La democracia brasileña, imposibilitada para rehabilitar a los militares sancionados por la dictadura

El presidente de Brasil, José Sarney, logró a duras penas sortear el primer enfrentamiento serio entre las fuerzas armadas y el régimen civil desde las elecciones democráticas, en marzo pasado. Varias tensas reuniones entre los jefes de las tres armas y el presidente pusieron un rígido límite a la aplicación de una amnistía amplia a los militares que habían sido expulsados de sus instituciones tras el derrocamiento del Gobierno de Joáo Goulart, hace 21 años.

Entre 1964 y 1979, la dictadura brasileña castigó a 7.200 militares, de los cuales la inmensa mayoría -unos 7.000- fue sancionada por delitos contrarios a las actas institucionales, es decir, motivos políticos. Eran oficiales que se opusieron al golpe en 1964 o conspiraron para derrocarlo en los años posteriores.Muchos de esos militares vivieron años de una situación insólita: aunque estuvieran vivos, todos los meses sus mujeres cobraban la pensión correspondiente a las viudas.

Los militares sancionados intentaban ahora ampliar la amnistía política de septiembre de 1979, que suspendió los procesos formales pero no los reintegró al servicio activo. Además de exigir su reintegro al servicio activo, los castigados pedían el pago, con carácter retroactivo, de todos los ajustes de sueldo perdidos desde el año en que fueron expulsados de las filas militares.

La posición de los actuales jefes militares fue clara desde el comienzo: admitir la promoción de los expulsados al rango que tendrían hoy si hubieran seguido su carrera, normal, pero permaneciendo siempre en situación de retiro. La petición económica de los sancionados era considerada inaceptable por los jefes militares, así como tampoco admitían la revisión de los procesados por actos administrativos y no políticos.

Los jefes militares repitieron su posición varias veces, mientras los diputados discutían en el Parlamento un proyecto de ley del representante oficialista Jorge Uequed, que, además de proponer el reintegro de los expulsados al servicio activo, extendía la amnistía a los procesados por actos administrativos, bajo el argumento de que muchos de los condenados por indisciplina han sido, en realidad, víctimas de persecusión política.

El problema llevó al Gobierno a un enfrentamiento con los jefes militares. La tensión llevó incluso al normalmente controlado presidente José Sarney a golpear con su puño la mesa mientras discutía con el líder del partido oficialista, el diputado Pimienta da Veiga.

Ello puso de manifiesto las profundas diferencias en el interior del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Las discusiones en el Parlamento se dieron en un clima tenso, con los diputados denunciando el "exceso de presiones" de las fuerzas armadas. sobre el Gobierno civil. La historia terminó con la derrota de la enmienda de amnistía amplia a los militares sancionados, pero el episodio dejó profundas cicatrices en las relaciones del presidente con los parlamentarios de los dos partidos que le dan mayoría en el Congreso: el PMDB y el Partido del Frente Liberal (PFL).

La tensión puso también en evidencia la firme disposición de las fuerzas armadas cada vez que se sienten amenazadas por algún acto que pudiera ser visto como presión excesiva. Quedó comprobado que no cabe al Parlamento ni a nadie reexaminar medidas adoptadas por los militares contra sus camaradas de armas durante la dictadura.