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Alfonsín ordena la detención de seis militares y seis civiles por perturbar la vida pública

El Gobierno argentino ordenó en la madrugada del martes la detención, durante 60 días, de seis militares -tres en activo- y seis civiles, acusados de favorecer la perturbación de la vida pública. Al margen de la detención gubernativa, la justicia ordinaria establecerá en su momento las responsabilidades penales a que sean acreedores.

La orden de detención contra estas 12 personas se adoptó en función de las atribuciones gubernamentales establecidas en el artículo 23º de la Constitución nacional para períodos -como el actual- en que el Congreso nacional está en.El Gobierno argentino llegó a especular con la posibilidad de decretar el estado de sitio, medida rápidamente desechada por maximalista y por cuanto, de hecho, podría haber invalidado las elecciones legislativas parciales que han de celebrarse el próximo 3 de noviembre, en cuya campaña está sumergida la nación.

La reunión de urgencia del gabinete ministerial se celebró tras el descubrimiento en la tarde del lunes de una granada de guerra desanillada, lista para explosionar, engarzada al desaguador de un retrete de varones en la escuela pública Maria Curie de la capital federal.

Escuelas amenazadas

Desde hace al menos tres semanas son constantes y generalizadas las amenazas contra diversas escuelas públicas de primera y segunda enseñanza, y el temor ya había prendido en las familias, pero el hallazgo de esta trampa de guerra cazabobos perfectamente armada por un experto en granadas contra personas, colmó el vaso de la paciencia del Gobierno.En el mismo lapso de tiempo -coincidente con la campaña electoral por las legislativas parciales de noviembre y con la finanación del descargo de las defensas en el juicio de Buenos Aires contra las juntas militares- la capital federal ha padecido una continuada presión de terror psicológico con amenazas de bomba, desalojos de edificios públicos, colocación de artefactos explosivos en automóviles propiedad de militares (sin víctimas) y la inevitable cascada de rumores desestabilizadores sobre el malestar reinante en el conjunto de las Fuerzas Armadas.

En la mañana de ayer otra bomba explosionó en una garita del edificio Libertad, sede del comando en jefe del Ejército, en las mismas espaldas de la Casa Rosada, también sin causar víctimas humanas.

De entre los seis militares cuya detención fue ordenada, cinco ya están presos en acuartelamientos; el principal militar implicado se halla prófugo y degradado desde las elecciones democráticas: Carlos Guillermo Suárez Mason, general de división, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la represión de la dictadura, y jefe directo del general Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense durante el mismo período.

Suárez Mason, al advenimiento de la democracia, declaró a sus íntimos que "no pienso ser el pato en esta boda", y desapareció. Como jefe directo de Camps fue procesado por crímenes contra la humanidad y al no presentarse ante la justicia sufrió degradación. Algunas versiones le situaron como residente en Madrid, en alguna urbanización de Majadahonda, pero informaciones más recientes y solventes le ubican en Miami y en São Paulo.

Suárez Mason es actualmente, al parecer, el máximo dirigente de una organización ultraderechista denominada Omega que agrupa a exiliados cubanos y a la mafia de la droga y del tráfico de armas en Sudamérica capitaneada a su vez por el ex dictador boliviano -también prófugo- general García Meza.

Omega, según se dice, tiene como objetivo de cobertura la desestabilización de las frágiles democracias argentina, uruguaya, boliviana y brasileña y, como propósito final, la consolidación del sindicato sudamericano del tráfico de armas y narcóticos en el subcontinente.

Entre los detenidos por el Gobierno se encuentra también Alberto Hernán Camps, cadete del colegio militar de la nación e hijo del carnicero de Buenos Aires y los periodistas Jorge Antonio Vago, editor-propietario de Prensa Confidencial, típico boletín de intoxicación golpista, y Daniel Horacio Rodríguez, columnista de La Prensa, el gran diario liberal argentino de antaño, hoy quebrado, desmayado en los brazos de la reacción económica y política y asentado en la figura estrella del periodista hispanoargentino Jesús Iglesias Rouco, entusiasta defensor de la política de Reagan en el subcontinente y animoso debelador de todos los males de la debilitada democracia argentina.

Por lo demás, la campaña electoral continúa con normalidad y sin incidentes y con todos los sondeos de opinión apuntando hacia un repunte del radicalismo y un nuevo retroceso del peronismo, podrido de metástasis.

Comparado con el proceso desestabilizador español en los primeros años del posfranquismo, la arremetida involucionista argentina es débil, pero el Gobierno de Raúl Alfonsín sumido en campaña electoral y en la mitad del río de los procesos contra los militares involucrados en la guerra sucia contra la subversión, ha optado por colocar entre rejas, temporalmente a las cabezas visibles de esta mafia golpista que levanta la bandera de la civilización cristiana occidental para seguir engordando con el narcotráfico y la venta de armas -es así- a cualquiera, incluidos los movimientos insurgentes suramericanos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de octubre de 1985

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