Huelva intenta cortar los efectos del desarrollo salvaje

El Gobierno andaluz, mediante la Agencia del Medio Ambiente (AMA), pretende resolver "por la vía de urgencia" el problema de los vertidos industriales especiales, generados por el polo industrial de Huelva. "Su vertido incontrolado", según la Junta de Andalucía, "constituye un atentado contra el medio ambiente y un gran riesgo para la vida". Como solución, y para "reparar los daños causados", se ha elaborado un plan integral de saneamiento industrial de la ciudad que, si es aceptado por las partes implicadas, deberá obligar a "un cambio de imagen" de Huelva.

Este reconocimiento explícito de las secuelas que originan los desechos de las factorías viene a coincidir con las numerosas denuncias formuladas durante años por asociaciones ciudadanas y ecologistas, advertencias ignoradas en la mayoría de las ocasiones. La Agencia del Medio Ambiente de Huelva, a la que confiere la ley la responsabilidad de "la mejora ambiental y la protección del entorno industrial", ha recordado a los empresarios que sólo mediante la colaboración puede lograrse paliar de forma significativa y en breve tiempo los deterioros e impactos ambientales sufridos durante las dos últimas décadas en la provincia de Huelva.Todo hace indicar, y así lo re conoce la AMA, que las recientes mejoras adoptadas en las instalaciones industriales del polo de Huelva para reducir los niveles de emisión quedan minimizadas ante el ciudadano de a pie. Sobre la conciencia ciudadana permanece una realidad marca da por hechos innegables, como son los elevados índices de contaminación, la peligrosidad de las emisiones y un paisaje lesionado hasta extremos dramáticos: marismas convertidas en vertederos; montañas estáticas de ceniza de pirita junto a las carreteras de acceso a la ciudad; la propia situación de las factorías de Punta del Sebo, literamente fundidas con las edificaciones, y una ría, antiguo balneario, completamente degradada.

El nuevo Plan Integral de Saneamiento Industrial, así definido por la Agencia del Medio Ambiente, pretende ser una respuesta a los problemas anteriormente apuntados, en donde actuarán como principales actores económicos las empresas y la Administración, cada uno con responsabilidades propias, según se establece en el proyecto.

Un plan de tres objetivos

Tres son los objetivos más significados dentro del nuevo plan. En primer lugar, la limpieza y adecuación del polo industrial; en segundo lugar, la construcción y explotación de un depósito de seguridad y una planta de tratamiento físico-químico, y, por último, la regeneración de la Marisma del Tinto.La limpieza y adecuación del polo industrial, que se desarrollará durante el segundo semestre de 1985, según la fecha que marca el proyecto, implicará la coordinación de la policía municipal de los Ayuntamientos afectados, los servicios de vigilancia contratados por las empresas y los agentes de litoral de la AMA para controlar los vertidos de escombros, basuras, transportes sin protección, etcétera, en zonas no autorizadas. Asimismo, y entre otras actuaciones, se continuarán cubriendo con arena las montañas estáticas de ceniza de pirita y se buscarán nuevas zonas para almacenar los materiales inertes en áreas degradables.

Por otro lado, se va a clausurar el vertedero municipal Huelva-Palos de la Frontera, al tiempo que comience la construcción de otro controlado y mancomunado, según las directrices recomendadas en el Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos.

Durante el segundo semestre del próximo año se llevará a cabo la adecuación recreativa y forestal del estero Domingo Rubio, zonas colindantes del polo industrial, márgenes de las rías del Tinto y Odiel, y la terminación definitiva del cinturón verde de Huelva, como así se le denomina en el proyecto.

La construcción y explotación de un depósito de seguridad junto con una planta de tratamiento físico-químico constituyen los segundos objetivos del plan integral. Estas realizaciones quedan justificadas sobre la base del elevado número de toneladas de residuos que vierten las fábricas al exterior y su consiguiente repercusión para las personas y el ecosistema. También se alegan argumentos constitucionales -artículo 45 - y la aparición del delito ecológico, que forzará el cumplimiento de las leyes vigentes en materia ambiental. Por último, las autoridades regionales resaltan la necesaria adecuación a las normas de la CEE.