El Tribunal de Derechos del Hombre propiciara un "arreglo amistoso" en el 'caso Bultó'

ENVIADO ESPECIALLa Comisión del Tribunal Europeo para los Derechos del Hombre intentará que el caso Bultó, que enfrenta al Gobierno español con tres independentistas catalanes, quede zanjado con un "arreglo amistoso".

Este propósito está recogido textualmente en el comunicado que ha elaborado la comisión sobre el caso y que será hecho público el próximo lunes.

El comunicado fue redactado por la comisión de la Corte de Estrasburgo el pasado viernes 11 de octubre, después de examinar y admitir parcialmente a trámite la denuncia que presentaron tres independentistas catalanes -Xavier Barberá, Antoni Messeguer y Ferrán Jabardo- contra el Gobierno español, alegando haber sido condenados por el asesinato del industrial Bultó sin haber tenido un juicio justo.

En medios allegados al equipo de juristas que defendió los intereses del Estado español se considera "prácticamente imposible" que el Gobierno acceda a un pacto con los independentistas condenados, ya que ello podría obligar a la concesión de un indulto. El artículo 28 del Convenio Internacional de los Derechos del Hombre contempla la fórmula de "acuerdo amistoso" como una manera de solucionar los conflictos. Desde 1954, en que empezó a funcionar este tribunal de justicia, se ha llegado a un acuerdo amistoso sólo en 26 ocasiones.

Los juristas enviados por el Gobierno español a Estrasburgo consideran muy positivo que la comisión del tribunal de Estrasburgo haya aceptado a trámite únicamente uno de los seis conflictos planteados por los tres independentistas, pero se reservan una valoración definitiva hasta que no conozcan el texto razonado de la decisión del tribunal, que aún tardará varias semanas en hacerse público.

Toque de atención

En los medios próximos a la defensa de Xavier Barberá, Antoni Messeguer y Ferrán Jabardo se valora también positivamente la resolución de la comisión. En su opinión, la aceptación a trámite de parte de la denuncia puede considerarse como un "toque de atención a la Administración de justicia española para que intente ser más escrupulosa en la tramitación de los asuntos". Según las citadas fuentes, la aceptación a trámite de una parte de la demanda es una puerta abierta para continuar planteando otros aspectos del conflicto que hayan sido marginados por diferentes razones. En opinión de estos abogados, la apertura de una investigación sobre el valor jurídico de las declaraciones judiciales de los tres independentistas permite abordar, aunque sea indirectamente, el tema de las supuestas torturas. La comisión había rechazado examinar el punto referido explícitamente a las torturas, al parecer porque se habían producido en 1980, antes de que España ratificase el convenio internacional sobre la materia.En opinión del equipo de letrados demandantes, el punto más sorprendente de la resolución es la no aceptación de la queja por no aplicación de la amnistía de 1977 a los tres independentistas. Esta cuestión se trató, al parecer, ampliamente en la sesión de la comisión, y el teniente fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y el abogado August Gil Matamala, aclararon a la comisión diversos puntos al respecto.