El crédito agrícola español, ante la incorporación a la CEE.

En 1965 conocí y me hice amigo de un gran profesional de la agricultura, Arthur Gaitskell, inglés de pura cepa, hermano de Hugh, el líder laborista. Era en Washington DC y él dirigía allí un curso de evaluación de proyectos de desarrollo agrario que el Banco Mundial organizaba en su Instituto de Desarrollo Económico.Gaitskell, que había pasado lo mejor de su vida trabajando en grandes proyectos de regadío -como el de Guezira, en Sudán-, repetía hasta la saciedad que las mejores obras de infraestructura, los mejores planes de inversión y desarrollo agrario fallaban por su base si no había crédito agrícola ágil y fácil para los agricultores beneficiarios.

No es ni original ni nueva la idea de qtie un factor básico para modernizar el sector agrario español es que éste tenga a su servicio un sistema financiero adecuado para satisfacer sus necesidades específicas, tanto de inversión como de campaña.

Nada nuevo es asimismo afirmar que, desde el día 1 de enero o el 1 de marzo de 1986, nuestro sector agrario se enfrenta a no menos de una década de cambios socioestructurales, reajustes cuantitativos y cualitativos de sus producciónes, etcétera.

Momento de redefinir

No sólo nos enfrentamos al reto de incorporar el sector agrario español a la CEE, sino que además lo hacemos en un momento de redefinición de la política agrícola común (PAC).

El Libro Verde de la comisión, que ha visto la luz en julio pasado, es el punto de partida de un profundo y tal vez crispado debate que va a poner en solfa toda la PAC en materia de precios, cuotas, mercados, montantes monetanos compensatorios (condenados a muerte sin apelación, por lo que parece), etcétera.

En este contexto aparecerán sin duda nuevas necesidades financieras que satisfacer, nuevos productos y servicios financieros, un flujo de recursos comunitarios hacia España y, tal vez, viceversa. La necesidad que apuntamos al principio de un sistema financiero adecuado y específico para el sector agrario se acentuará, a nuestro juicio, en los próximos años.

¿Lo tenemos? ¿Lo vamos a tener? Los párrafos que siguen pretenden ser una respuesta, al menos parcial, abundando en la importanci al de este problema, del que en los últimos años se han ocupado los medios de comunicación, incluso, en el caso del diario EL PAÍS, a nivel editorial. A la pregunta que enunciamos arriba habría que haber contestado negativamente hace apenas 15 años. El crédito agrícola estaba muy diluido en todo el, sistema financiero, era crédito comercial de proveedores, etcétera.

El Banco de Crédito Agrícola (BCA), nacido de la reforma del Crédito Oficial de 1962 de Mariano Navarro, no era aún una ínstitución fuerte; las cajas rurales eran unas recién llegadas al sistema financiero, sin encaje legal claro y débiles en recursos.

El crédito agrícola específico, institucional o privado, en nuestro país, a pesar de una historia que casi se remontaba a los Reyes Católicos, era débil en 1970, tanto por cuota de mercado del total de endeudamiento agrario como por :comparación con entidades análogas en países como Francia, Holanda, República Federal de Alemania, Dinamarca, etcétera, algunos de cuyos sistemas de crédito agrario o, mejor, rural, como el Crédit Agricole francés, estaban en el ranking mundial por recursos o por ventanillas (guichets), codo a codo con los gigantes de la banca mundial.

Primeros pasos

Todo ello como hecho objetivo y sin menoscabo de una labor modélica del BCA en aspectos tan significativos como la mecanización del campo de los años sesenta y setenta, la erradicación de la usura en el medio rural -vía secciones de crédito de las hermandades de labradores y ganaderos del verticalismo sindical de entonces- y otros más.

De lo anterior puede deducirse como lógico el deseo de nuestros responsables económicos de promover un crédito agrario específico fuerte, deseos acentuados con el cambio de régimen y la llegada de la democracia, y deseos muchas veces frustrados por razones ajenas al sector y vinculadas a conflictos de competencias entre ministerios o cosas por el estilo.

Los Gobiernos democráticos de UCD sintieron esa necesidad y por primera vez se empezó a hablar de una ley de financiación agraria -que luego se quedó en borrador-, se fortaleció el marco legal y el sistema de control de las cajas rurales (Real Decreto 2860/ 1978, de 3 de noviembre de 1978), se facilitaron medios financieros importantes al BCA y se habló de descentralizarlo directamente o vía fortalecimiento de colaboraciones (que ya existían desde antiguo) con otras instituciones financieras (cajas de ahorro, cajas rurales, etcétera).

