El Estado tendrá este año un déficit de caja superior al presupuestado y no invertirá 300.000 millones
El Estado invertirá este año entre 250.000 y 380.000 millones de pesetas menos de lo que autorizaron las Cortes al aprobar los presupuestos para 1985, según las últimas estimaciones de Hacienda. En cambio, sus ingresos superarán los objetivos, de forma que la presión fiscal crecerá casi dos puntos, frente al 0,8% anunciado. Pero el déficit o diferencia entre gastos e ingresos será algo mayor de lo presupuestado. Y ello porque gastará 762.000 millones en imprevistos.
Las últimas estimaciones de Hacienda indican que los ingresos por impuestos directos o sobre las rentas y el capital ascenderán a 2,08 billones de pesetas, 35.000 millones por encima de lo presupuestado. Los cobrados sobre el consumo o indirectos sumarán 1,93 billones, también 2.000 millones superiores al objetivo.Los 4,017 billones de pesetas resultantes significan que, por cada 100 pesetas generadas de valor añadido en la actividad económica, al menos 13,95 serán detraídas por el Estado con impuestos. En efecto, el Gobierno estima que el producto interior bruto (PIB) ascenderá en 1985 a 28,78 billones de pesetas, con aumento del 1,9% en términos reales (después de descontar la inflación). Medios privados estiman este incremento en el 1 % y el Banco de España vaticina un promedio del 1,5%.
Como para 1984 el PIB fue estimado en 25,93 billones de pesetas, los impuestos succionaron entre 12,05 y 12,3 de cada 100 pesetas producidas por la actividad económica, según se tomen las cifras de impuestos publicadas por el Banco de España (3,16 billones) o las estadísticas de Hacienda (3,20 billones).
Todo para los impuestos
En el primer caso, la presión ejercida por los impuestos estatales crecerá al menos 1,9 puntos (de 12,05 a 13,95 de cada 100 pesetas producidas). En el segundo, su incremento será de 1,65 puntos. Así pues, absorberá toda la expansión real de la economía.No obstante, al hablar de presión fiscal suelen manejarse términos diversos. Unas veces se incluye sólo a los impuestos. Otras, también las tasas (ingresos que conllevan la prestación de algún servicio por el Estado, como los sellos de correos). En alguna ocasión el concepto engloba a todos los ingresos no financieros del Estado, por ejemplo, los dividendos por participaciones en Telefónica o Tabacalera. Y hay referencias que incluyen hasta las cotizaciones pagadas por empresas y trabajadores a la Seguridad Social.
Al presentar los presupuestos para 1985, el Gobierno dijo que la presión fiscal del Estado crecería el 0,8%. Este compromiso formó parte del Acuerdo Económico y Social (AES), donde sí se definía dicha presión: "los ingresos no financieros del Estado como porcentaje del PIB" (es decir, impuestos, tasas, ingresos por participaciones, transferencias recibidas, etcétera).
Según este criterio, de las previsiones de Hacienda se deduce que el aumento de presión será de 1,1 puntos (desde el 14,9% al 16%).
La presión de los impuestos resultará mayor porque se han rebajado las previsiones de crecimiento económico, inicialmente del 2,5%. También porque, al cerrar el ejercicio 1984, meses después de proyectar los Presupuestos del Estado para 1985, el fisco no cumplió en materia de ingresos fiscales sus objetivos de base para 1984. Este bache será cubierto con creces ahora. En, vez de elevar su recaudación por impuestos en torno al 18% sobre lo presupuestado para 1984 (un 14,8% los directos y un 22,9% los indirectos), lo hará el 23% sobrelo realizado.
Déficit y gastos
Sin embargo, el mejor cumplimiento de los ingresos no se reflejará directamente en el déficit, que es un impuesto diferido si no se paga con mayor inflación.Mientras los presupuestos para 1985 fijaban el déficit inicial no financiero en 1,28 billones y el presupuestario en 1,49, las últimas estimaciones del fisco aseguran que el déficit no financiero ascenderá a 1,44 billones y el de operaciones presupuestarias a 1,53 billones.Pese a estas desviaciones en el déficit, el Estado gastará bastante menos de lo que le autorizaron las Cortes al aprobar los presupuestos. Hacienda calcula que, las obligaciones reconocidas a final de año quedarán 639.800 millones por debajo de los 6.894.727 millones presupuestados; sólo se cumplirá un 90%. Pero en términos de pagos efectivamente realizados el cumplimiento será sólo del 79%; el Estado no utilizará 1,4 billones.
La inversión pública será nuevamente el capítulo de gastos que menos se cumpla: un 84,5% en obligaciones reconocidas y un 76,2% en pagos realizados. Sobre los 1,6 billones presupuestados, en el primer caso quedarán por realizar 250.000 millones; en el segundo, 380.000 millones. Los gastos para personal (1,35 billones) se cumplirán en un 94,6%, mientras que los de compra de bienes y servicios (0,25 billones) quedarán en un 88%, y los de transferencias (a las autonomías y ayuntamientos, Seguridad Social, empresas) en el 91% de los 2,6 billones presupuestados.
La causa de que el déficit resulte algo superior, aun cuando los ingresos desborden las previsiones y los gastos iniciales no se cumplan, radica en que las cuentas aprobadas por las Cortes han sido modificadas a lo largo del año en 762.000 millones para incorporar créditos nuevos, ampliar los ya existentes o aprobar otros extraordinarios.
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