ibarra

El Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma extremeña ha aprobado el proyecto de ley sobre la dehesa de la zona, que ha de ser sometido aún al Pleno de la Asamblea. Es el primer paso en firme hacia la reforma agraria en la región. Las dehesas representan el 50% de la superficie agraria, y en el proyecto de ley que regulará su explotación se contemplan las figuras de expropiación forzosa y expropiación en uso. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente del Ejecutivo autónomo, dijo, al presentar el proyecto a los medios de comunicación, que éste es el "más progresista" de todos los elaborados en el país en materia de reforma agraria.

Además se establece cuáles son las condiciones para un aprovechamiento óptimo y las sanciones económicas que conllevará el no alcanzarlo.La futura ley, que consta de 47 artículos y tres anexos, define en primer lugar la dehesa como toda finca rústica en la que más de 100 hectáreas de su superficie sean susceptibles, según su estilo agrario más idóneo, de un aprovechamiento ganadero en régimen extensivo. Se incluyen también en esta denominación aquellas fincas de un mismo titular que sumen en total más de 100 hectáreas y que se encuentren en el mismo término municipal o en términos colindantes.

Economía de la región

El presidente del Gobierno autonómico explicó que un 50% de las explotaciones extremeñas se ajusta a estas características. "Por ello", dijo, "hemos decidido abordar la refórma agraria regulando las dehesas. Además hay que tener en cuenta que éstas tienen un peso específico muy importante dentro de la economía de la región, ya que suponen el 45% del producto final agrario y dan trabajo a los obreros eventuales del campo la mayor parte del año". "Hacer una reforma agraria como en Andalucía", añadió, "no es viable en nuestra comunidad autónoma, porque hay que diferenciar muy bien la Extremadura seca de la Extremadura húmeda o de regadío. No es posible aplicarles a ambas los mismos parámetros".El proyecto de ley establece los pasos que se seguirán a la hora de buscar los mayores rendimientos económicos y sociales de las dehesas. "Es un binomio que hemos querido conjugar perfectamente.al elaborar la ley de las dehesas", comentó Rodríguez Ibarra.

En primer lugar se encomienda a la Consejería de Agricultura realizar los estudios e investigaciones necesarias para determinar qué fincas son en realidad dehesas y cuáles serían las condiciones para obtener los mejores rendimientos. Todas estas explotaciones pasarán a formar parte con carácter obligatorio de un registro especial.

Aquellas dehesas que no alcancen el 80% de la producción que pueden conseguir tendrán que someterse a un plan de aprovechamiento y mejora elaborado por la Consejería de Agricultura, en el que se detallarán todas las reformas que han de introducirse y el plazo de ejecución. Si los propietarios se niegan a llevarlo a cabo, la explotación se calificará como en deficiente aprovechamiento. Según recoge el artículo 20, esto implicará el reconocimiento del incumplimiento de la función social de la propiedad y dará lugar a la exacción del impuesto regulado en la ley y en su caso por interés social a la expropiación en uso o expropiación forzosa de la misma.

Estas dos últimas figuras -según reconoció el presidente- sólo se aplicarán en casos extremos.

"Desde la Junta de Extremadura no se pretende perseguir al agricultor" entre otras cosas porque ellos son los empresarios que más arriesgan, no sólo en la región, sino en todo el país". Añadió además que "no existe voluntad política de expropiación si no es imprescindible".

Sin embargo, las sanciones que se establecen son cuantiosas, en palabras del consejero de Agricultura, Francisco Amarillo. Se abonarán a modo de impuesto con el carácter de tributo propio de la comunidad autónoma, directo, real y periódico. La base imponible del impuesto será la diferencia entre la carga ganadera potencial de la dehesa y la real, expresada en unidades de ovejas tipo. La cuota tributaria se obtendrá multiplicando por 3.000 la base imponible durante los dos primeros años de incumplimiento.

En años sucesivos se incrementará en un porcentaje determinado hasta llegar a un 80% para aquellas dehesas que en nueve años no hayan aplicado el plan de mejora determinado por la Consejería de Agricultura.