La posibilidad de una conexión operativa, de una fusión, de una agrupación o asociación entre el BCA y las cajas rurales empezó a ser una posibilidad, alentada por los mejores hombres de esas mismas instituciones, que intuían algo tan elemental como que la unión hace la fuerza y que eso de las economías de escala no era ficción científica.

El grupo asociado Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales nació, ya con el PSOE en el Gobienio, de esa dinámica y, curiosamente, de la necesidad de sanear una parte signifitativa de cajas rurales (18 entre 64) que se unieron al grupo y que por defectos de gestión habían llegado a una situación patrimonial delicada, pero que admitía, en general, recuperación con razonables/ayudas exteriores.

La operación

La operación, con la ayuda del Gobierno y con una tenacidad que tiene nombres y apellidos, se gestó en 1983 y se ultimó e hizo operativa ya entrado 1984. Y se hizo, curiosamente, sin necesidad de legislación específica, de la mano de unos convenios de asociación privados Banco de Crédito AgrícolaCajas Rurales y de una voluntad política de llegar a esa asociación.

Nació así un grupo financiero importante, que en apenas un año de funcionamiento ha mejorado todas las previsiones de crecimiento y resultados, tanto en su institución cabecera, el BCA, como en casi todas las 64 cajas rurales asociadas.

Un grupo con recursos del orden de 900.000 millones de pesetas en septiembre pasado, con más de 2.500 oficinas en el país, con una cartera de préstamos y descuentos que equivale al 50% de Iáfinanciación bancaria al sector agrario, con una base cooperativa que encabezan las propias cajas rurales y que se extiende a casi 5.000 cooperativas agrarias y agroalimentarias asociadas y un número de socios directos superior a 800.000.

El modelo elegido

Lo que se ha hecho este año, del verano de 1984 al verano de 1985, ha sido mucho en el camino de rodar al grupo y darle solidez: se ha confeccionado un plan estratégico a cinco años, se han mejorado los costes y la productividad, se ha puesto en marcha un programa informático con interconexión de todo el sistema y posible interconexión con red europea de instituciones similares, se ha adoptado una nueva imagen corporativa para el grupo, etcétera. Naturalmente, es mucho más lo que queda por hacer.

Llegados a este punto, volvemos al principio de nuestras reflexiones. ¿Puede el grupo asociado BCA-Cajas Rurales ser una herramienta de financiación válida para el sector agrario español los próximos años? ¿Puede, en particular, ser válido a una agricultura integrada en la Comunidad Económica Europea de 12 países? Nuestra opinión es que sí, sin más condición de que el camino emprendido se continúe con seriedad.

Entre muchas, hay una razón de peso. Se ha elegido un modelo en el que la presencia de las cajas rurales equivale a una base cooperativa muy amplia. El nivel de presencia en el medio rural (2.500 oficinas, que serán más en el futuro) es único, y la tendencia a hacer crédito rural, como concepto más amplio que el puro crédito agrícola, está en la mente de todos.

Pues bien, resulta que ese modelo es el protagonista de la financiación rural en la Europa de los diez: instituciones financieras con cooperativas de crédito en la base y cabeceras regionales y/o nacionales.

La importancia de las instituciones varía desde la modesta Agricultural Credit Co¡poration de Irlanda, con apenas una decena de cooperativas de crédito, hasta los gigantes de Francia, República Federal de Alemania y Holanda.

Según datos recientes, la Agrupación de Cooperativas de Ahorro y de Crédito de la CEE, cuya cartera de crédito agrario puro se estima en un 30%-40% de su cartera total, y que en cualquier caso domina en el medio rural, tenía unas 50.000 oficinas, más de 10.000 pequeñas cooperativas de crédito, más de 30 millones de socios (en una comunidad de 270 millones), recursos superiores a 40 billones de pesetas, con cartera de préstamos de más de 30 billones.

Toda una potencia nacida, entre otras, de la inspiración del gran teórico alemán del cooperativismo, Raiffeisen.

La agrupación tiene oficina en Bruselas y el grupo asociado BCA-Cajas Rurales firmará muy pronto su protocolo de adhesión.

Este grupo, BCA-Cajas Rúrales, responde al modelo europeo y viene a representar, en el momento de la incorporación a la Europa coinupitaria, entre un 4% o un 7% del sistema europeo análogo actual; según el parámetro de comparación, puede y debe hacer un buen papel al servicio del sector agrario español.

Los comunitarios, en el Libro Verde último, califican la ampliación como un desafío; nosotros decimos, desde aquí, exactamente lo mismo.

En la materia concreta de financiar la agricultura, la ganadería y el sector agroalimentario que se nos vienen, en un contexto rural que la PAC define como mantenible e intocable, cabe un razonable optimismo con vistas al futuro.