Disputa entre la Xunta y el Gobierno central por la inauguración de un transbordador

La decisión del Gobierno autónomo gallego de inaugurar hoy el transbordador de tracción por cable que unirá las localidades de Salvatierra de Miño (Pontevedra) con Monçao (Portugal), separadas por el río Miño, ha provocado un nuevo enfrentamiento con la Administración central.Al final, y luego de la intervención de la delegación general del Gobierno, lo que iba a ser inauguración ha debido ser transformado en un acto formal de recepción de la obra por parte de la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas de la Xunta, para entregarla al Ayuntamiento de Salvatierra, encargado de la futura explotación del transbordador.

Para el Gobierno Civil de Pontevedra, la acción inicial de la Xunta era, según un portavoz oficial, "una anticipación injustificada y un acto electoral". Por el contrario, para el consejero de Ordenación, Ángel Mario Carreño, todo esto "supone una actuación lamentabilísima del Gobierno central que, hasta ahora, se había olvidado de la obra".

La recepción de las obras se llevará a cabo esta tarde sin presencia de autoridades representativas de la Administración del Estado.

El problema reside, por el momento, en que no se han completado las autorizaciones pertinentes para la puesta en marcha del servicio. El portavoz del Gobierno Civil de Pontevedra insistió además en el hecho de que la Xunta carece de competencias en temas fronterizos.

La posición del consejero de Ordenación del Territorio es clara: "Nadie puede impedir a Ja administración autonómica o a cualquier otra la recepción de una obra y eso es lo que vamos a hacer y espero que la Administración central sea, por una vez, ágil".

El proyecto de este servicio de transbordador fue aprobado por el Comité permanente internacional de límites entre España y Portugal en diciembre de 1983 y por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en octubre de 1984. La concesión de la explotación fue otorgada al Ayuntamiento de Salvatierra de Miño por un período de 99 años.

Las obras en la parte española fueron financiadas por la Consellería de Ordenación del Territorio de la Xunta con una inversión de 60 millones de pesetas.