Cuando los Gobiernos matan
EL INFORME de Amnistía Internacional de 1984 renueva los sentimientos de horror y de vergüenza que suscitan, año tras año, las denuncias de esa organización contra las violaciones de los derechos humanos en. todo el planeta. Durante 1984 los poderes estatales acabaron de manera deliberada con la vida de millares de seres humanos. La pena capital existe en más de 100 países, los tribunales de 55 naciones condenaron a muerte a más de 2.000 personas. Sin embargo, resultaría imposible reconstruir la cifra exacta de las víctimas de los Estados porque muchas de las muertes quedaron envueltas en el secreto y los Gobiernos negaron su responsabilidad en los homicidios perpetrados en el cumplimiento de las órdenes dictadas por ellos mismos o con su complicídad". Aunque se han registrado al menos 1.500 casos de ejecuciones oficiales, los asesinatos de civiles indefensos "a manos de¡ ejército, la policía, otras fuerzas. de segur¡dad o escuadrones de la muerte con el visto bueno de las autoridades" frustrarían cualquier intento de que esa siniestra contabilidad de los crímenes de Estado arrojase resultados fiables.No cabe endosar las responsabilidades de tales crímenes a la razón de Estado o a cualquier otra que pretenda ocultar las culpas individuales -alguien ordena matar, alguien ejecuta las órdenes, alguien encubre a los asesinos- bajo la majestad retórica de las instituciones.
En última instancia, "la responsabilidad de la muerte recae en quienes, como autoridades del Estado, tienen encomendada la tarea de defender la vida, la libertad y la seguridad de sus conciudadanos". Tampoco es admisible que el fatalismo moral, la cobardía cívica, los sentimíentos de impotencia y la teorización cínica de lo irremediable dejen el campo libre a los verdugos.
Ninguna circunstancia, ninguna necesidad, ningún credo,. ningún valor, ningún enemígo pueden servir de coartada o de pretexto para que el Estado mate o torture. Amnistía Internacional reconoce que los Gobiernos "tienen el deber" de hacer frente a los asesinatos de los grupos armados, "pero para ello tienen que actuar de conformidad con las normas internacionales relativas a la protección de los derechos humanos".
En abril de 1984 Amnistía, Internacional lanzó una campaña a escala mundial para impedir la utilización de la tortura como instrumento de acción política de los Estados. El informe esbozaba un programa de medidas prácticas y legales que los Gobiernos deberían adoptar para prevenirla. Las torturas -recuerda el documento de Amnistía Internacional- suelen producirse en el transcurso de los primeros días de privación de libertad, a menudo al amparo de leyes de excepción que otorgan amplísimos e incontrolados poderes a las autoridades. Sólo la inmediata puesta a disposición judicial de los detenidos y la autorización para que sus familiares, abogados y médicos puedan entrevistarse con ellos periódicamente y sin demora constituyen garantías seguras contra la práctica de la tortura. Las declaraciones arrancadas mediante torturas no deben ser admitidas nunca a trámite en las diligencias policiales. Los Gobiernos han de arbitrar los medios para que todas lasdenuncias e informaciones relativas a los malos tratos y a las torturas sean investigadas- con imparcialidad y de manera efectiva.
El informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos. humanos en España durante 1984 destaca que la ley de hábeas corpus y la ley de Asistencia Letrada al Detenido han significado una mejora para los delincuentes comunes, "pero, en gran medida, no han servido para proteger los derechos de las personas detenidas en régimen de incomunicación con arreglo a la ley antiterrorista". Amnistía Internacional llega a la conclusión de que la incomunicación ha seguido aplicándose de manera generalizada y ha facilitado la tortura y los malos tratos. La atribución a los juzgados de la Audiencia Nacional -situados en Madrid- de los delitos terroristas timita también sensiblemente las posibilidades de aplicación eficaz del hábeas corpus. El informe describe con cierto pormenor los documentos cruzados entre la secretaría general de la organización y el Gobierno González en tomo a determinadas denuncias por torturas en Barcelona, Madrid y el País Vasco, así como las charlas mantenidas en Madrid en octubre de 1984 por una delegación de Amnistía Internacional -invitada especialmente por el Gobierno español- con el presidente González y los ministros Barrionuevo y Ledesma. El informe señala que "el Gobierno rechazaba latonclusión de Amnistía Internacional de que la detención bajo incomunicación, incluso con garantías, propicia la tortura y los malos tratos; no negó que se produjesen ocasionales infracciones de las normas, pero afirmó que los cambios legislativos que se efectuaron en los dos años anteriores servirían para garantizar los derechos de los detenidos". Es de elogiar la disposiciónal diálogo del Gobierno, aunque es de lamentar quede este diálogo no se haya derivado ninguna conclusión positiva.
