La ley catalana que crea el colegio de periodistas, acogida con opiniones encontradas

La aprobación por el Parlament catalán de una ley creando el Colegio Profesional de Periodistas de Cataluña ha levantado una fuerte polémica en el sector. Frente a acusaciones de "corporativismo" y "amenaza contra la libertad", el presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona, Carlos Sentís, ha manifestado que este futuro colegio profesional no modificará la libertad de contratación de las empresas ni pretenderá exclusivismo -la colegiación será voluntaria entre los ejercientes-, pues su único objetivo será la defensa de los valores profesionales.

Sentís declaró a este diario que, "a diferencia de otras profesiones liberales, el periodista, en caso de perder su puesto de trabajo, queda sin acreditación oficial alguna. Es, pues, el único caso en que la titularidad viene avalada por una entidad privada y no por una de derecho público, como es un colegio profesional. Para Cataluña, esta institucionalización es la que acaba de aprobar el Parlament". Sentís cree que en el futuro "los colegios no subsistirán apoyándose en exclusivismos como la acreditación profesional -cosa que no pretenden los periodistas de Cataluña-, sino por razón del servicio y el apoyo de que sean capaces de dar a sus miembros. La colegiación será voluntaria".El presidente de la Asociación de la Prensa barcelonesa considera qué apoyar al periodista es hacerle más independiente. "Este apoyo lo debe ofrecer el colegio a quienes voluntariamente deseen pertenecer a él". Para Sentís, el colegio también debe ser un servicio a la sociedad ante el periodista.

El hecho de que la Asociación de la Prensa de Barcelona sea la entidad que ha impulsado este primer colegio de periodistas se explica, a juicio de su presidente, por la trayectoria unitaria de la asociación "que se adelantó al cambio español e hizo su propia transición antes de que ésta se produjera en el terreno político". Sentís subrayó que el colegio no coartará la libertad de contratación de las empresas.

"El Gobierno sigue con mucho interés todos aquellos temas que tienen algo que ver con la profesión periodística", ha explicado Santiago Varela, secretario general de la Oficina del Portavoz del Gobierno, en relación con la creación de este colegio profesional. "Por ello hemos seguido de cerca la tramitación y trabajos preparatorios de la ley". El próximo paso que dará el Gobierno, será estudiar esta disposición del Parlamento de Cataluña para comprobar su conformidad, con la Constitución. "Esta tarea corresponde a la comisión de seguimiento de las normas autonómicas que existe dentro del Gobierno. Siendo respetuosos con las competencias del Parlamento de Cataluña, tenemos que estudiarla, como las demás leyes autonómicas, desde una perspectiva constitucional".

El secretario general de la Oficina del Portavoz ha dado a entender asimismo que el Gobierno no tiene previsto adoptar medidas para la regulación de la profesión periodística excepto en lo que se refiere al mandato constitucional contenido en el artículo 20 (cláusula de conciencia y secreto profesional). Una ley orgánica "que no es inminente", según esta misma fuente, regulará este mandato. "En las materias cuyo desarrollo no está exigido por la Constitución estamos dispuestos", ha dicho Varela, "a mantener conversaciones con la profesión periodística para regular lo que la propia profesión periodística considere que debe regularse".

El presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Luis Apostua, ha manifestado ser partidario de la ley que crea el colegio catalán, precisando que unas regulaciones paralelas se están preparando en Galicia y en el País Vasco, y que también ha sido propuesta en Madrid. Sin embargo, en la capital de España amplios sectores profesionales discrepan de ello.

Para Apostua, las lineas fundamentales del texto de la ley catalana proceden de los acuerdos adoptados por la Asamblea de la Federación de Asociaciones de la Prensa celebrada el año pasado en Santander bajo su presidencia, y con ella "sólo queremos que la profesión periodística tenga una arquitectura y un apoyo legal, lo cual no entra en colisión con la libertad de información y expresión reconocida en la Constitución. Ésta contempla la existencia de un colectivo que se dedica a la información y que tiene reconocidas la cláusula de conciencia y el secreto profesional".

Las críticas

El comité ejecutivo de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que preside Pedro Crespo de Lara, ha hecho público un comunicado señalando que la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña "significa el más grave revés legislativo para la libertad de expresión y la libertad de empresa periodística desde la promulgación de la Constitución de 1978".AEDE respalda el asociacionismo de los periodistas "dentro del marco constitucional de la libertad de asociación y sindicación, en legítima defensa de sus intereses", pero añade que "otra cosa es establecer la colegiación obligatoria, como pretende la nueva ley, cuyos orígenes se hallan en desaparecidas legislaciones autoritarias". "La libertad de expresión es patrimonio de todos los ciudadanos", añade la asociación de los editores de diarios, "y la posibilidad de su ejercicio quedaría cercenada por un asociacionismo obligatorio que la Constitución proscribió".

Opuesta al principio de la titulación de los periodistas, el comité ejecutivo de la AEDE recuerda que "la práctica occidental, de la que nace el mejor periodismo del mundo, consiste en mantener abiertas las puertas de las redacciones al mérito, a la vocación y al talento". "La libertad de empresa es irrenunciable para los editores", añade, "como lo son todos los derechos constitucionalmente garantizados".

Una de las principales entidades españolas de profesionales, La Unión de Periodistas, se muestra "totalmente" en contra de esta ley por entender que significa el triunfo del corporativismo en la profesión y supone "un paso más hacia el control de la propia profesión y de la libertad de expresión". Según Eloy Castañares, secretario general de la Unión de Periodistas, "detrás de la ley catalana existe una maniobra para llevar el mismo proyecto a todo el Estado, y ésto es lo que realmente nos preocupa. Creemos que ha existido un pacto entre el PSOE y CiU. Nos extraña que el PSOE por sí mismo haya dado el visto bueno a este proyecto".

La Unión de Periodistas defiende como alternativa a la ley de creación de un Colegio de Periodistas "un mecanismo de autocontrol, similar al que existe en Francia, en el que participen periodistas, empresarios de Prensa, sindicatos y fuerzas sociales y políticas".