De zarzuela

LA DOBLE decisión adoptada el pasado viernes por el Ayuntamiento de Madrid, cuya orden de clausura del teatro de la Zarzuela -propiedad del Ministerio de Cultura- fue dejadá en suspenso pocas horas después de ser dictada, no puede sino suscitar asombro. En el supuesto de que el local de la calle de Jovellanos acumulase realmente las deficiencias detalladas en su conferencia de prensa por el teniente de alcalde Barranco, la medida de cierre no, sólo estaría plenamente justificada, sino que su ejecución seguiría siendo obligada. ¿Cómo explicar entonces que la orden de clausura haya quedado aplazada durante dos meses tras unas oscuras negociaciones con el Ministerio de Cultura? Si el anuncio de la decisión municipal luego revocada se proponía simplemente dramatizar y abultar las deficiencias del teatro estatal para así desviar la atención de la opinión pública de las diligencias sumariales seguidas por el incendio de la discoteca Alcalá-20, el Ayuntamiento de Madrid habría actuado de manera frívola y provocadora. Pero si la verdadera explicación de ese paso de comedia fuera la directa negativa del Ministerio de Cultura a cumplir una correcta orden municipal, estaríamos ante el lamentable díptico de una Administración central arrogante y de una Administración local pusilánime, de acuerdo únicamente a la hora de despreciar al alimón el cumplimiento de las leyes.El conflicto sobre el teatro de la Zarzuela entre el Gobierno y el Ayuntamiento, a espaldas de los intereses de los ciudadanos y de la seguridad de los espectadores, tiene una larga historia y se sitúa por encima de los controles partidistas de las institucion es. El primer'apercibimiento municipal de cierre del teatro se produjo en 1977, por inadecuación del local al nuevo reglamento de prevención de incendios de 1976. Transcurridos tres ¡años, el Ayuntamiento volvió a advertir -también sin resultados- al Ministerio de Cultura sobre la falta de seguridad de las instalaciones de la sala. La última inspección municipal, realizada el pasado 2 de octubre, registra la persistencia de irregularidades que afectan a la instalación eléctrica, las escaleras de emergenciay.los sistemas de evacuación en caso de alarma.

El compromiso alcanzado -o forzado- entre el Ministerio y el Ayuntamiento madrileño a fin de eludir el cierre inmediato del teatro concede a la Administración central un plazo de gracia de dos meses para corregir esas deficiencias. Las declaraciones de Enrique Tierno implican que el Ayuntamiento aceptó sólo a regañadientes esa fórmula conciliatoria, forzada por la negativa del Ministerio a cumplirnentar la medida. De confirmarse esa versión de los acontecimientos la garantía constitucional de la autonomía municipal.y el respeto debido al ámbito de competencias de la Administración local ha brían quedado burlados. La igualdad ante la ley también resulta humillada por la resistencia de los responsables ministeriales del teatro a cumplir una orden que el empresario de una sala privada no hubiera tenido empero, más remedio que obedecer. Los cierres municipales de bares, comercios o establecimientos por no ajustarse a las ordenanzas lesionan -en ocasiones de forma irreparable- los intereses de sus propietarios; pero mientras las eventuales tentativas de un modesto ciudadano para resistirse al precintado de sus locales y a la actuación de policía municipal le conducirían directamente a los calabozos, los altos cargos de la Administración central podrían permitirse el lujo de recurrir a las vías de hecho para imponer su arbitraria voluntad. En esta secuencia, nada ejemplar, de despropósitos, todo el niundo parece olvidar por lo demás el único bien merecedor de protección en este asunto: la seguridad de los espectadores, de los actores y de los empleados del teatro de la Zarzuela.